Una propuesta para desatar la coparticipación

Un sistema político federal fundamentalmente significa que la democracia es algo que pertenece a cada provincia. El gobierno del pueblo o el autogobierno –como decían los padres fundadores del federalismo norteamericano– se da originaria y fundamentalmente en cada provincia. En consecuencia, con ese principio, los ciudadanos de una provincia eligen a quienes los gobiernan, quienes les ponen impuestos, quienes deciden sobre su seguridad, quienes brindan la educación de sus hijos, quienes prestan servicios de salud, quienes imparten justicia para asegurarles sus derechos.

Esos ciudadanos provincianos solo ejercen la democracia nacional para unas pocas cosas: las relaciones exteriores del conjunto, la defensa común, los jueces y policías que se ocupan de problemas del estado nacional o de temas de fronteras o de comercio y de delitos transfronterizos, la sanción de ciertos códigos legales y las normas sobre moneda nacional.

En este contexto, el diputado Luciano Laspina (PRO) publicó un importante trabajo sobre cómo resolver el galimatías, el incordio, el despelote infernal de la coparticipación de impuestos entre nación y provincias. El artículo, titulado “Cómo reformar la coparticipación federal”, apareció en este diario el 29 del mes pasado. Allí Laspina propone sancionar una ley que reglamente la forma de dictar un régimen de coparticipación o, alternativamente, hacer una consulta a la Corte Suprema, para salir de la trampa que implica que si una sola provincia no presta su conformidad, el régimen de distribución de impuestos se mantiene tal como está ahora. Quiero hacer un comentario adicional al de Laspina, para debatir, en este tema tan importante y tan crítico para la vida concreta de los argentinos y para nuestra democracia real.

Dado que tanto las provincias como la nación tienen la facultad constitucional de imponer impuestos indirectos (como el IVA) o directos (como Ganancias), la Constitución dispuso que esos sean impuestos coparticipables. ¿Cuándo se da la coparticipación? La respuesta es, y aquí está lo relevante, que la coparticipación se da cuando alguien (nación o provincias) recauda todo el impuesto y debe entregarle su parte (coparticipar) al otro. Como en la vida son más importantes las preguntas que uno se haga que las respuestas que dé, las preguntas relevantes son: ¿qué pasa si no hay un solo actor que recauda todo el impuesto y qué pasa cuando cualquier provincia o la nación deciden recaudar solo su parte? No hay coparticipación. La coparticipación entonces no es una característica de cada impuesto (directo o indirecto), sino una consecuencia de su recaudación por un actor que recauda para sí y para terceros.

Alguien podría decir que el sistema no funciona así, porque la nación está obligada a recaudar para todos y coparticipar. La respuesta a ese criterio la da el artículo 121 de la Constitución, que dice que las provincias conservan el poder no delegado a la nación por la propia Constitución. Las provincias no delegaron en la nación el poder de recaudar sus impuestos, por lo que la nación no tiene ese poder, y si no tiene el poder, menos tiene la obligación de hacerlo. Las provincias podrían crear y recaudar otro impuesto directo o indirecto.

La comprensión de este punto podría ayudar a que prospere alguna de las alternativas de Laspina para desatar la coparticipación, sea la sanción de una ley que aparte la unanimidad como regla para definir la distribución de impuestos o la consulta a la Suprema Corte.

La nación podría decir “si no tengo un acuerdo específico con una provincia no le recaudo más impuestos suyos” y las provincias afirmar “no quiero que la nación cobre más mis impuestos”. Una ley nacional deberá establecer qué parte de los impuestos de todos deberían ir a un fondo para igualar algunas prestaciones provinciales como la salud y la educación.

Presidente Provisional del Senado entre 2015 y 2019

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