Acusan a China de abrir una red de “bases policiales” en 53 países, incluidos 7 de Latinoamérica

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian hace años que China se convirtió en un “Estado vigilante” que utiliza tecnología de vanguardia para mantener el control social dentro del país.

Pero un grupo de activistas especializado en China ha advertido ahora que esta red de vigilancia no solo funciona dentro de sus fronteras. La ONG Safeguard Defenders, con sede en Madrid, publicó una serie de informes que denuncian la presunta existencia de al menos 102 “centros de servicio policiales chinos “en 53 países, incluidos siete de América Latina.

Estas oficinas fueron creadas oficialmente para ayudar con trámites administrativos a chinos que viven en el exterior. Pero, según le dijo a la BBC Laura Harth, directora de campaña de Safeguard Defenders, su objetivo en realidad es “persuadir y coaccionar [a ciudadanos chinos] a que regresen a China” para ser procesados por diferentes delitos, principalmente por fraude.

En algunos casos, también se han usado para silenciar a los críticos con el gobierno chino, advierten. La investigación generó una multitud de investigaciones de gobiernos de diferentes partes del mundo y de medios de comunicación, así como órdenes de cierre de algunas de estas instalaciones en Europa.

Incluso llevó a que el FBI manifestara su “preocupación “y que su director, Christopher Wray, precisara que están revisando los “parámetros legales” de estos centros. El gobierno chino niega que esté detrás de su gestión y asegura que son voluntarios chinos en el exterior los encargados de promover servicios de ayudas con trámites como licencias de manejar.

“Ninguno forma parte de la policía”, manifestó Zhao Lijian, subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Qué dice el informe

El investigador de Safeguard Defenders, Jing-Jie Chen le dijo a BBC Mundo que la lista de estaciones se compiló sobre la base de información publicada en medios oficiales chinos.

BBC Mundo corroboró la existencia de varios artículos en la prensa oficial china que anunciaban la apertura de “Estaciones de Servicio de la Policía en el Extranjero” en diversos países, e incluso daban su dirección.

La mayoría de estos centros está en Europa, pero aparecen bases en cinco continentes. En América se señalan varios, incluyendo cuatro en Estados Unidos, cinco en Canadá y 12 en América Latina: tres en Brasil y Ecuador, dos en Argentina y uno en Chile, Colombia, Cuba y Perú.

Para la ONG, la verdadera función de estas estaciones es poner en práctica un sistema ilegal de extradiciones que forma parte de la operación Sky Net: los llamados “regresos voluntarios”.

Consiste en dar con fugitivos chinos en el exterior y “persuadirlos” -según la ONG, por vía de la extorsión- a que regresen voluntariamente a China para enfrentar cargos.

Originalmente, Sky Net tenía como blanco a altos funcionarios chinos acusados de delitos como malversación de fondos -como parte de la vasta campaña anticorrupción lanzada por el presidente Xi Jinping-, pero el operativo se habría ampliado para incluir a decenas de miles de chinos acusados de cometer fraude online, “un problema endémico en China”, según apunta la ONG.

Safeguard Defenders basa su acusación en un anuncio que realizó el propio gobierno chino en agosto pasado, en el que aseguró haber convencido a casi un cuarto de millón de fugitivos en el exterior a entregarse. “El número de casos de fraude de telecomunicaciones transfronterizo dirigido a residentes chinos se ha reducido significativamente en China, con 230.000 sospechosos de fraude de telecomunicaciones que fueron educados y persuadidos para regresar a China desde el extranjero para confesar delitos desde abril de 2021 hasta julio 2022″, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

Según la ONG, para “persuadir” a los fugitivos, las autoridades chinas los rastrean, se ponen en contacto con ellos y los amenazan con acciones contra su familia en China si no regresan, algo que “viola el Estado de derecho internacional y los mecanismos de cooperación entre países”, denuncian. El organismo recogió el testimonio de al menos dos personas buscadas por China que recibieron llamadas amenazantes desde números locales, algo que ellos conectan con las bases policiales en el extranjero.

“En lugar de cooperar con las autoridades locales [para extraditar a sospechosos] en el pleno respeto de la soberanía territorial, [China] prefiere cooperar con ‘ONGs’ o “asociaciones de la sociedad civil’ en el extranjero, estableciendo un sistema policial y judicial alternativo en terceros países, e implicando directamente a esas organizaciones en los métodos ilegales empleados para perseguir a los ‘fugitivos’”, denunciaron en su reporte.

El investigador de Safeguard Defenders, Jing-Jie Chen, aseguró a BBC Mundo que el primer medio centenar de bases halladas fueron instaladas por las fuerzas policiales de dos ciudades: Fuzhou y Qingtian, en las provincias costeras de Fujian y Zhejiang, respectivamente, que tienen grandes diásporas en el extranjero.

En el segundo informe de la ONG, publicado el 5 de diciembre, se afirma que los departamentos de Seguridad de otras dos ciudades chinas habían instalado cerca de 50 estaciones más fuera del país: Wenzhou, también en la provincia de Zhejiang, y Nantong, en otra provincia costera: Jiangsu.

Los países reaccionan a la denuncias

Tras la publicación del informe, al menos una docena de los países involucrados lanzaron investigaciones para determinar la existencia y la posible función de estas bases. Entre ellos está Chile. A finales de octubre, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que el gobierno está colaborando con la pesquisa que lleva a cabo la Policía de Investigaciones.

“En la medida que haya información relevante que comunicar a la ciudadanía se la iremos contando. Por ahora participamos de la investigación”, afirmó sobre la presunta estación policial ubicada en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. BBC Mundo consultó a la oficina de prensa del Ministerio del Interior chileno sobre los avances en la causa, pero no recibió respuesta. Tampoco los gobiernos de Argentina, Brasil y Ecuador, señalados en el informe original, respondieron a las consultas de este medio.

Y ni ellos ni Colombia, Cuba y Perú, involucrados en el informe más reciente -que no da detalles sobre la ubicación de las presuntas estaciones- han realizado comentarios sobre el tema. En Europa, las autoridades de Irlanda ordenaron a la embajada china que cierre una de estas oficinas reportadas en Dublín, y que -según afirma Safeguard Defenders- incluso tenía un cartel afuera que decía en chino: “Estación de servicio policial en el extranjero”.

Lo mismo ocurrió en Países Bajos, donde las autoridades ordenaron que se cierren dos bases que, según el listado, operaban en Ámsterdam y Rotterdam. Allí, además, medios de investigación reportaron el caso de un disidente chino residente en el país, Wang Jingyu, que aseguró haber sido perseguido por policía china.

Wang dijo que recibió una llamada de alguien que afirmó pertenecer a una de estas bases policiales y que le urgieron a volver a China a “resolver” sus problemas y “pensar en sus padres”. Alemania, Austria, Canadá, España, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia también anunciaron investigaciones.

China responde a las acusaciones

El gobierno chino o las legaciones del país en diversas partes del mundo aseguraron que respetan la soberanía nacional y las normas internacionales y rechazan haber llevado a cabo ninguna irregularidad. “Sus actividades son para ayudar a los ciudadanos chinos locales que necesitan solicitar la renovación de la licencia de conducir vencida en línea y actividades relacionadas con los servicios de examen físico al proporcionar el lugar”, dijo Zhao Lijian, del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, preguntado por los casos de Países Bajos el pasado noviembre.

En tanto, la embajada china en Canadá declaró al medio público CBC que el objetivo de estos lugares era ayudar a los ciudadanos chinos en el exterior que no pudieron regresar a su país a realizar sus trámites, debido a las restricciones para viajar impuestas por la pandemia de coronavirus.

La embajada también aseguró que estos centros son atendidos por voluntarios que no son policías chinos y no participan en ninguna investigación criminal o actividad relevante. Por su parte, la embajada china en la capital chilena, Santiago, emitió un comunicado que aseguraba que lo que funcionó en Viña del Mar fue un “centro de atención para los ciudadanos chinos en ultramar que estuvo a cargo del ciudadano chino Wang Yinle”, y que operó entre marzo y junio de 2022.

“Fue una medida provisional durante la pandemia. Conforme la situación pandémica mundial se vuelve estable y se alivian las medidas de control, y con la renovación de la plataforma de trámites en línea, las autoridades de Fuzhou han pedido a sus ciudadanos volver a China a realizar estos trámites, y los que tienen dificultad en viajar, pueden acceder directamente a la plataforma virtual”, señaló el comunicado.

“La especulación de una supuesta ‘estación de la policía secreta’ en Chile no tiene fundamento y su difusión solo pretende dañar la imagen de China y las relaciones chino-chilenas”, agregó la embajada del país asiático.

Desde Cámaras de Comercio a salones de masajes

BBC Mundo y otros medios rastrearon muchas de las direcciones donde, según la lista publicada en la prensa oficial china -y denunciada por Safeguard Defenders- hay bases policiales.

La primera estación supuestamente ubicada en la capital argentina estaba en una dirección inexistente. No obstante, el medio Argentina Chínese Network -cuyo objetivo es proporcionar información local a la comunidad china en el país y que es reconocido como prensa por la Cancillería china- reportó la apertura de una base policial en Buenos Aires en febrero de 2022.

“Recientemente, se inauguró oficialmente en Argentina la Estación de Servicio en el Extranjero de la Policía de Fuzhou, lanzada por la Oficina de Seguridad Pública de Fuzhou”, informó el 16 de febrero de este año. La nota incluye una foto de la inauguración, donde se ve a un grupo de hombres parados frente a un cartel que dice “Estación de Servicio en el Extranjero de la Policía de Fuzhou” y debajo “Buenos Aires, Argentina”.

La ceremonia de inauguración se realizó en la sede de la Cámara de Comercio de la Asociación de Empresarios Chinos de Ciencia y Tecnología, y al final del artículo se informa que “las personas de Fuzhou que necesiten solicitar el reemplazo de su licencia de conducir y tarjeta de identificación” pueden programar una cita acudiendo o llamando a esa misma Cámara, dados los problemas causados por la pandemia.

La agencia AP visitó por su parte varias de las ubicaciones identificadas por Safeguard Defenders en Roma, Madrid y Barcelona y halló, respectivamente, un salón de masajes, la sede española de una asociación de ciudadanos chinos y una empresa de traducciones legales.

Según AP, “no había indicios de estaciones de policía u otra actividad directamente relacionada con el gobierno chino”. La mayoría de las personas entrevistadas en esos lugares dijeron no saber nada sobre una estación policial u actividades policiales. La única excepción fue un empleado de la compañía de traducciones quien dijo que una base de la policía de Fuzhou operó desde allí a modo de prueba por algunas semanas este año.

El empleado, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones a la prensa, dijo que se ofrecieron servicios de renovación de documentos a los ciudadanos de Fuzhou que viven en la región de Barcelona y que no pudieron regresar a China debido a las restricciones pandémicas, informó la agencia.

La ONG advierte: “No hay que generar una caza de brujas”

Aunque mostró su beneplácito por la docena de investigaciones abiertas en respuesta a la investigación de Safeguard Defenders, Jing-Jie Chen aclaró a BBC Mundo que la denuncia no busca generar una “caza de brujas” dentro de las asociaciones chinas en el exterior.

“No incentivamos ningún tipo de intimidación de la comunidad china por creer que todos son espías”, señaló. “No estamos culpando a todos los miembros de las asociaciones involucradas. Y es muy posible que los empleados en muchos de estos lugares realmente no sepan para qué se están usando”, agregó, instando a los gobiernos a solo investigar a los líderes por sus posibles vínculos con el Partido Comunista de China.

No obstante, desde la disidencia china en el extranjero siguen en alerta. El activista por los derechos humanos Zhou Fengsuo, uno de los líderes estudiantiles de las protestas en la plaza de Tiananmen en 1989 y exiliado en EE. UU., considera que estas asociaciones representan un peligro y deben cerrarse. “La mayoría de las organizaciones chinas, ya sea de ciudades o estudiantiles, incluso las organizaciones personales, todas reportan al gobierno local y presumen de sus conexiones con el gobierno chino”, afirma a BBC Mundo.

Según Zhou, las autoridades controlan a estos grupos por dos vías: la primera, el temor. “El temor es porque saben que sus familiares en China están siendo vigilados constantemente. Esto hace que los chinos en el extranjero no se animen a denunciar abusos o participar en protestas, y los lleva a espiarse y censurarse unos a otros”, señaló.

“Por otra parte, si obtienes los favores del gobierno chino, te recompensan con cosas como viajes gratuitos para visitar China, donde te sacan a comer a todo lujo, o, en el caso de los estudiantes, te ofrecen trabajos atractivos en el gobierno o alguna universidad”.

Zhou llama a los gobiernos a “desmantelar todas estas organizaciones” y afirma que para evitar toda suspicacia, los grupos deberían rechazar todo vínculo con las autoridades chinas. Sin embargo, no cree que el posible cierre de estas bases haga mucha diferencia.

“Mientras que se permita que las asociaciones y grupos de estudiantes (en el extranjero) sigan funcionando, seguirá habiendo un ambiente de temor entre la comunidad china, donde sientes que no puedes confiar en nadie”, concluyó.

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