“Las fake news son peligrosas, pero más lo es condicionar la libertad de expresión”

MADRID

La política ha adoptado como lugar común la desinformación, que suele achacar a la prensa, los opositores, las redes sociales. Sin embargo, es en la política, y especialmente en las campañas electorales, donde se detecta la mayor la falta de transparencia y en donde se precisan marcos jurídicos que defiendan el derecho ciudadano a votar informado. Esto requiere la mayor libertad de debatir, criticar y denunciar. Así lo señala Rafael Rubio, doctor en derecho constitucional y director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia de la Universidad Complutense de Madrid, que combina saber académico con su participación en campañas políticas y con el hecho de haber sido observador de elecciones en todo el mundo.

Lejos de una mirada maniquea sobre la desinformación que opone a “puros” contra “impuros”, Rubio entiende el fenómeno desde el equilibrio que impone la libertad de información y de expresión. Desde su conocimiento del marco jurídico de la Unión Europea, que lidera la regulación en protección de datos y en información, aporta elementos para robustecer la transparencia y la participación ciudadana. Y remarca la necesidad de acompañar la letra de la ley con sistemas de control.

En un año electoral en la Argentina, cuando la puja por las candidaturas se impone en la agenda informativa, sus reflexiones ayudan a poner el foco en aquello que hace a la sustancia de la democracia.

La irrupción de las nuevas tecnologías ha cambiado los procesos electorales de manera radical, tanto en los tiempos como en los actores, señala Rubio, que ha estudiado los efectos de la posverdad en la democracia. “Hoy las campañas electorales son mucho más que unos candidatos hablando al público –dice–. Más actores participan de una manera activa y tienen capacidad de influencia en la decisión del voto. Hoy en día no basta con los carteles de la calle y los mítines, sino que hay una serie de canales distintos que, además, cambian cada dos o tres años”.

–Usted ha analizado procesos electorales de manera comparativa. ¿Cuál es la principal limitación en América Latina en cuanto a la transparencia electoral?

–En Latinoamérica y en todo el mundo, salvo contadísimas excepciones, seguimos teniendo un marco normativo que concibe las campañas en la lógica televisiva de la segunda mitad del siglo XX, que ya no responde a los problemas de las campañas hoy. Hoy adquieren un poder inusitado plataformas privadas que no responden a las lógicas democráticas. O que, cuando responden, no necesariamente responden a las lógicas nacionales. Ha habido casos en Latinoamérica donde, ante un incumplimiento de la ley electoral, las plataformas desconocían tener sede legal en el lugar del incumplimiento y, por tanto, negaban su responsabilidad. La ausencia de regulación otorga a las plataformas privadas una capacidad de decisión que les convierte, de facto, en árbitros electorales. De ahí que la solución pase, en América Latina, por reforzar el marco normativo y el papel de los organismos electorales legítimos.

–En la Argentina cada tanto los políticos suelen proponer pactos como el de la Moncloa. Pero la institucionalidad española se explica mejor por el estricto marco legal de la Unión Europea. ¿Qué impacto tienen los pactos políticos?

–Este tipo de pactos, desde un punto de vista institucional, son una forma de no abordar el problema de lleno. Es como el fútbol y el fair play. Todos están de acuerdo en que hay que jugar limpio, pero como no hay ningún compromiso concreto, siempre los que no juegan limpio son los otros. A partir de ahí el pacto se convierte en una excusa perfecta para denunciar su violación. La experiencia europea y el esfuerzo de estos cuatro años de crear un paquete de medidas relacionadas con la regulación de lo digital pone de manifiesto que el camino europeo es puramente normativo. Normas claras que permiten exigir su cumplimiento tanto a los actores privados como a los partidos políticos y a la administración. Otra cosa sería llevar a cabo este tipo de pactos de verdad y tratar de hacer un esfuerzo cultural para que cambien las costumbres y las prácticas. Pero eso no lo sostiene la firma de un papel sino un compromiso fuerte sostenido en el tiempo.

–A pocas semanas de iniciarse el proceso eleccionario en España, no se percibe comunicación electoral, a diferencia de la Argentina, que vive en campaña permanente. ¿Cómo lograron ordenarlo?

–En 2007 hubo una modificación legal para acortar los plazos de campaña, que establece una especie de paréntesis. Hay una preconvocatoria, luego se suspende la campaña durante 40 días y después vuelve la campaña 15 días. Eso se garantiza con la prohibición a gobiernos y candidatos de contratación de publicidad durante esos cuarenta días. Es relativamente fácil exigirlo, porque se puede penalizar tanto al medio que emite publicidad en este período como a quienes compran. Cualquier persona que ve una publicidad en esta época puede denunciarlo a las juntas electorales competentes. Otra cosa es cuando hay terceros que hacen campañas por causas que se identifican con determinado partido sin mencionarlo y, de alguna, manera sobrevuelan esa prohibición. Pero en esta campaña está siendo menor.

–En España tiene un control estricto del uso de datos personales para la campaña. ¿Cómo se implementa en países como la Argentina, particularmente en los datos que tiene el propio Estado?

–Tanto a nivel Unión Europea, con el reglamento de producción de datos, como a nivel nacional, con la ley de protección de datos, hay un marco jurídico que estable que las sanciones por violaciones del derecho a la intimidad son enormes, lo que funciona como elemento disuasorio. El Tribunal Constitucional en 2019 dictó una sentencia que declara inconstitucional la recolección de datos por los partidos. A su vez, la Unión Europea, con el horizonte de las elecciones del año próximo, está tramitando un reglamento específico sobre la publicidad segmentada en política. Parece que el parlamento europeo está en la línea de abolir o de prohibir cualquier tipo de práctica en este sentido, siempre sobre la base del reglamento de protección de datos europeo, que probablemente sea de los más duros del mundo.

–¿Qué pasa con las regulaciones contra las noticias falsas y como evitar que se conviertan en leyes de persecución de adversarios o a la prensa?

–Ahí tocamos tres puntos distintos que son súper importantes y todos difíciles. En primer lugar, está lo que podemos llamar la sobrerreacción. He llegado a oír que la desinformación es un problema que está a la altura del cambio climático o que a la democracia le quedan menos de dos minutos. Todos estos discursos catastrofistas, en mi opinión bienintencionados y fruto de una experiencia personal pero no extrapolable, acaban generando una sobrerreacción que se carga el elemento básico de la democracia, que es la libertad de expresión. No nos damos cuenta de que muchas veces el remedio, como decimos en España, es peor que la enfermedad. Si la desinformación es peligrosa, que no lo niego, mucho más es crear un régimen donde la libertad de expresión esté condicionada. Entonces lo primero es poner la amenaza en su sitio, sin negar su importancia, pero sin convertirla en una excusa para tomar decisiones que pongan en jaque valores mucho más importantes, que han caracterizado el funcionamiento de la democracia en los últimos trescientos años. En segundo lugar, la regulación de la desinformación en elecciones tiene que centrarse fundamentalmente en aumentar la capacidad de respuesta rápida sin debilitar las garantías necesarias para poder seguir haciendo campaña electoral. En ese sentido, de los modelos el más válido actualmente, y este sería el tercer punto, es aquel que centra la lucha contra la desinformación electoral en aquellos ataques al sistema democrático y a la legitimidad del mismo proceso electoral. Hoy no estamos en condiciones institucionales de regular la desinformación entre partidos o entre candidatos. Sin un cuerpo institucional adecuado, sin un marco real que defina la amenaza y sus efectos, tratar de regular y de tomar medidas directas en materia de desinformación entre partidos o entre candidatos resulta para la democracia más dañino que beneficioso.

–Tenemos demasiados ejemplos en la región en que los presidentes consideran que un ataque a su persona es un ataque a la democracia. Incluso se ponen como víctimas del llamado discurso de odio, concepto pensado para minorías desprotegidas y no para la máxima autoridad en el poder. ¿Cómo lidiar con eso?

–El gran reto es no confundir la democracia con los demócratas. Ni confundir la protección de los procedimientos y de las instituciones que son la garantía de la continuidad de la democracia con aquellos que los detentan. Atacar a un candidato político no es atacar la institución que él detenta. El problema se complica cuando además quien se considera atacado es quien define qué es un ataque. De ahí la importancia de que esto quede en manos de organismos independientes que sean capaces de distinguir de una manera clara la democracia y sus instituciones de las personas que desempeñan esa labor de manera temporal.

–¿Cómo se puede hacer para que el organismo electoral sea independiente de los gobiernos?

–Que existan tantos modelos diferentes en todo el mundo es una manifestación evidente de que el problema no es sencillo. En mi opinión, el modelo más consolidado es aquel que establece una distinción clara entre la organización del comicio y la Justicia electoral. Hay una tentación evidente de los gobiernos de quedarse con la organización electoral, pero la forma de garantizar su independencia es construir órganos independientes, sea por la duración del mandato de sus consejeros como por la forma de elección. Cuando se eligen personas con un perfil técnico adecuado normalmente la independencia va de la mano. Muchas veces el gran problema es que, aun siendo órganos formalmente independientes, su presupuesto depende del gobierno, que lo utiliza como una forma de crear dependencia. Entonces el presupuesto debe ser independiente de la voluntad del gobierno y cumplir todo tipo de requisitos de transparencia y de control externo.

–¿El chat GPT y la inteligencia artificial son la nueva obsesión del regulador como hasta ayer fueron las fake news?

–El GPT y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial va a suponer un cambio en determinadas prácticas de la campaña electoral. Tienen su gran potencial en perfeccionar aún más la personalización y la generación automática de los mensajes. Eso, unido a la posibilidad de adaptar textos a imágenes o imitar la voz de determinadas personas y generar determinados discursos, va a producir verdaderas campañas a la carta. Aunque lleva ya unos años ofreciéndose, pero a precios desorbitados que casi ninguna campaña se podía permitir, ahora se va a poner al alcance de cualquiera. El gran problema de la inteligencia artificial es cómo se alimenta de contenidos. Por eso en Europa, primero Italia y ahora España, lo que están viendo cuando estudian la legalidad de este tipo de herramientas es si respetan o no el derecho a la privacidad, porque con privacidad podríamos decir que el chat GPT se muere. En mi opinión, el gran reto de las campañas pasa por definir de una forma clara cuál es el papel que la privacidad ocupa en la política, y hasta qué punto la privacidad del votante es algo a defender o es igual de poco importante que la del consumidor. Lo paradójico es que hemos dado por válidos determinados comportamientos en el ámbito comercial que estamos cuestionando en el ámbito político. Si se puede, como dicen algunos, transformar la voluntad de las personas en el ámbito político, y ahí hay gente que está planteando prohibirlo, ¿por qué no iríamos a prohibir esa transformación de la voluntad de las personas en el ámbito comercial? No es que sea partidario de esto, sino que estoy marcando lo que sería un planteamiento coherente, porque la conformación de la voluntad política no es distinta de la conformación de la voluntad comercial o familiar.

–La privacidad en América Latina se ha usado mucho para no hablar de los negocios o de la salud del funcionario, como si se tratara de un particular, lo que va en contra de la transparencia.

–Hay un elemento un poco hipócrita en Latinoamérica y es que el marco jurídico de los datos es muy débil. Yo he trabajado en campañas electorales donde se compran y venden bases de datos con unos niveles de personalización que no se ven en otros países. Lo primero es afrontar esa realidad y establecer normas que le den respuesta, en lugar de construir un mundo jurídico paralelo al mundo real. Eso ayudará a entender la dimensión del problema y la eficacia de las soluciones, cuya utilidad va mucho más allá de lo electoral e impacta en la rendición de cuentas, la autoridad de control, la eficacia de la gestión. Desde el punto de vista de las plataformas, la propiedad de los datos por parte del usuario es un camino intermedio. Se trata de que el usuario tenga un derecho efectivo, no solo teórico como tienen hoy en día, de saber qué conocen las plataformas de él y decidir cuál de esa información quiere que sea pública y cuál no. Entiendo que es muy difícil que una plataforma vaya avisando al usuario de todos los datos que cede durante su navegación, pero sí es fácil establecer mecanismos en que cada cierto tiempo el usuario pueda ver qué sabe la plataforma de él y decidir qué quiere que se sepa. Ese camino intermedio podría también aplicarse al Estado, y cada ciudadano decidir qué datos suyos tiene el Estado o, al menos, tener derecho a saber qué información tiene. No hay argumento ni de seguridad nacional que justifique que el Estado tenga información privada sin que el usuario lo sepa. Ya se está aplicando el derecho al olvido en ámbitos públicos; por ejemplo, para las multas.

–¿Es optimista o apocalíptico con relación a la tecnología en estos procesos?

–Hemos dejado atrás una especie de utopismo ingenuo, a principios del siglo XXI, donde la tecnología nos iba a arreglar la democracia, donde ante cada problema democrático apelábamos a la tecnología como gran salvador. En estas lógicas pendulares que a veces tiene la historia, ahora la tecnología va a destruir a la democracia. Ninguno de los dos planteamientos es correcto y, como ocurre muchas veces, las soluciones están en el término medio. La tecnología ha cambiado a la sociedad de una manera determinante y las normas tienen que dar respuesta a esos cambios, pero con naturalidad. En ese proceso habrá ciertos desgastes, choques y prueba y error. En ese sentido, hay que reivindicar el principio de prudencia que nos permita tomar decisiones sin desconocer las consecuencias. Y no establecer marcos normativos que acaben perjudicando más a la democracia más de lo que realmente la benefician.

ENTRE LOS LIBROS, LA LEY Y LA ARENA POLÍTICA

PERFIL: Rafael Rubio Nuñez

■ Rafael Rubio Núñez es doctor en derecho constitucional, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y profesor visitante en treinta universidades del mundo.

■ Desde 2004 investiga el impacto de la tecnología en derechos fundamentales y en la democracia a partir de fenómenos como la desinformación y los procesos eleccionarios.

■ Es miembro del Foro de Gobierno Abierto, de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), del Consejo Asesor de la Red Mundial de Justicia Electoral y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (España).

■ Codirige el proyecto “Garantías frente a la desinformación en procesos electorales”, con foco en ciberseguridad y desórdenes informativos. Con un equipo 71 investigadores de 14 nacionalidades, han observado elecciones en México, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Brasil. Este año incluirán España, Guatemala, la Argentina y Chile.

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