Colony Park. En qué quedó el ambicioso proyecto que prometía un Key Biscayne en el Delta
Denunciado por daños ambientales severos, el barrio privado fue frenado en 2010; Hoy, en medio de una puja territorial, se espera que la Justicia determine si el proyecto podría reactivarse
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LA NACIONMaría Nöllmann
En la primera sección de las islas del Delta del Paraná, en una vasta región que se extiende desde la confluencia del Río Luján y el canal Vinculación hasta el centro de la Isla Esperanza, todavía se conservan, aunque corroídos por el agua y el abandono, los trazos de lo que hace 12 años fue el proyecto inmobiliario más ambicioso -y polémico- de la zona.
Su nombre era Colony Park y su Master Plan se extendía sobre unas 300 hectáreas de humedal, ubicadas a menos de cinco minutos en lancha del Puerto de San Isidro. Desde una vista aérea aún puede distinguirse el plano de este barrio privado, los firuletes dibujados con una draga en el interior de la isla, las lagunas y los islotes artificiales.
En ese terreno iba a haber casas de hormigón y edificios bajos, calles y avenidas de pavimento, playas de arena blanca e instalaciones que permitieran armar una vida insular: desde un colegio y un mercado, hasta canchas de tennis, gimnasios y restaurantes.
A la isla en auto
Lo más llamativo de la iniciativa, sin embargo, era la posibilidad de acceder a la isla y circular por la misma en auto. Cuando comenzaron las obras, a mediados de 2006, la idea de los emprendedores era construir un puente o un túnel subacuático que cruzara el Río Luján y conectara Colony Park con el continente. Con el tiempo, sin embargo, debieron bajar las expectativas: la única alternativa que obtuvo el aval gubernamental fue el cruce de automóviles en ferry.
Pero nada de eso sucedió. Hoy, Colony Park no es más que una inversión millonaria truncada. En diciembre de 2010, con el desarrollo aún en una etapa prematura, los inversionistas, entre los que se encuentra el empresario náutico Hugo Schwartz, debieron devolver los anticipos de los lotes que habían llegado a vender -unos 100, según pudo saber LA NACION- y frenaron sus dragas, que desde entonces no volvieron a funcionar.
Debido a una denuncia por daños ambientales, la obra obtuvo una clausura preventiva que sigue vigente y los empresarios involucrados se encuentran procesados, a la espera de una sentencia firme. Pero no todo está dicho. Se espera que la causa termine de definirse a fines de este año. Este último fallo permitiría saber si Colony Park será parte del pasado o del futuro.
El impacto ambiental y la vida de los isleños
La disputa judicial y la puja territorial que rodea a estas tierras son evidentes para cualquier persona que navega por la zona. Entre la maleza, todavía se conserva, intacto, el tendido eléctrico, y en varios de los postes de luz, ubicados a la vera del canal, cuelga un cartel blanco donde se lee: “Territorios en conflicto judicial, prohibido vender”. Por su parte, los pobladores instalados en la zona, muchos de ellos miembros de la cooperativa junquera de la isla, confeccionaron sus propios carteles escritos a mano, donde se lee: “Fuera Colony, la tierra es de los isleños”.
La principal causa de la denuncia que llevó a frenar el avance de la iniciativa estuvo relacionada con el impacto ecológico de las obras. Como el proyecto comprendía calles pavimentadas para la circulación de autos y edificaciones de hormigón, los desarrolladores rellenaron cinco metros el nivel de la tierra. Originalmente, este territorio no era más que un humedal, que se hacía visible cuando bajaba la corriente y se volvía parte del lecho del río cuando el agua subía. También se dragaron parte de los arroyos y canales de la zona, aumentando su profundidad y, en algunos casos, su ancho.
Estas modificaciones, que el proyecto celebró como sus primeros logros, fueron también su perdición. Las protestas y las manifestaciones de ecologistas, en conjunto con los isleños de la zona, no tardaron en llegar. Durante años, denunciaron inundaciones y remolinos producidos por las obras y otros cambios en el ambiente que consideraron “desastres ecológicos”.
En 2008, el abogado y ecologista Enrique Ferreccio Altube denunció que, además de “dañar el ecosistema del Delta en su condición de humedal”, este emprendimiento y otro menor que también se estaba desarrollando en la zona afectaban los cauces del Canal “Vinculación”, del “Río Luján”, del Arroyo “Anguila”, del Arroyo “La Paloma”, del Arroyo “Pacú” y del Arroyo “Mojarra”. También denunció la imposibilidad de posesión de la tierra por parte de los desarrolladores de Colony Park. Pese a que ellos afirman que la tierra es suya, ya que la compraron a su anterior dueño, Ferreccio sostiene que las islas de la zona son bienes de dominio público, por lo que denunció a Colony Park por “usurpar tierras fiscales nacionales y/o provinciales”.
El 1 de diciembre de 2010, la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, respondió a la denuncia, disponiendo la clausura preventiva de Colony Park. En su resolución, la magistrada consideró los argumentos del denunciante y la investigación de la Fiscal General, la doctora Rita Ester Molina, que apuntaban al daño ecológico producido por el avance de las obras y la falta de una declaración de impacto ambiental que avale la continuación de las mismas.
“Los trabajos realizados, por encontrarse en lo que se denomina un valle de escurrimiento de humedales, han producido modificaciones en el ecosistema, en la geomorfología y en la hidrología de la isla y los alrededores”, concluyó Molina.
Con la obra parada, cada vez son más las familias que se instalan, con cabañas sobre pilotes, en el territorio. Algunas de ellas dicen haber vivido siempre allí y haber sido desplazadas en su momento por Colony Park. Otras, en tanto, son nuevas en la zona, personas nacidas y crecidas en el continente que decidieron rehacer su vida en la isla.
Todavía nada está del todo definido en la zona. Este año, la causa de Colony Park llegó a instancias de juicio oral, y según abogados consultados y especialistas en el tema, se espera que la cuestión termine de definirse en los próximos meses. Los desarrolladores esperan un revés judicial, el fin de la medida cautelar que impide la reactivación del proyecto. Consultado por LA NACION, Hugo Schwartz prefirió no hacer declaraciones sobre el estado de la causa. En tanto, los vecinos y los grupos ambientalistas están dispuestos a apelar cuantas veces les sea posible para evitar que las obras continúen.
Por María Nöllmann
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