El secuestro de Oberdan Sallustro. Su calvario en la “cárcel del pueblo” del ERP, las negociaciones y la liberación de sus asesinos
El 21 de marzo de 1972, hace exactamente 52 años, el directivo de Fiat fue capturado por una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo cuando salía de su casa en Martínez; las negociaciones por su libertad tuvieron en vilo al país y hasta el Papa pidió por él
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LA NACIONGermán Wille
El martes 21 de marzo de 1972, poco antes de las 11.30 de la mañana, el empresario de origen ítalo-paraguayo Oberdan Guillermo Sallustro, de 56 años, salió de su casa de la calle Carlos Casares al 2600 de Martínez, provincia de Buenos Aires, rumbo a su trabajo. Él era el director general de Fiat-Concord en la Argentina y como cada mañana se había subido a su coche Fiat 1600 conducido por su chofer, José Fuentes. Pero el ejecutivo no llegaría a las oficinas de su compañía ese día. A poco de arrancar, su vehículo fue interceptado por otros dos automóviles de los que bajaron seis personas fuertemente armadas que le pegaron un tiro en el brazo al chofer, arrancaron al empresario de su vehículo y lo subieron a una camioneta para llevárselo velozmente en una dirección desconocida.
Muy poco tiempo después se sabría que los autores de ese virulento episodio pertenecían a una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), un grupo armado de tendencia marxista surgido a comienzos de los ‘70, que había secuestrado a Sallustro para someterlo a juicio y para pedir a las autoridades del país y de Fiat una serie de exigencias a cambio de devolverlo con vida. El caso de la captura del directivo, sus posteriores días de cautiverio y las negociaciones por su liberación mantuvieron en vilo a toda la Argentina y conmovieron incluso a la cúpula de la compañía automotriz en Italia, a las autoridades de ese país y hasta al mismísimo Vaticano.
La Argentina enfrentaba en ese entonces tiempos convulsos. Dos años antes, la organización Montoneros, integrada por parte de la izquierda peronista, había secuestrado y asesinado al expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Pronto, más agrupaciones de izquierda se hicieron notar por su vuelco al camino de la violencia armada. El ERP, por caso, era el desprendimiento armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PTR) y su fundador y líder era Mario Roberto Santucho.
En aquel marzo de 1972, el gobierno estaba en manos del general Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto, que negociaba con Juan Domingo Perón su posible retorno al país desde su exilio madrileño con el Gran Acuerdo Nacional (GAN). En ese contexto de gran ebullición política, las autoridades trataban de mantenerse inflexibles ante el accionar de los grupos violentos y su lema era no negociar con ellos.
Las primeras horas tras el secuestro
“El impacto del secuestro de Sallustro, a nivel social, fue un shock muy grande, porque él era un hombre muy importante. Así como los hermanos Born eran parte de un emporio, Sallustro representaba a la Fiat y era una empresa muy relevante, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial”, dice a LA NACION Arturo Larrabure, miembro del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que conoce bien los pormenores de este caso.
La primera reacción de la conmocionada familia de Sallustro, conformada por la mujer del empresario, Ida, y sus cuatro hijos, fue emitir un comunicado en el que expresaban su preocupación a los que habían raptado al jefe de familia: “La esposa y los hijos del señor Oberdan Sallustro, en esta circunstancia, advierten con angustia a quienes realizaron su secuestro que el mismo padece de una afección cardíaca que requiere permanente atención”.
Por otra parte, llegaba la primera comunicación del ERP, en la que el grupo guerrillero se atribuía la autoría del secuestro, añadiendo que someterían al empresario a la “justicia popular”, acusado de saquear al país, intervenir en su vida política y de reprimir, encarcelar y perseguir a los obreros de la automotriz Fiat de Córdoba.
A todo esto, efectivos de la Policía Federal, de la Provincia y de otras fuerzas de seguridad, en acciones coordinadas, hacían rastrillajes por las zonas donde pudieran haberse establecido los guerrilleros con su víctima, sin obtener resultados. Apenas se encontró la camioneta en la que habían subido al empresario a unas pocas cuadras del lugar del secuestro. Los raptores la habían incinerado. A estas alturas, sin haber pasado aún las primeras 24 horas desde la captura de Sallustro, la causa estaba caratulada como “privación ilegítima de la libertad, abuso de armas y lesiones graves”.
Llega una foto del empresario
Pronto, la casa del ejecutivo de la multinacional automotriz, cuyo frente se veía colmado por periodistas y reporteros gráficos, se convertiría en escenario del desfile de diferentes figuras que buscaban novedades de la desoladora situación a la vez que llegaban para dar consuelo a la familia de Sallustro. Así, pasaron por allí el embajador de Italia Giuseppe de Regge Thesauro y directivos locales de Fiat. El día miércoles por la tarde, llegó a la casa de Martínez el jefe del directorio de Fiat Concord Italia, Aurelio Peccei.
El ejecutivo había viajado desde Torino con las más honestas intenciones de solucionar la situación de Sallustro, a quien conocía desde su juventud, cuando ambos formaron parte de la resistencia contra el fascismo mussoliniano en Italia. “La empresa está dispuesta a entregar todo lo que sea necesario con tal de obtener la libertad del señor Sallustro”, dijo el hombre fuerte de la Fiat al salir de la casa de su colega empresario.
Ese mismo miércoles, mientras que el arzobispo de Buenos Aires, Antonio Caggiano, también se hacía presente en la casa de la calle Carlos Casares, el ERP hacía llegar a la familia del ejecutivo secuestrado un mensaje escrito de puño y letra por Sallustro, dirigido a sus parientes y a los “amigos” de Fiat: “Estoy bien. Los recuerdo a todos. Me tratan con deferencia. Abrazo a todos y bendigo a todos los hijos presentes y lejanos (...) Abrazo recordándoles para su serenidad que siempre he vivido de acuerdo con mi conciencia”.
Al día siguiente, los integrantes de la organización armada hacen llegar a los medios una fotografía de Oberdan Sallustro. Está con una camisa blanca y se muestra sereno. Detrás de él se deja ver una estrella de cinco puntas con la inscripción ERP dentro y, más abajo, la consigna de los guerrilleros: “A vencer o morir”.
“Juega al truco con sus captores”
Sallustro pasó parte de su cautiverio en el sótano de una casa ubicada en la calle Reconquista, de Villa Ballester, próxima a la estación Chilavert, de la línea Mitre. Esas viviendas donde alojaban a los detenidos solían ser denominadas como “cárcel del pueblo” y las alquilaban parejas jóvenes de militantes que simulaban ser recién casados y, para los vecinos, simulaban las rutinas de una vida como tales.
Según Larrabure, entre los secuestradores y su víctima se había generado un vínculo amable. “La relación de Sallustro con sus captores no era mala -describe-. Si bien estaban encapuchados, en determinado momento él juega al truco con algunos de sus captores. Pese a su cargo directivo, era un hombre bastante común, muy campechano. Ellos se encuentran con un hombre que no se habían imaginado”.
Las exigencias de los secuestradores
El viernes 24 de marzo llegó el mensaje que, mal que mal, se esperaba. A través de un nuevo comunicado, el ERP planteaba las exigencias para devolver sano y salvo a Sallustro. El texto contenía dos partes. En la primera, se condenaba al empresario a pena de muerte a ejecutarse por un pelotón de fusilamiento por considerarlo “culpable” de diversos delitos, como realizar maniobras monopólicas, ser instigador de la represión en la planta industrial de Córdoba o ser responsable de la desocupación y la miseria de los empleados despedidos de la fábrica.
En la segunda parte se enumeraban una serie de requisitos que debía cumplir el Gobierno y Fiat para que la pena de muerte quedara sin efecto. Eran siete puntos, entre los que figuraba la liberación de sindicalistas detenidos, la reincorporación de trabajadores, una indemnización de Fiat al pueblo por mil millones de pesos (aproximadamente un millón de dólares) en útiles y guardapolvos para escuelas de todo el país, el traslado a Argelia de 50 guerrilleros que se encontraban en prisión y una indemnización para el ERP por parte de la compañía automotriz cuyo monto no estaba fijado. Era la tarde del viernes, y el comunicado daba tiempo hasta el domingo al mediodía para que se cumplieran las exigencias planteadas.
El directivo de Fiat, Aurelio Peccei señaló entonces que él, en representación de la compañía, estaba dispuesto a ceder a los miembros del ERP todo lo que pedían. De esta manera, el italiano presionaba también al gobierno de Lanusse para que acatara por su parte los pedidos de los guerrilleros. A la presión de Peccei se sumaban el presidente de Italia, Giovanni Leone, y también el Papa Paulo VI, que pidió en una misa en Plaza San Pedro por la liberación de Sallustro. Sin embargo, desde presidencia mantenían una posición inflexible. “El Gobierno argentino no negocia ni negociará con delincuentes comunes que, como tales, operan al margen de la ley”, aseveraban las autoridades luego de una reunión entre el presidente, los comandantes en jefe y el Consejo Nacional de Seguridad.
Mientras el Ministro del Interior del Gobierno de Lanusse, Arturo Mor Roig, planificaba más allanamientos con distintas fuerzas de seguridad, sin resultados, Fiat Concord manifestaba públicamente que podría cumplir con todos los puntos planteados por los secuestradores, excepto los que implicaban la liberación de trabajadores y guerrilleros.
“Del ERP a los niños”
Llegada la fecha en que se vencía la hora límite establecida por los guerrilleros, el ERP volvió a emitir otro comunicado en el que, con las mismas exigencias, extendía el plazo por otras 36 horas. Aquí los secuestradores añadían el tipo de útiles escolares a repartir entre estudiantes de escuelas y una lista de los establecimientos que debían ser beneficiados. Además, agregaban una llamativa carta para repartir entre los alumnos, dirigida “del ERP a los niños”, en la que señalaba que los útiles repartidos a los niños “no son un regalo. Esto es parte de la riqueza que vuestros padres y los padres de todos los niños producen con su trabajo y que se lo roban los explotadores”.
El martes 28 de marzo, con otro comunicado, los captores extendieron el plazo por otras 24 horas. En ese momento trascendió una negociación “paralela”, entre los guerrilleros y el gobierno nacional, con la intermediación del expresidente Arturo Illia. Pero tampoco llegó a buen puerto: no hubo acuerdo.
Según lo que narra el periodista Marcelo Larraquy en su libro Primavera sangrienta, luego de diversas reuniones con Mor Roig y las autoridades de Gobierno, Peccei decidió hacer una nueva jugada y se reunió con Mario Santucho, líder del ERP, que se encontraba detenido en Devoto. El titular de Fiat aseguró al jefe guerrillero que la automotriz estaba dispuesta a poner incluso más dinero del solicitado, pero no podía hacer nada por la liberación de los guerrilleros detenidos. Pero cualquier posibilidad de que la negociación continuara se cortó pocos días después cuando, por orden del Poder Ejecutivo, Santucho y otros miembros del ERP fueron trasladados a cárceles del sur.
Se estrecha el cerco sobre los secuestradores
Cuando termina el mes de marzo y comienza abril, deja de haber comunicados de los guerrilleros y, pese a que la incertidumbre sobre la vida de Sallustro crece, los operativos policiales parecen estar más cerca de dar con su paradero. En diversos allanamientos se detienen miembros del ERP que participaron en el secuestro del empresario. Pero al hombre de Fiat lo van cambiando de lugar a medida que la policía se acerca, de modo que, por un tiempo, resulta inhallable.
“El ERP tenía como característica el cambio de lo que ellos llamaban ‘la cárcel del pueblo’. En el primer lugar, en la localidad de Chilavert, lo tienen poco, unos 10 días, porque los integrantes del ERP estaban muy buscados, iban cambiando de lugar”, explica Larrabure.
Así, Sallustro es trasladado a una vivienda de Villa del Parque y luego, cuando los terroristas tienen a la policía pisándole los talones, lo llevan a una casa en la calle Castañares 5413, en Villa Lugano. Esa será la última residencia del ejecutivo de Fiat Argentina.
Hallazgo, tiroteo y muerte
El 10 de abril de 1972, en horas del mediodía, un vehículo de la División Prevención del Delito de la Policía Federal llegó a realizar un operativo a la casa de la calle Castañares. Cuatro agentes de policía descendieron del automóvil en el que habían llegado, un Chevrolet gris. No tenían la certeza de que allí se encontraba Sallustro, pero a los pocos segundos de bajar del auto fueron atacados a balazos desde el interior de la vivienda. Entonces comenzó un nutrido tiroteo entre los guerrilleros y los policías, que de inmediato recibieron refuerzos. En la cinematográfica refriega se intercambiaron unos 500 balazos, según indicaba LA NACION en su primera plana al día siguiente.
Lamentablemente, el tiroteo marcó el final de Oberdan Sallustro. Lo cuenta Larrabure: “El ERP tenía una consigna que era no dejar vivo al cautivo, porque ellos temían que de alguna manera si quedaba vivo podía reconocer a quienes lo habían secuestrado y a quienes lo habían mantenido detenido. Entonces, cuando llego el enfrentamiento con la policía lo primero que hicieron los miembros de la organización fue ir a donde se encontraba y asesinarlo”.
Cuando cesó el tiroteo y los agentes ingresaron a la casa de Villa Lugano, tres de los tiradores habían huido por el fondo de la vivienda y tan solo había una mujer de 22 años, armada, identificada como Guiomar Schmidt de Klachko, que fue reducida. Lamentablemente, la policía no tardó demasiado en encontrar, en un dormitorio del fondo de la casa, tendido sobre una cama doble, el cuerpo sin vida de Sallustro. Tenía dos disparos en el pecho y uno en la cabeza.
La policía encontró después, en uno de los bolsillos de Sallustro, una carta que le había escrito a su amigo y colega Aurelio Peccei. Esto decía: “Me han informado que usted está aquí en Buenos Aires. Más que el jefe está aquí el amigo. Resuelva todo con serenidad y equilibrio. Sócrates, antes de tomar la cicuta, deploraba la actitud llorona de sus discípulos, los juzgaba de envidiosos porque él conocería antes que ellos la verdad. A descargo de conciencia, sepa que estoy muy sereno yo también porque al fin conoceré la verdad de Giorgio y de Dios. Salutti a tutti, particolari per Fuentes”. Giorgio era un hijo del empresario que había muerto en un accidente. Y Fuentes, el chofer del ejecutivo, que se estaba reponiendo de la bala recibida en su brazo.
Como un signo de los violentos tiempos que vivía el país, ese mismo 10 de abril de 1972, en Rosario, otro comando de guerrilleros asesinaba a tiros al Comandante del II Cuerpo del Ejército, general Juan Carlos Sánchez.
Condena y liberación de los culpables
Por el caso Sallustro, a través de distintas redadas, producidas antes y después de la muerte del empresario, fueron apresados más de una decena de militantes del ERP. El 16 de marzo de 1973, la Sala II de la Cámara Federal Penal de la Nación dictó las condenas de los secuestradores y asesinos de Sallustro. Entre ellos estaban Carlos Ponce de León, Andrés Alsina Bea, Mario Klachko, Ángel Averame, José Luis y Elena Da Silva Parreira y Osvaldo Sigfrido de Benedetti. Hubo tres condenas a cadena perpetua -De León, José Da Silva Parreira, Ángel Averame-, seis condenas entre 12 y 5 años, una por un año y seis meses; y tres absoluciones.
Pero la justicia por el crimen de Sallustro no duraría demasiado tiempo. Cuando asume la presidencia, Héctor Cámpora otorga una amnistía generalizada para todos los “presos políticos” que son liberados el 25 de mayo de 1973, horas después de la asunción de “El Tío”. De modo que los condenados por el caso Sallustro recuperaron su libertad a pocos días después de su condena.
Explica Larrabure: “Hay un caso emblemático, que es el de Carlos Ponce de León, que es juzgado y sentenciado a cadena perpetua, pero el 25 de mayo de 1973 sale en libertad por la ley de amnistía. Después vuelve a delinquir, porque como dice un libro de Tata Yofre, a ellos les dieron las libertades de volver a matar. Si bien los encerraba la Justicia, la política los colocaba en libertad. Eso es algo muy complicado que sucedió en la Argentina”.
“Además, muchas de estas personas que hicieron este baño de sangre fueron indemnizadas -continúa el hombre de Celtyv-. Y de los que murieron más tarde, figuran sus nombres en el Parque de la Memoria”, añade Larrabure. Entre los que fueron indemnizados con el retorno de la democracia, el Celtyv tiene registrado al mismo Tomás Ponce de León; mientras que en el caso de las personas acusadas de participar en el secuestro de Sallustro que aparecen en la lista del Parque de la Memoria se encuentran Elena Da Silva Parreira (asesinada en julio de 1974), Silvia Urdampilleta (desaparecida desde abril de 1975) y Osvaldo Sifrido De Benedetti (asesinado en julio de 1978).
LA NACION intentó contactar a los familiares de Oberdan Sallustro que viven en la Argentina, pero sus allegados señalaron que todavía sigue siendo para ellos un tema muy doloroso y prefieren mantenerse en silencio. Por su parte, Larrabure, que también es familiar de una víctima del terrorismo (su padre, Argentino Larrabure, también fue secuestrado y muerto por el ERP), señala que, pese a todo, todavía confía en que en el futuro haya justicia. “Tengo la esperanza de que la Justicia adopte la actitud de juzgar a todos los actores de los 70. Lo que te quiero decir es que las cosas tienen que ser bien juzgadas, no a la ligera”, concluye.
Por Germán Wille
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