Leonardo Gasparini: “La corrupción beneficia a los poderosos y agranda la brecha de desigualdad”

En las calles de cualquier aglomerado urbano, un grupo de cartoneros y personas en situación de calle revuelven desesperados la basura. Buscan cartones, plásticos, elementos reciclables y desechos de alimentos. Algo que les sirva para asegurar su propia subsistencia durante un día más. Esta escena podría situarse durante el auge de los devastadores efectos de la crisis de 2001. Pero se trata de una imagen de impresionante actualidad. En el medio, transcurrieron más de 20 años sin que la Argentina lograra reducir de manera significativa la desigualdad social ni la pobreza extrema. El dato más reciente del Indec arroja un coeficiente de Gini de 0,441 para el último trimestre de 2021. La cifra es similar a la de hace tres décadas atrás.

La desigualdad es un fenómeno persistente en nuestro país y en la región de América Latina. El economista Leonardo Gasparini se propone analizarlo en profundidad en su nuevo libro Desiguales. Una guía para pensar la desigualdad económica. En este trabajo de reciente aparición, publicado por la editorial Edhasa, busca abordar este fenómeno tan complejo y controvertido utilizando la evidencia como base. “Luchar contra la corrrupción es redistributivo y progresivo”, expresa Gasparini, fundador y director del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Doctor en Economía de la Universidad de Princeton, es además profesor de grado y posgrado en la UNLP, investigador del Conicet, ganador de una beca Guggenheim y de un Premio Konex de Platino. También es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Gasparini considera que “hay margen para mejorar” las políticas de asistencia social, hoy “rudimentarias y poco sofisticadas”. También, que alcanzar la estabilidad macroeconómica y volver al crecimiento son cruciales para disminuir la desigualdad. “No es un problema de falta de políticas, sino de gestión y de administración del gobierno”, apunta, a la hora de explicar la enorme brecha social que existe hoy en la Argentina.

–En el libro se plantea que la desigualdad es inevitable, y sin embargo buscamos reducirla lo más posible. ¿Cómo resolver esta paradoja?

–La paradoja es en parte el resultado de simplificar un fenómeno complejo. Hay muchas desigualdades en el mundo: las justificadas y las inequitativas, las tolerables y las inaceptables, las funcionales y las disruptivas. Que una persona más esforzada gane moderadamente más que otra si ambas tuvieron las mismas oportunidades no es injusto y es funcional al progreso. En cambio, que otra gane más solo porque tuvo más oportunidades o por privilegios del poder o por corrupción no solo es moralmente injusto sino también disfuncional para el progreso económico. Esas desigualdades hay que eliminar.

–Hace dos años, la pandemia de Covid incrementó la desigualdad y la pobreza. ¿Cómo resolver esa cuota extra de inequidad en el mundo pospandemia?

–Los gobiernos intentaron aliviarla de dos formas: tratando de volver rápido a la normalidad productiva y ampliando los programas de transferencias sociales. Y en general han tenido un éxito razonable en evitar un aumento fuerte de la pobreza y la desigualdad, más allá del pico de 2020. En todo el mundo los niveles actuales de desigualdad no son superiores a los de la prepandemia. Las consecuencias más graves de la pandemia recién van a ser visibles en unos años. Hay dos fenómenos preocupantes. El primero es una mayor automatización de la producción: las personas menos calificadas enfrentan una amenaza mayor. El segundo es el impacto de la pandemia sobre la educación, fuerte y muy asimétrico. Para los niños y jóvenes vulnerables fue muy difícil mantenerse al día con el proceso educativo. La probabilidad de completar la escuela secundaria cayó mucho más para los niños en contextos vulnerables. Esto hoy no aparecen en los indicadores de desigualdad, pero lo van a hacer en unos años.

–América Latina suele ser catalogada como “la región más desigual del mundo”. ¿Es así? ¿Por qué vemos tanta desigualdad en nuestra región?

–Bastante acertada. Toda América Latina tiene niveles de desigualdad superiores a los de aquellos países con un nivel de desarrollo similares. Este fenómeno tiene un nombre: el “exceso de desigualdad” de América Latina. Hay muchos factores que lo generan: anchísimas brechas educativas, alta desigualdad en la distribución de la tierra, debilidad en los mercados de crédito, baja progresividad del sistema tributario, evasión, corrupción y privilegios extendidos, gasto social poco focalizado e ineficiente, inestabilidad macroeconómica. Pero ese listado nos lleva a otra pregunta: ¿por qué tenemos en América Latina todas estas características? Y acá la respuesta es más difícil. Es un debate abierto.

–Mientras la región logró reducir su desigualdad en líneas generales durante los últimos años, con excepción de la pandemia, la Argentina no. ¿Por qué?

–Hay un contraste frustrante. Mientras que hoy la desigualdad en América Latina es menor que hace 30 años, en la Argentina es similar. En la región la pobreza de ingresos cayó desde comienzos de los años 90; en cambio en la Argentina las cifras actuales son superiores a las de esa época. Hay pocos países en el mundo que no lograron avances contra la pobreza de ingresos en las últimas décadas y aún son menos los que sufrieron aumentos: ahí está la Argentina. Las razones de este enorme fracaso son múltiples. El efecto de la volatilidad macroecómica y de las grandes crisis es central. Cada crisis es un empujón hacia arriba en términos de desigualdad. También hay temas más estructurales. La Argentina avanzó poco en mejorar la educación de los niños y jóvenes de familias vulnerables, en generar más empleo formal, en aumentar la progresividad tributaria, en reducir los privilegios y la corrupción, en expandir el acceso al crédito, en aumentar el impacto del gasto social. Sin esos avances, lo que nos queda es esperar que venga viento de cola para expandir algunas políticas sociales. Y con eso no alcanza.

–En nuestro país, a pesar de que crecen las políticas de asistencia, cada vez hay más desigualdad y pobreza. ¿Por qué?

–Hay evidencia que sostiene que los programas sociales sí contribuyen a bajar la pobreza y la desigualdad, al menos en el corto plazo. Las políticas sociales, en especial las de transferencias de ingreso como la AUH, ayudan a aliviar las carencias, pero no hay que esperar que curen el problema de fondo. Pedirles un impacto estructural sería demasiado. Me parece injusto exigirles efectos para los cuales no están diseñadas. De todas formas, creo que hay margen para que las políticas sociales funcionen mucho mejor y tengan mayor impacto. Hay margen para aumentar la cobertura en sectores muy marginales, para avanzar hacia la integración y consolidación de programas, para eliminar las filtraciones, para aumentar su eficacia redistributiva, para reducir el clientelismo y para mejorar la transición con el empleo formal.

–¿Qué podemos hacer para mejorar las políticas de asistencia social?

–La Argentina puede hacer muchas cosas mejor. Focalizar mejor esas políticas, por ejemplo. La AUH surgió en 2009 y nunca se modificó. Los otros países de América Latina fueron mejorando y focalizando sus políticas sociales. Hace falta hacer un esfuerzo por mejorar la transición al trabajo. Al focalizar los programas en el empleo informal, esto crea algún desincentivo a la formalización. Se podría aliviar ese sesgo con mecanismos que creen incentivos para que los empleadores contraten a beneficiarios de programas sociales. También, se podría ofrecer incentivos a los beneficiarios para que pasen al empleo formal. Esto podría hacerse manteniendo los beneficios por un tiempo determinado, hasta que desaparezcan de manera gradual. Se podría pensar en aumentar la productividad de esos trabajadores para que sean más empleables en el sector privado. La Argentina está atrasada y tiene mucho trabajo pendiente en ese sentido. No está haciendo lo suficiente para mejorar estos programas de transferencias de ingresos. Las políticas de asistencia social son bastante rudimentarias. Cumplen su papel, pero son poco sofisticadas.

–La última década arrojó malos resultados en cuanto a crecimiento económico. ¿Es este es uno de los motivos por los cuales la desigualdad en la Argentina no retrocede?

–El crecimiento económico facilita la reducción de la desigualdad pero está lejos de ser una condición suficiente. Una economía en crecimiento ofrece mejores oportunidades para bajar la desigualdad a través de dos canales: el del empleo y el del financiamiento de la política social. En una economía en expansión el desempleo suele caer. Además, el crecimiento permite políticas sociales más ambiciosas. Con más recursos fiscales las posibilidades de aumentar el gasto social con impacto redistributivo se expanden.

–¿La inestabilidad macroeconómica, acompañada de tensiones cambiarias e inflación persistente y creciente, contribuye a generar más desigualdad? ¿Reducir la inflación y estabilizar el tipo de cambio sería una solución para reducir la desigualdad y la pobreza?

–La estabilidad macroeconómica no es suficiente, pero sí es extremadamente importante. Es casi imposible pretender avances en desigualdad y pobreza en un contexto de crisis recurrentes y alta inflación. Estos dos fenómenos tienen efectos muy asimétricos: afectan mucho más a los más pobres. Peor aún, algunos efectos son duraderos en el tiempo, aun cuando la crisis se supere. Las políticas que buscan la estabilidad macroeconómica están entre las políticas sociales más fundamentales. Hay que evitar el otro extremo: el de esgrimir el argumento de sostener la estabilidad macroeconómica para oponerse a cualquier política redistributiva.

–En la Argentina, algunos sectores proponen reducir impuestos y otros consideran que es necesario aumentarlos. ¿Cómo impacta la cuestión impositiva en la desigualdad?

–Creo que un enfoque que confíe ciegamente en el libre mercado es ingenuamente optimista. El capitalismo desregulado es un sistema con poderosos incentivos al progreso material, pero con consecuencias distributivas inciertas. Ningún país serio en el mundo aplica un modelo de capitalismo desregulado. No lo hacen desde hace un siglo. Los países que más admiramos son capitalistas, apoyan el libre mercado, pero lo regulan. Todo tiene un límite. Si las tasas impositivas son demasiado altas, si la presión tributaria es agobiante, si los impuestos extraordinarios y regulaciones estrictas son la norma, entonces los incentivos fundamentales al esfuerzo, el trabajo y la inversión se debilitan y el peligro del estancamiento crece. Y en un marco de estancamiento las mejoras distributivas son más difíciles y la lucha contra la pobreza, casi imposible.

–¿Existe hoy margen para seguir aumentando los impuestos en pos de reducir la desigualdad?

–La impresión es que el margen para aumentar tasas y sumar impuestos es escaso. La Argentina ya tiene todos los impuestos del menú: impuestos a las ganancias, a los bienes personales, a las propiedades inmobiliarias, a la tenencia de bienes de lujo, a las herencias, y a eso se suman los impuestos indirectos. No creo que haya margen para incrementarlos mucho. Sí hay mucho espacio en otras direcciones: en reducir la evasión y la elusión, en ampliar la base impositiva, en suprimir privilegios, en actualizar valorizaciones de propiedades. Reducir la evasión sería un avance distributivo formidable, porque la intensidad de la evasión es muy asimétrica. La evasión en los más ricos es especialmente problemática porque además de muy regresiva genera una reacción en cadena. Si una persona ve que otra del percentil más alto evade, se siente autorizada a hacerlo también: ¿por qué voy a aportar yo si los más ricos no lo hacen? Ese fenómeno en cadena tiene implicancias sobre la sustentabilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica y también sobre la desigualdad.

–¿Cómo se vincula la desigualdad con la corrupción, que afecta mucho a la Argentina y a América Latina?

–La corrupción es un tema central. Tiene por lo menos dos implicancias muy importantes sobre la desigualdad, directas e inmediatas. Una es el delito puntual. Agranda las brechas, porque quienes se benefician de la corrupción a nivel estatal están en el poder o en las cercanías del poder. Ya pertenecen a los estratos superiores o la corrupción los coloca en ellos. Esto es profundamente regresivo. Pero hay una segunda consecuencia. Si el contribuyente cumplidor percibe que su esfuerzo no es acompañado por un gobierno honesto y eficiente, su moral tributaria va a decaer y va a esquivar él también sus compromisos. Luchar contra la corrupción es redistributivo y progresivo. Asegurarnos que todos paguemos nuestra parte justa de los impuestos es esencial para construir economías sostenibles e inclusivas en América Latina.

–¿Qué debería hacer la Argentina para reducir su desigualdad?

–La Argentina tiene los mismos impuestos, programas sociales, regulaciones laborales y gasto en educación que otros países. Entonces, no hay que inventar impuestos nuevos, sino calibrarlos mejor. No hay que inventar programas sociales nuevos, hay que gestionarlos mejor, focalizarlos mejor, generar mejores incentivos. Yo veo más un problema de gestión y de administración del día a día del gobierno, antes que un problema de grandes estrategias o de falta de políticas. Por mala gestión, la Argentina no hace bien un montón de cosas que algunos países hacen mejor.

CON FOCO EN LOS PROBLEMAS DISTRIBUTIVOS

PERFIL: Leonardo Gasparini

■ Leonardo Gasparini nació en 1966. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y doctor en Economía por la Universidad de Princeton.

■ Es fundador y director del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la UNLP, profesor de grado y posgrado en esa universidad e investigador del Conicet.

■ Fue profesor visitante en la Universidad de British Columbia (Canadá), Neuchâtel (Suiza) y en la Universidad Libre de Berlín, entre otras instituciones.

■ Ha obtenido la beca Guggenheim, el premio de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y el Konex de Platino en el área de Desarrollo Económico.

■ Es miembro titular de la Academia de Ciencias Económicas desde 2017.

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