María Eugenia Talerico: “La corrupción se llevó mucho dinero y es parte del empobrecimiento del país”

Vestida de negro frente a las torres del complejo Le Parc, en Puerto Madero, María Eugenia Talerico exhibe una pancarta con una imagen de Alberto Nisman. “Los argentinos queremos terminar con la impunidad de los corruptos y con la cleptocracia”, expresa con determinación, mientras pide justicia por el fiscal, en plena investigación a la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de las causas de la AMIA y el Memorándum de entendimiento con Irán. Fue la semana pasada, al cumplirse nueve años del asesinato del fiscal.

La corrupción es uno de los grandes problemas que afectan a la Argentina desde hace décadas. Más allá de los vaivenes ideológicos, de los cambios de signo político y de los diferentes ciclos económicos que se suceden, ningún gobierno pudo resolverlo hasta ahora. A la lucha contra una impunidad que prevalece dedica buena parte de su esfuerzo María Eugenia Talerico, abogada penalista, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de Mauricio Macri, integrante de la ONG Será Justicia y ex candidata a senadora de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones.

“Si los argentinos solucionamos las urgencias económicas pero no logramos que nuestro país funcione con reglas de integridad, nuestro destino va a estar siempre comprometido”, advierte Talerico durante una entrevista con LA NACION, en medio de una coyuntura dominada por la apremiante resolución de la grave crisis económica que atraviesa el país. A su entender, el gobierno de Javier Milei debería luchar contra la impunidad y dar un ataque frontal contra la corrupción “si quiere defender las ideas de la libertad” y aumentar su legitimidad.

Según Talerico, experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo, “el kirchnerismo cooptó los organismos de investigación y control” y en los últimos 20 años impuso una corrupción “sistémica y estructural”, en colaboración con poderosos actores empresariales y sindicales.

La corrupción de los gobiernos de los Kirchner degradó la salud institucional y la calidad democrática del país, afirma Talerico, y eso ocurrió gracias a que hay “mucha tolerancia de la sociedad hacia la corrupción”.

Su compromiso con la justicia viene de lejos. “De chica tenía una actitud rebelde frente a las injusticias de las pequeñas cosas de la vida diaria –cuenta–. Era muy combativa, no dejaba pasar una. Después vine a Buenos Aires a estudiar escribanía, con la idea de volverme a Colón. Y enseguida el derecho penal me atrapó. Canalicé todo esto en la ONG Será Justicia. Y decidí involucrarme, en lugar de enfocarme solo en mi carrera y verla pasar desde afuera. Vi la cooptación de la Justicia, que estaba afectando a personas como el fiscal Campagnoli o el doctor Fayt. Ahí logré canalizar esa preocupación tan fuerte que tenía”.

–¿De dónde saca la valentía para presentar denuncias contra gente poderosa? ¿Alguna vez tuvo miedo?

–Tengo una baja percepción de los riesgos. Soy una persona corajuda y cuando decido actuar no mido las consecuencias negativas que me puede traer. Mi perfil no es el de una denunciante serial, una denunciante porque sí. Mi rol legal en la UIF me puso en un lugar más visible respecto a la lucha contra la corrupción. Una de las principales batallas que la Argentina tiene que dar es la de recuperar la integridad, para mejorar el funcionamiento del Estado. Si los argentinos solucionamos las urgencias económicas pero no logramos que nuestro país funcione con reglas de integridad, nuestro destino va a estar siempre comprometido.

–¿Cómo evalúa el funcionamiento actual de los organismos de control como la UIF, la Oficina Anticorrupción o la Auditoría General de la Nación?

–Los 20 años de kirchnerismo trajeron como novedad la cooptación de los organismos de investigación y control, que deberían ser autónomos e independientes. Esa costumbre a la política le gusta, porque frena a organismos poderosos para prevenir el lavado de dinero. Nombran funcionarios con poca aptitud, poco profesionalismo, que no sirven para cumplir la función legal. La Argentina ha degradado institucionalmente estos organismos. La Auditoría General de la Nación está funcionando mal, la Sindicatura General de la Nación está funcionando mal. Para pelear contra la corrupción, estos organismos tienen que estar en manos de profesionales independientes y éticos.

–Hace poco el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decidió que la UIF y la OA dejaran de ser querellantes en las causas contra el kirchnerismo. ¿Cómo interpreta la postura del ministro?

–La postura del ministro Cúneo Libarona debe ser evaluada en su contexto, con un presidente que señaló que había “tabula rasa”, es decir que no íbamos a mirar hacia atrás. En ese ínterin, el ministro de Justicia dijo que hubo una “guerra judicial”. Y eso es hacerse del vocabulario que utilizan las personas que se victimizaron con los casos de corrupción. Una corrupción sistémica, estructural y muy grave. Luego, el ministro trasladó a la UIF a su órbita. Antes, durante el gobierno de Macri, estaba en Economía, porque la UIF es esencialmente un regulador del sistema económico y financiero. El ministro de Justicia la devuelve a su propia área, mientras compra el lenguaje de la corrupción, y dice que los organismos de control “no van a perseguir”. Tengo diálogo con el ministro y le dije que me sentía afectada por sus dichos, porque la UIF cumplió un rol legal. No persiguió a nadie. Toda la prueba que agregamos a los expedientes fue legalmente adquirida y demostraba que estábamos frente a casos de corrupción escandalosos. Circularon videos antiguos de él diciendo que Nisman se suicidó. Ponderó el alegato de los defensores de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Quizás ha sido durante mucho tiempo defensor de quienes hoy están involucrados en los casos de corrupción. Cuando se pronuncia como ministro de Justicia debería tener más cuidado. Lo estoy observando.

–¿Percibe una falta de compromiso por parte del Gobierno en materia de lucha contra la corrupción? ¿Puede la urgencia económica estar relegándola a un segundo plano?

–La tragedia económica es tan grande en la Argentina que obviamente es prioridad del Gobierno. Si no la resuelven, van a tener problemas para seguir adelante. Sin embargo, no es una cosa o la otra. La Argentina tiene una deuda importante respecto de la sanción de la corrupción, que se ha llevado muchísimo dinero de los argentinos y es parte del empobrecimiento del país. Esa lucha no debe ser postergada y debe ser emprendida inmediatamente. Porque además, si el gobierno la emprende, le va a dar legitimidad. Vamos a aguantar mucho más los argentinos si vemos a un presidente decidido a combatir a los corruptos, a los que se robaron tanto dinero, afectando la vida sacrificada de muchos argentinos. Los argentinos necesitamos sanar y se sana terminando con la impunidad. Hay una sensación de que los corruptos nunca pagan. Eso genera mucha hipocresía y resignación, mucha tolerancia hacia la corrupción de parte de la sociedad. La Argentina parece ser una sociedad que premia a los corruptos.

–Haciendo un repaso de las principales causas contra el kirchnerismo, ¿en qué estado están hoy esos casos más emblemáticos, como la ruta del dinero K o los cuadernos de las coimas?

–Hubo un avance muy importante de todas esas causas durante el gobierno de Mauricio Macri, gracias a que la información que necesitaban los jueces y fiscales dejó de estar retenida. Pero cuando vuelve al gobierno Cristina Kirchner, retroceden los jueces en su actuar. Volvió con su plan de impunidad y un gran embate hacia quienes habían actuado en las causas. Así y todo, hay que destacar el accionar particular de los doctores Pollicita, Villalba, Velasco, Luciani y Mola. Lograron llevar adelante el caso de Vialidad Nacional y la ruta del dinero K. Después tenemos Hotesur y Los Sauces, donde los jueces Petrone y Barroetaveña decidieron reabrir las causas. Vamos a tener juicio oral prontamente, espero. Estamos observando si hay interferencia o no del ministro de Justicia. Luego está el pacto con Irán, un caso de encubrimiento a un país que patrocina el terrorismo internacional y que ahora fue reabierto por la Sala de Casación. Ahí están involucrados Zannini, Parrilli, Cristina Kirchner y el agente de inteligencia Alan Bogado. Y por último, los cuadernos de las coimas, que es el caso testigo de la lucha contra la corrupción en la Argentina. Porque es más fácil ir contra los funcionarios de los gobiernos que se van que contra los empresarios argentinos. El empresariado argentino está acostumbrado a funcionar con un Estado que interfiere en todos los procesos productivos. Que otorga cupos, beneficios, obras públicas. Es un caso muy difícil de resolver y es muy importante encontrarle una solución. El sector de obra pública, siempre amañado y corrupto, de acá para adelante debería iniciar un proceso de transparencia.

–¿Cuáles son los sectores involucrados en ese entramado que busca la impunidad?

–La impunidad está presente en todos los estamentos de personas muy poderosas. Junto con el empresariado argentino y los funcionarios públicos, el sindicalismo argentino es otro de los grandes nichos de corrupción en la Argentina. Es parte de la patria corporativa que siempre frena los avances en la lucha contra la corrupción. Los dirigentes gremiales se enriquecen mucho y su perpetuidad en el poder es un gran problema. Porque ellos quedan. Entonces, hay pocos jueces que se animan a investigarlos. Cuando el poder político que decidió enfrentarlos se va, los jueces quedan muy solos. El sindicalismo es un nicho de corrupción, extorsiones y mala praxis. Y eso no lo vamos a corregir hasta que no sancionemos una ley que limite los mandatos de los sindicalistas.

–Enfocándonos en los casos más recientes de corrupción, como el de Insaurralde, el de Chocolate Rigau en la Legislatura bonaerense o su denuncia contra Sergio Massa, ¿qué hace falta para avanzar con estas causas?

–Sé las dificultades que el fiscal Mola está teniendo para avanzar en el caso Insaurralde. Por eso, espero que él reciba institucionalmente el apoyo del Ministerio Público Fiscal hasta las últimas consecuencias y que resista el proceso, porque tiene familia y porque los funcionarios que investigan la corrupción a veces se encuentran muy solos. El segundo caso importante es el de la Legislatura bonaerense. Es un escándalo político de proporciones más grandes de las que imaginé cuando hice la denuncia. La impunidad en la provincia de Buenos Aires es muy grande. La Legislatura bonaerense es una caja fenomenal de la política. Por eso están todos en silencio. Quieren reorganizar el caso, para que no escale hacia las esferas más altas del poder político. Está dando muchos avances una fiscal en soledad, Betina Lacki, con mucha determinación. Después, el tercer caso es mi denuncia contra Massa, que fue ministro de Economía y candidato a presidente, un doble rol que los argentinos no debemos permitir. Hice una denuncia seria, con testigos importantes, con informes de consultoras económicas de primer nivel que alertaron que las medidas de Massa junto con su emisión monetaria iban a fundir a la Argentina. Hoy estamos viviendo las consecuencias. Esas medidas son claros actos de defraudación hacia los argentinos.

–¿La impunidad es el gran problema del país? ¿Cómo se relaciona la corrupción con la crisis económica y sus consecuencias sociales, reflejadas en el aumento de la pobreza y la expansión del narcotráfico?

–La integridad es un pilar fundamental que se ve afectado por la corrupción sistémica y estructural que sufrimos. Si el Presidente defiende las ideas de la libertad, tiene que dar un ataque frontal contra la corrupción. Porque no hay un mercado de libre competencia si la corrupción pone las reglas. Las de un sector empresario acomodado, prebendario, que siempre creció bajo la sombra del Estado. Las inversiones a largo plazo requieren seguridad jurídica, y la corrupción la corroe y afecta el buen clima de negocios. Entonces, solo viene al país la inversión cortoplacista y especulativa. Además, a los gobiernos corruptos la gente les deja de pagar impuestos, porque no reciben servicios públicos de calidad. Eso deteriora la macroeconomía, porque se resiente la recaudación de impuestos y la renta estatal. Entonces, el país se endeuda, se desordena, se queda sin crédito y recurre a la emisión monetaria, única manera de financiar a un Estado que aumentó su tamaño para facilitar la corrupción. Y ahí la inflación empieza a golpear a todos los ciudadanos. Afecta también a las inversiones públicas. La educación y la salud son las áreas de inversión más castigadas, porque ofrecen menos oportunidades para generar caja política. La corrupción también afecta el Estado de derecho y deslegitima la democracia, porque la gente deja de confiar en los gobernantes y les parece que son todos iguales. En cuanto a la seguridad, la corrupción cataliza todos los delitos y ayuda a que penetre el crimen organizado y el narcotráfico, como ocurrió en Rosario. La corrupción distorsiona todas las funciones esenciales del Estado.

–¿Cómo ve a Juntos por el Cambio hoy?

–En Juntos por el Cambio quedó todo muy disperso. No veo un liderazgo claro ni tampoco homogeneidad. Hay que ver qué quedó de todo eso. Parecería que muchos de sus referentes hoy apoyan al Gobierno, aunque están haciendo algunas correcciones en la ley ómnibus y en el DNU con ánimo de ayudar. Otros hacen correcciones más importantes y tienen voces de oposición más marcadas. Muchos no saben para dónde ir, y de alguna manera están esperando a ver cómo le va a este gobierno. Hay problemas de reacomodamiento interno muy grandes. Espero que apoyemos el cambio de rumbo que se está señalando.

Una aguerrida defensora de la ley

■ María Eugenia Talerico nació en Colón, provincia de Buenos Aires. Es abogada penalista experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo. Fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera Argentina (UIF) (2016-2020). Y es vicepresidenta de la ONG Será Justicia.

■ Participa en la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Belgrano y como docente en programas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de la UCA y la UBA, así como en el Seminario de Ética para estudiantes de abogacía de la UCA.

■ Representó a la UIF ante contrapartes extranjeras y otras autoridades del exterior en reuniones sobre temas estratégicos, así como en organizaciones y grupos internacionales (GAFI Gafilat/Grupo Egmont/ OCDE/ OEA/ G20, entre otros).

■ Escribió el libro Destrucción institucional, con prólogo de Ricardo López Murphy, donde analiza el plan de impunidad instrumentado por el kirchnerismo.

■ Miembro del partido Republicanos Unidos, es reconocida por ocuparse de combatir la corrupción en distintos ámbitos.

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