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“La libertad tiene su precio”, le responde el abogado a uno de los seis imputados en la causa de abuso sexual a juveniles de las inferiores del fútbol cada vez que se queja por el alto monto de los honorarios. A cinco años de que Independiente presentara la denuncia, los implicados están libres y aún sin fecha de juicio.
La Justicia no puso trabas a los diferentes pedidos que fueron haciendo los imputados durante estos años. Si bien deben volver al domicilio cada 24 horas y presentarse en una comisaría quincenalmente, los controles son poco rigurosos. El exárbitro Martín Bustos, sin justificar el motivo, solicitó mudarse en plena pandemia a Posadas, provincia de Misiones. Todavía sigue radicado ahí. Viajó por Bariloche y Mendoza y hace unos días estuvo en Trenque Lauquen, de donde es oriundo, visitando a su familia. En 2019 estuvo detenido en Rosario, donde le iniciaron una causa por grooming tras contactar a un menor de edad de las inferiores de Newell’s y citarlo en un departamento para una “sesión de masajes”.
Alberto Ponte, otro de los involucrados, que se dedicaba a la supuesta representación de jugadores, fue habilitado para viajar a México a principios de este año. Ya no tiene el perfil alto que ostentaba en sus redes sociales, donde se hacía llamar “Tito Rey de Reyes” ni lleva la vida de lujo que les ofrecía a sus presuntas víctimas con botines, plata, invitaciones a comidas y boliches.
Precisamente en el local nocturno Esperanto conoció a Leonardo Cohen Arazi. Se reencontraron en la Alcaldía de Lomas de Zamora en marzo de 2018, donde estuvieron detenidos de manera preventiva todos los protagonistas de la causa durante seis meses. Luego, hubo un cambio de carátula y recuperaron la libertad. El relacionista público había sido mánager de Ricardo Fort y de varios participantes de Gran Hermano. Durante años trató con personas influyentes de la noche y del mundo del espectáculo, pero ahora está bajo tratamiento psiquiátrico, vive con su madre y empezó a estudiar derecho. Dejó el departamento en el barrio de Palermo, en el que era vecino del ex Gran Hermano Francisco Delgado, donde solía invitar a las víctimas que figuran en la causa y se mudó a San Cristóbal. Ya no está más vinculado con el restaurante Santorino y vende mates, bombillas y yerbas.
Desde su Twitter, durante estos años alimentó las intrigas del caso: “Productores de @NetflixLAT o @PrimeVideoLat o @disneyplusla tengo una larga historia que contar”, publicó en enero de 2021 y al mes escribió: “Al final del juego el peón y el rey van a la misma caja”.
En los Tribunales de Lomas de Zamora, la causa es un “fierro caliente”, como asegura una persona que recorre a diario sus pasillos, y piensan que la declaración de Cohen Arazi podría plantear un nuevo escenario. Después de investigar una posible “red de pedofilia”, la fiscalía solicitó la elevación a juicio de seis imputados tras dos años y medio. La jueza de Garantías demoró casi un año en elevarla y en marzo de 2022, la fiscal de juicio, Viviana Giorgi, declinó la competencia ante el Tribunal Oral Criminal N° 3. Es decir, solicitó que cada hecho se juzgue en una jurisdicción diferente, como habían pedido los abogados de los acusados durante el proceso. De esta manera, Cohen Arazi y Ponte serán juzgados en la Ciudad de Buenos Aires.
En cambio, el juicio de Martín Bustos, Juan Manuel Díaz Vallone, Silvio Fleytas y Alejandro Dal Cin será en Lomas de Zamora, ya que la Cámara de Casación de la Provincia determinó que, si bien los delitos fueron en diferentes localidades (San Isidro, Avellaneda, Lomas de Zamora y La Plata) correspondía unificarlos por “economía procesal” y “mejor defensa de los procesados”.
Consultados por La Nación, desde la Fiscalía General de Lomas de Zamora reconocieron que por la agenda del tribunal manejan dos fechas tentativas: mayo o agosto de 2023. Uno de los inconvenientes es que los abogados de las víctimas no participaron en la causa en el último tiempo. “Le perdí el hilo”, dijo uno de ellos. Después de varios meses de no contestar sobre una prueba, en febrero se le dio por caído el derecho.
Los abogados defensores reconocen los hechos que se les imputan -entre dos y siete víctimas cada uno, según figura en la causa-, pero argumentan que los acusados desconocían la edad. En el expediente se explica que “de ninguna manera pudieron consentir libremente, producto del estado de vulnerabilidad en el que se hallaban (...) y de la asimetría víctima/victimario”.
El caso salió a la luz a raíz del diálogo de un menor de las inferiores de Independiente con el psicólogo del fútbol juvenil, en donde, le contó, con cierta preocupación, que uno de sus compañeros había realizado favores sexuales a un adulto a cambio de plata. El contacto inicial se había dado a través de Instagram y luego de pasarse los números de celular concretaron un encuentro.
El club presentó la denuncia ante la Justicia y así comenzó la investigación. Los propios juveniles entregaron los nombres de las 6 personas imputadas en la causa. Los encuentros fueron entre 2013 y 2018 en Palermo, San Isidro, Sarandí, Villa Domínico, Lomas de Zamora, La Plata y Floresta. Pagaban con dinero, botines, calzoncillos y dinero para cargar la tarjeta SUBE.
Si bien algunos de los protagonistas se conocían entre sí y la forma de proceder era similar, no se pudo determinar una red de trata o explotación infantil. Eran niños y adolescentes en una pensión, lejos de su núcleo familiar y captados ante una necesidad económica.
Soledad Garibaldi, que estuvo a cargo de la instrucción y ahora se desempeña en una Unidad Fiscal de Lanús especializada en delitos contra la inseguridad sexual y trata, amplía:
“Creo que se llegó al fondo de la cuestión en cuanto a cómo era el modus operandi y en qué consistían los hechos”.
-Pasaron cinco años y todavía no se fijó la fecha del juicio, ¿es un tiempo razonable?
-Creo que al ser una causa tan compleja, con tantas víctimas, tantos planteos, recursos de apelación y varias instancias se puede exceder el plazo razonable.
-¿A quién perjudica la demora?
-Como en todos los casos de abuso sexual, sobre todo en la infancia y adolescencia, perjudica a las víctimas, que necesitan llegar a una resolución de la justicia para lograr su reparación.
-¿Piensa que la causa estuvo ‘dormida’ o hubo intenciones de que no se avance?
-En mi caso particular, no. Jamás. Nosotros a medida que fuimos recolectando las pruebas avanzamos como siempre. Mientras tuvimos la instrucción de la causa se avanzó.
-¿El juicio puede quedar en la nada si las víctimas no se presentan a declarar?
-No. En esta causa los testimonios que hay en Cámara Gesell están validados, significa que está previsto en la normativa internacional y en la jurisprudencia que no se podría someter a otro testimonio. El objetivo es no revictimizar con un nuevo interrogatorio. Está estipulado como un anticipo extraordinario de prueba.
-Martín Bustos estando libre se hizo pasar por masajista y planificó un encuentro con un menor de Newell’s. ¿Es un riesgo que pueda circular libremente?
-Sí, en su momento volví a pedir la detención a raíz de ese hecho y la jueza accedió. Después quedó en libertad. En términos generales, en los casos en los que están involucrados niños, siempre se toman todas las medidas posibles. Es riesgoso que personas que pudieron haber cometido algún delito de esta índole puedan volver a cometer otros. Y acá estamos ante casos muy parecidos.
La vida de cada una de las víctimas siguió de diferentes formas: algunos vinculados al fútbol y otros ya regresaron a su lugar de origen. Ninguno manifestó interés en el avance de la causa así como tampoco lo hicieron sus familiares. El principal temor que tuvieron en su momento fue la exposición. A los pocos días de la mediatización, uno de los menores de edad fue “cargado” por un rival y al reaccionar terminó expulsado.
Nada cambió demasiado en las pensiones de los clubes de fútbol durante estos cinco años. En 2020, la Superliga presentó un relevamiento interno con datos alarmantes: 4 clubes dejaban a los juveniles sin un adulto a cargo durante las noches, un club tenía 16 chicos en una misma habitación y en otro había una ducha para 22. Si bien la situación mejoró en algunas instituciones, no salió ninguna regulación al respecto.
En Independiente se dieron cuenta que con la autorización de los padres no alcanzaba. Cada vez que los juveniles fueron víctimas de abuso, dejaron la pensión con el permiso correspondiente. Por eso, ahora optaron porque el adulto responsable de la salida tenga que hacerse presente en el predio de Villa Domínico. Cinco años después, la historia continúa.
* Pedro Molina y Francisco Molina son autores del libro “Alerta Rojo, ¿a quién le importan las inferiores?”, una cruda radiografía de las Divisiones Inferiores de Independiente publicado en 2018
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