El juicio millonario de Meghan Markle contra los medios británicos volvió más dura a la prensa
LA NACION
Contrariando incluso a la reina Isabel, a mediados del año pasado Meghan Markle demandó a grupo editorial Associated Newspaper Limited por cinco artículos que se publicaron en febrero de 2019 en sus periódicos Mail on Sunday y MailOnline, que reprodujeron fragmentos de una carta que le escribió a su padre, Thomas Markle, poco después de la boda con el príncipe Harry.
A pesar de la pandemia, durante este 2020 se avanzó en el procedimiento para llegar a un juicio que ya tiene fecha: el próximo 11 de enero de 2021. Allí se sabrá finalmente si la apuesta de Markle aplacará la obsesión de los medios británicos con la realeza o, al contrario, tal como está sucediendo en este momento, los animará a generar títulos cada vez más frecuentes e incómodos, en este caso, sobre los duques de Sussex.
Habrá siete testigos: cuatro por parte del equipo legal de la duquesa y tres por el poderoso grupo editorial. En el caso de que la posición de Meghan sea aprobada por la justicia, habrá valido la pena invertir las 1,8 millones de libras esterlinas de los costos del proceso. Lo mismo aplica para los 1,23 millones de libras esterlinas que la editorial ha dispuesto para resolver un asunto en el que claramente se juegan unas cuantas fichas.
La astuta defensa legal de los demandados asegura que la propia Meghan colaboró con los autores del recientemente publicado libro Finding Freedom para manifestar su propia versión de ciertos hechos. Justin Rusbrooke, el abogado que reemplaza a David Sherbone en la demanda de Meghan, es consejero de la reina y ha tenido clientes como J.K. Rowling y Noami Campbell. Frente a las palabras del grupo editorial, Rushbrooke mantiene que ni ella ni Harry colaboraron con ellos y que tampoco los entrevistaron, ni ellos les facilitaron una foto para el libro.
La batalla de Meghan Markle apunta a la publicación de la carta que, según ella, contenía pensamientos íntimos y privados. En este sentido, su equipo legal considera que el hecho vulnera sus derechos de acuerdo con lo que dice la Data Protection Act, la normativa aprobada en el Parlamento británico en 1988 para regular la protección de datos y que ha ido revisándose con el paso de los años para adaptarse a nuevas realidades como el mundo digital.
La estrategia del grupo editorial es aplicar el mismo argumento sobre los cinco artículos demandados que el que se aplica para el bestseller Finding Freedom que se publicó en agosto y con el que se afirma que los Sussex colaboraron intensamente para modificar su imagen.
Por ahora, la victoria parece estar del lado de Meghan después de haber conseguido que no se revelaran los nombres ni se las convocara como testigos a las cinco amigas que participaron en otro cuestionado artículo publicado por la revista en febrero de 2019.
Sin embargo, Antony White, abogado del grupo editorial, presentó un nuevo escrito al tribunal donde afirma que Finding Freedom da la sensación de haber sido escrito con una extensa colaboración de Harry y Meghan y que, en definitiva, la duquesa causó o permitió que se les diera la carta directa o indirectamente a los autores para que ellos decidieran si usarla o no.
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