Pobreza estructural. El crecimiento es necesario, pero no suficiente

Aunque desde el gobierno nacional pusieron en duda que la pobreza hubiera llegado al 55% de la población en el primer trimestre y la indigencia al 17,5%, como marcó la última medición del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), las cifras no estarían muy por debajo. Desde los años 90, los índices no lograron perforar nunca el 25%: uno de cada cuatro argentinos fue pobre en los últimos 40 años. Los datos ponen de manifiesto que hay un núcleo duro que no se resuelve solo con crecimiento económico: los expertos coinciden en que el Estado no puede hacerse a un costado ante el problema, aunque también subrayan que la calidad de su presencia es clave.

“La única manera de sacar al 60% de los argentinos de la pobreza es con crecimiento económico y solo hay crecimiento económico con libertad. La única tarea del Estado es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, para que cada uno pueda ser arquitecto de su propio destino”, dijo el presidente Javier Milei en su exposición en el Instituto Milken en mayo. Es una síntesis de su filosofía.

Las fuentes consultadas por la nacion coincidieron en que la pobreza estructural (la que persiste aun cuando baja la inflación o crece la economía) en la Argentina está entre 25% y 30%. Comprende a quienes siguen siendo pobres aunque la actividad económica se recupere. Un problema extra es que cada crisis va dejando un nuevo sedimento, y de este modo ese segmento se va ampliando.

El crecimiento es imprescindible, entonces, pero no alcanza. Los economistas señalaron que en medio del fuerte ajuste del Gobierno hay una “cierta sensibilidad” hacia la niñez dada por el aumento de las transferencias económicas, pero a la vez apuntaron que el problema de fondo requiere de una solución “más compleja”.

Ricardo Delgado, director de Analytica, aplica a la pobreza y la distribución del ingreso –fenómenos que van de la mano– el concepto físico de “histéresis”, que es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades aun en ausencia del estímulo que la produjo: “Las crisis macroeconómicas siempre dejan un escalón superior de pobreza, nunca se vuelve al punto de partida; en este sentido, no reacciona igual que la inflación o el PBI”.

En el libro La herencia, que Delgado escribió a treinta años del regreso de la democracia, el economista señala que a comienzos de los años 60, con las migraciones del interior a las grandes ciudades, la pobreza “emergió tibiamente”, pero el “peronismo de 1973 logró revertir esos procesos” y se alcanzó una distribución “más equitativa” de los ingresos. En los años 80, Raúl Alfonsín puso en marcha el programa de cajas PAN cuando la pobreza rondaba el 10%, y en 1989, en medio de la híper, alcanzó al 40% de la población.

A mediados de los años 90, “con la excusa de la crisis mexicana” y su efecto Tequila, Carlos Menem respondió a la fragilidad social con el Plan Trabajar; a comienzos del 2000 fue el turno del plan Jefes y Jefas de Hogar, con Eduardo Duhalde en la presidencia. Con el kirchnerismo se sumaron más planes, pero, dice el experto, “empezaron a encontrar limitaciones para seguir disminuyendo la pobreza”.

Delgado afirma que ya la pobreza de la primera década de este siglo tuvo características “distintivas”. En ese contexto nació la Asignación Universal por Hijo (AUH): “A pesar de la fuerte recuperación de la actividad y el empleo desde la crisis 2001-2002, la pobreza y la desigualdad siguieron siendo elevadas”, apunta.

Leo Tornarolli, economista e investigador de pobreza y desigualdad del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas)-Universidad Nacional de La Plata, grafica que suponiendo que el núcleo duro hoy sea del 25%, “aun si la economía crece bien”, en 2027 estaría por arriba de ese índice y recién en 2030 podría estar de nuevo a ese nivel. “Si bien el alto nivel de pobreza actual implica que incluso hay trabajadores formales que son pobres, la pobreza afecta en mayor medida a los trabajadores no registrados –señala–. La débil creación de empleo privado registrado es un problema que aqueja a nuestro país al menos desde 2011 y es poco probable que a corto plazo esto se solucione. Además, la existencia de trabajadores pobres se va a seguir verificando en el mediano plazo”.

Políticas compensatorias

Tornarolli advierte que, con crecimiento, el grupo a asistir se vuelve “más homogéneo”, lo que implica no solo menos presión presupuestaria, sino que las políticas se pueden “focalizar más para romper el círculo intergeneracional de padres pobres, hijos pobres”.

Entiende que el gobierno libertario busca una “transformación productiva” con cambios en los precios relativos y también en el peso de los diferentes sectores. En ese escenario, el Estado debe reentrenar trabajadores y establecer incentivos regionales –coordinados con las provincias– para evitar los traslados demográficos que engrosan los conurbanos de las principales ciudades.

El “mapa de las políticas sociales en la Argentina”, un documento del Instituto Universitario CIAS y Fundar escrito por Andrés Schipani y Lara Forlino, señala que la política de contención social “está diseñada para que los más vulnerables no caigan del todo, no para empujar”. El investigador ratifica que si la economía cae, este esquema frena, pero si crece no alcanza para el ascenso. Menciona que aun en el Chile de Augusto Pinochet (“un experimento autoritario liberal”) hubo planes sociales “fuertes”. El Trabajar toma como base los chilenos Plan de Empleo Mínimo (PEM) y el Programa Ocupación Jefes de Hogar (POJH). En Uruguay, el moderado Tabaré Vázquez optó por el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (Panes) entre 2005 y 2007, cuando la pobreza era del 8% de la población.

“No existen programas de reforma económica sin políticas de compensación –sentencia Schipani–. Duhalde devalúa, el dólar salta de 1 a 4 pesos y eso pega fuerte en la pobreza, por lo que se crea el plan Jefes y Jefas. Los policy makers saben que se requieren de estos acompañamientos. El mercado solo no resuelve”.

Delgado coincide: “No debemos esperar que la inversión privada resuelva la pobreza. En la Argentina el Estado estuvo presente, pero muy mal, ese es el punto, y eso cobra más importancia en este tema. Una sociedad inequitativa, inexorablemente, genera pobreza”.

Según datos oficiales del segundo semestre del año pasado, el norte argentino concentra los mayores niveles de pobreza (el noroeste arriba del 48% y el noreste del 45%), le siguen Cuyo con 44%; el Gran Buenos Aires (41%); la región pampeana (40,4%) y la Patagonia (36,5%). En valores absolutos, el Conurbano Bonaerense concentra casi a la mitad de los pobres del país.

Un dato alarmante es que siete de cada diez niños viven en la pobreza, según las últimas estimaciones de Unicef para el país; son unos 8,6 millones de chicos y adolescentes. El reporte comprende a la pobreza por recursos económicos (57,5%) y a la pobreza por privación de derechos (43%): 31% son pobres en ambas dimensiones.

La directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Gala Díaz Langou, retoma la idea de que el crecimiento no siempre implica generación de empleo y que, si el que crea es de baja calidad, el impacto entre los más vulnerables será menor. “La cuestión es a qué trabajo podrán acceder aquellos que no tienen ni siquiera el secundario completo y cómo se distribuye en el territorio la ocupación”, refuerza.

Añade que, si hay nuevos puestos laborales, hay que ayudar a resolver cómo hacen las familias que tienen chicos y no pueden afrontar el costo de quien los cuide. Frente a ese panorama ve un “rol articulador clave” del Estado.

“No es que resuelva todo, pero tiene un papel de rectoría –describe Díaz Langou–. La política del cuidado se debe ordenar porque las mujeres, muy golpeadas por la crisis, son a las que más les cuesta poder ir a trabajar”.

Empleabilidad, educación

Con ocho millones de trabajadores informales, Schipani refiere que no se puede dejar en manos de privados el resolver cómo capacitar a la gente para que se pueda insertar en los empleos de calidad que se generarían con una mejora vigorosa de la actividad. Plantea la necesidad de avanzar en “formalizar” el stock de economía popular, “mejorar la empleabilidad, la productividad de las cooperativas”, por ejemplo a través de programas coordinados con municipios y con gremios.

Para Jorge Colina, director de la consultora Idesa, si continúa la baja de la inflación, la pobreza estructural quedará en torno al 30%. Empezar a reducirla depende, además del factor crecimiento, de que se dejen de aplicar políticas equivocadas y se ponga racionalidad. Indica que no es suficiente con tener ideas “disruptivas”, sino que hace falta “gestión”.

A su criterio, la reorganización que el Gobierno propone implica que el Estado Nacional deje en manos de las provincias –como establece la Constitución Nacional– la educación, y que entonces cada distrito “resuelva qué tipo de formación hay que instrumentar para cada tipo de perfil productivo”. La Nación, dice, preside el Consejo Federal de Educación y allí debe “consensuar objetivos educativos medibles, lineamientos de contenidos y acciones educativas que después cada jurisdicción llevará adelante”.

Díaz Langou enfatiza que el hecho de que solo el 13% de los ingresantes al secundario lo terminan en tiempo y forma es un “obstáculo” para cualquier tipo de reactivación. Lo caracteriza como el problema “medular” de la actualidad.

“Si no podemos resolver esto no podremos salir adelante, es una urgencia central –sostiene–. Se requiere de un acuerdo político entre el liderazgo político partidario y uno más amplio que incluya a todos los actores, para que todos estén representados”. Con las provincias como responsables primarias de la educación, la especialista indica que deben establecerse criterios de equidad. “Lo peor es terminar reproduciendo desigualdades, que haya niveles diferentes en función de las provincias que tienen más o menos recursos. Hay que generar un piso de igualdad”, dice.

Sobre la transferencia de recursos a los más vulnerables, la directora del Cippec señala que se deben “mantener y fortalecer” a la vez que remarca que es imperativo concentrarse en la cuestión alimentaria. “El hambre y la malnutrición tienen implicancias gravísimas”, destaca. En ese marco, define como “punto nodal” que el Estado erradique los problemas de logística y de distribución de la asistencia. Ve en la concentración de las diferentes áreas en el Ministerio de Capital Humano una “oportunidad única” para “terminar con la atomización y ser efectivos y potenciar el rol de articulador” del Estado nacional.

Colina es partidario de que los gobernadores le propongan a la Nación un “nuevo Acuerdo de Coordinación Tributaria y Funcional” que reemplace la coparticipación. De esa manera, se podrían reorganizar los impuestos y los fondos para que las provincias, con sus municipios, se hagan cargo solos de las funciones que les “corresponden”: vivienda, urbanismo, seguridad urbana, salud pública, educación básica y asistencia social.

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