Miriam Salvador García: “Si perdemos la confianza en los jueces, la perdemos también en las instituciones”

MADRID

La democracia lleva más de cuatro siglos demostrando que es la mejor forma de gobierno posible, sobre todo comparada aquellas que intentaron reemplazarla. Sin embargo, muchos insisten en desafiarla. La separación de los tres poderes del Estado y el equilibrio entre ellos es un principio que hoy está en tensión incluso en democracias consolidadas.

En este escenario, Miriam Salvador García propone volver a las fuentes que trazaron los fundamentos de este principio esencial. “Nos encontramos en una crisis política que pone en duda los sistemas democráticos y cuestiona el modelo de gobernanza, los mecanismos de legitimación e incluso la distribución territorial del poder político”, dice Salvador, licenciada en Derecho, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, formación que le permite integrar temas de derechos humanos con asuntos como la economía de bienestar y la corrupción.

Su libro Separación de poderes, democracia y Estado de derecho conecta el presente con los pensadores fundacionales de la teoría política, como Locke, Montesquieu y Hobbes. “Para comprender y analizar desde una perspectiva jurídica la compleja situación que estamos viviendo es importante remontarnos al pensamiento clásico, en el que se formula la teoría de la separación de poderes”, dice durante una conversación en Madrid, en vísperas del ciclo lectivo de la Universidad Camilo José Cela, donde Salvador dirige el departamento de Derecho y es docente de grado y posgrado.

Las injerencias de un poder en otro hoy se han multiplicado en las democracias, sostiene Salvador. Principalmente, por parte del Ejecutivo, que se atreve a cuestionar en modo creciente la labor del Poder Judicial, lo que pone en jaque las bases en que se sostiene una república. “Esto es gravísimo –señala la experta– porque se trata de un poder que debe ser independiente, ya que de él depende la seguridad jurídica de cualquier nación. Si perdemos la confianza en nuestros jueces y en que, de cometer delito, todos vamos a ser juzgados de la misma manera, perdemos también la confianza en las instituciones”.

–En Argentina, el kirchnerismo insistió con un proyecto que llamaba “democratización de la Justicia”, que proponía la elección de los jueces por voto popular. ¿Cuál sería el argumento para mantener este poder por fuera de lo plebiscitario?

–Los jueces acceden a la carrera judicial por oposiciones y méritos. El sistema que prescribe la Constitución española establece una participación del Congreso de los Diputados y del Senado, y eso conlleva la preocupación por la politización. De ahí que las asociaciones de jueces, que son las que mejor conocen quiénes son los mejores candidatos, reclamen esa función. Todos queremos que lleguen a jueces las personas mejor preparadas, y que consigan su puesto por sus conocimientos y su imparcialidad. Pero poner a la ciudadanía en la posición de elegir quiénes son los mejores jueces es algo muy delicado.

–¿Las declaraciones del Ejecutivo contra los jueces son más graves cuando están involucrados en causas judiciales?

–En este momento de crispación política tan preocupante debemos recordar la teoría de la separación de poderes, el contrato social. Esa asociación política que tenemos en forma de Estado no tiene otro objetivo que garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos. Para eso tiene legitimidad en el Estado. El Poder Ejecutivo debe cumplir un programa político por el que ha sido elegido, hacer cumplir las leyes y llevar la política exterior e interior del país, pero no puede obstaculizar la labor de los jueces y tribunales.

–¿La ley de amnistía recién sancionada en el Parlamento español en beneficio de los líderes del independentismo catalán, que ha sido rechazada por los jueces, ejemplifica este caso?

–Esta ley, aprobada en el Congreso de los Diputados por 177 votos a favor y 172 votos en contra, otorga un perdón generalizado a ciertos individuos, creando una brecha en la igualdad de los ciudadanos y atentando gravemente contra el principio de separación de poderes. En ese sentido, esta ley española contrasta con legislaciones de otros países, en los que la amnistía se ha utilizado para promover la reconciliación nacional y superar conflictos del pasado, respetando los principios democráticos y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso la mayoría de la sociedad española se encuentra indignada por la aprobación de esta norma.

–¿Qué aporta una entidad como la Unión Europea para resolver esta tensión con aristas políticas y judiciales?

–Todo apunta a que se planteará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que garantiza la correcta interpretación y aplicación del Derecho de la Unión en todos los estados miembros. Este tribunal deberá pronunciarse sobre la conformidad de esta ley con el derecho de la UE, que tiene primacía respecto de las leyes nacionales que la contradigan. En este sentido, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 1° de la ley de amnistía, por considerar que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

–En Latinoamérica nos resulta extraña la convivencia de la monarquía con sistemas parlamentarios constitucionales.

–España es una monarquía parlamentaria, como otras en Europa. La función del jefe de Estado en España, que ejerce el rey, es una función de moderador y de diplomacia exterior. No tiene poder de decisión pero sí un poder de representación que creo es importante. El rey Felipe VI es una persona muy moderada y muy bien formada, que puede mediar cuando hay tanta crispación.

–Según su libro, la democracia vino a reemplazar la legitimidad divina de las monarquías, pero hoy surgen autocracias en las que se endiosa a un líder surgido de la voluntad popular.

–El pensamiento clásico de los contractualistas como Rousseau o John Rawls nos recuerda que el hombre cede una parte de su libertad a cambio de seguridad. Esa seguridad nos la ofrece el Estado en forma de administración pública. Pero es la soberanía popular la que, en última instancia, elige a esos representantes y les concede esa legitimidad con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos. En las últimas décadas han proliferado grupos nacionalistas y populismos radicales que hacen tambalear la legitimidad democrática. Es el control de la actuación de los dirigentes públicos lo que impide el abuso de poder. En España, por ejemplo, contamos con el Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador de la gestión pública. Es muy importante que exista ese control real y que los funcionarios lo perciban, para que no puedan disponer de esas cuentas públicas sin rendición.

–¿Por qué la transparencia es condición virtuosa de la democracia?

–La transparencia sirve no solo para castigar la asignación de los recursos públicos a causas distintas a las previstas por ley. También funciona de manera disuasoria cuando los dirigentes saben que tienen que publicar toda la información de las cuentas públicas. En la Unión Europea existen otros mecanismos, como el grupo Greco, que es el Grupo de Estados contra la corrupción. El Consejo de Europa, que a veces se confunde con la Unión Europea, también publica informes periódicamente en los que revisa la efectividad de los marcos anticorrupción en diferentes países, haciendo recomendaciones que deben cumplir todos los países miembro.

–El presidente argentino emitió un decreto que restringe el acceso a la información. Aunque criticó el caso que involucra a la mujer de Pedro Sánchez, el fundamento del decreto se asemeja a los argumentos del presidente español: busca excluir del escrutinio público las conductas del ámbito privado familiar. ¿Deben quedar fuera de la transparencia?

–Hay que publicar de manera transparente la situación patrimonial y económica de la unidad familiar y toda su actividad económica para ejercer este control, única manera de evitar que se produzcan abusos de poder. Algunos periodistas decían que deberían estar más delimitadas las funciones de la pareja del presidente del Gobierno, pero no podemos hacer leyes de todo. Debe primar el sentido común que indica que un familiar de una persona que ostenta un cargo público no puede aprovecharse de esa situación.

–Además del exceso de leyes, el libro plantea la descentralización como obstáculo para la transparencia. ¿Por qué ocurre eso?

–La descentralización de muchos países, como España y la Argentina, ha sido un proceso poco meditado, peligroso en muchos sentidos. Hay muchos estudios que muestran que los niveles más altos de corrupción se producen en el sistema más cercano al ciudadano. En la administración local hay una cercanía mayor con el sector privado y con los ciudadanos, que facilita el intercambio de favores. Por eso debe vigilarse.

–En la Argentina estamos en grave déficit en temas de transparencia. ¿Cómo se puede mejorar?

–Volviendo al sentido común, con pocas leyes, claras, sencillas y transparentes. La finalidad de las leyes es que los ciudadanos las cumplan. Si no las entienden, o no entienden los datos que se publican de acuerdo con esas leyes, no sirven de nada. Los gobiernos deberían hacer una revisión continua de cuáles datos son realmente útiles para que la sociedad pueda saber en qué se gasta el dinero. La transparencia está muy bien, pero hay que darle forma y sentido.

–Muchas veces el Estado de bienestar se evalúa por la cantidad de dinero gastado por los gobiernos pero, según este enfoque, ¿sería mejor pedir una rendición que demuestre si esos fondos cumplieron con los fines previstos por la ley? Pienso, por caso, en la reciente polémica sobre si las leyes de violencia de género han sido efectivas.

–Acabas de sacar un tema muy delicado. Vemos que la ley de protección de la mujer de 2005 no ha sido efectiva aquí en muchos casos, porque incluye mecanismos que se ponen en marcha cuando hay una denuncia. Pero en muchos casos las mujeres no han denunciado. Y la cifra de mujeres que mueren a manos de sus parejas va aumentando todos los años. Esto es gravísimo y nos hace pensar que la ley necesita una revisión para combatir más este problema tan grave.

–¿Cuánto aportan ahí lo que en el libro se trata como asociación de intereses?

–Las organizaciones del tercer sector están para llegar a donde no llegan los poderes reconocidos. Todas las organizaciones que representan los intereses de los ciudadanos son una fuerza muy importante que están produciendo cambios sociales.

–¿Por eso la libertad de expresión y de asociación es lo primero que persiguen las autocracias?

–La sociedad de la información cada vez tiene más fuerza, y es fundamental que los Estados y las organizaciones internacionales aseguren la libertad de expresión de los ciudadanos. Por otro lado, también tenemos que mantener el rigor y la veracidad en los datos que publican los medios. La libertad de expresión también tiene límites. Como cuando hablamos de una presunción de inocencia: no podemos criminalizar a alguien cuando no ha tenido todavía un juicio justo. Cuando hay dos derechos en conflicto, tenemos que ponderar cuál debe prevalecer.

–¿Qué opina del caso de la prohibición de usar la red X a todos los usuarios por la actividad sospechosa de un par de centenares de cuentas, medida que dictó un juez del Tribunal Supremo de Brasil?

–Desde mi punto de vista, esa medida es totalmente desproporcionada y ataca a la libertad de expresión. ¿Qué se está poniendo en peligro? ¿La causa es la desinformación, las mentiras, los delitos de odio? No hay evidencias claras de que esto esté ocurriendo. Hay casos controvertidos, como el de la matanza de San Bernardino, en el que Apple se negaba a dar la información del teléfono móvil de una persona que había sido arrestada como posible terrorista. Finalmente, una orden judicial logró que Apple compartiera esa información. En este caso, la intimidad no está por encima un derecho superior, que es el de la seguridad. En el caso de Brasil hay un abuso de poder cuando a través de una norma se limita la libertad de las personas a que se expresen libremente a través de una red social.

–En Latinoamérica se suele poner como parámetro de regulación de la Unión Europea, pero luego esas leyes se usan para criminalizar la expresión, ¿cómo garantizar que una ley no sea un instrumento de opresión?

–Me viene a la cabeza una frase de Montesquieu: “Una ley no es justa por el hecho de ser ley, sino que es ley porque es justa”. Es decir, toda ley debe ser presidida por el principio de justicia y no puede utilizarse para oprimir a los ciudadanos o como mecanismo para coartar la libertad de las personas.

–El caso de X en Brasil habla de un ecosistema mediático que excede la jurisdicción de los Estados. Pero lo mismo pasa con el narcotráfico o la corrupción.

–La globalización está creando problemas de jurisdicción. Para enfrentarlos desde el derecho, en el área privada se están articulando sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos como el arbitraje, la mediación, la conciliación, que consiguen traspasar esas fronteras en el comercio internacional. En temas públicos o penales es mucho más delicado. Ahí tenemos que apelar a las organizaciones internacionales, que tienen que garantizar esa seguridad global. Organizaciones como Naciones Unidas se crean precisamente para preservar la paz y la unión de todos los pueblos y garantizar los derechos humanos. Pero es verdad que vemos que estas organizaciones internacionales son poco efectivas. Llama la atención que estén pasando cosas como lo de Venezuela y que la comunidad internacional no intervenga. Nadie quiere cuestionar la soberanía de cada Estado.

UNA ACADÉMICA ATENTA A LA CRISIS

Perfil: Miriam Salvador García

Miriam Salvador García nació en Madrid. Desde 2019 es directora del Departamento de Derecho de la Universidad Camilo José Cela, de esa ciudad.

Es licenciada en Derecho y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude.

Realizó estancias de investigación en la Universidad de Tufts, en Boston, y en la Universidad de Maribor, Eslovenia.

Sus líneas de investigación incluyen el sistema de protección de los derechos humanos, la teoría de la justicia y la resolución extrajudicial de conflictos.

Es miembro de la Cátedra Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y del grupo de investigación sobre el impacto de la revolución tecnológica y de los nuevos retos geoestratégicos sobre las estructuras jurídicas y económicas.

Acaba de publicar el libro Separación de poderes, democracia y Estado de derecho.

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