La teoría del lawfare, cada vez más devaluada

La pata mediática del “lawfare” consistiría en medios de comunicación tildados de “hegemónicos” que integrarían una supuesta maniobra para perseguir líderes “populares” a través de acusaciones falsas de corrupción, en coordinación con la Justicia y el “imperio”, que así pretendería hacerse con el poder político local y quedarse con los recursos del país. Sin embargo, la realidad ofrece datos empíricos que nos permiten deconstruir toda la teoría y en consecuencia dudar del rol que se le imputa a la prensa.

Es falso el supuesto “monopolio” atribuido por el “lawfarismo” a ciertos grupos de medios, entre ellos LA NACION y Clarín, porque: 1. el tema fue regulado por la ley 26.552 o ley de medios a instancias del sector que se siente agraviado por sus publicaciones; 2. de existir realmente, podrían neutralizarse conforme la ley 27.442 o ley de defensa de la competencia; y 3. existen un sinnúmero de medios alternativos que llegan también a conformar literales conglomerados mediáticos con su propia línea editorial afín a dicho sector y permanentemente beneficiado por él (hablo de los Grupos Indalo, que se presenta a sí mismo como “uno de los principales multimedios de la Argentina”, y Octubre, que reúne al menos 21 empresas de medios que incluyen canales de tv, radios, diarios, portales de noticias, etc.).

Contrariamente a lo que se postula, en nuestro país un grave foco de peligro para la libertad de expresión tiene origen en la propia administración supuestamente perseguida con el lawfare: un caso paradigmático resuelto por la Corte Suprema fue protagonizado por ese sector, al que se condenó a pagar –es decir, a destinar nuestros impuestos al pago de– una indemnización “por el abuso de la facultad discrecional del Poder Ejecutivo… en el manejo de… la contratación de publicidad oficial para, de esa manera, censurar indirectamente… al diario Perfil” (Fallos: 334:109).

Yendo más hondo, la cosmovisión que profesan quienes formulan las críticas a la prensa argentina se emparenta a la que siguen países donde la libertad de expresión no es ya un bien escaso, sino que prácticamente ha dejado de existir, sea por vía de la censura directa, de la intervención indirecta o de la –más triste y dañina– autocensura. No hace falta más que buscar un poco para encontrar contundentes informes de organismos serios (recomiendo: www.es.amnesty.org) que describen una sombría realidad sobre dicha libertad en, por ejemplo, China, Rusia, Irán y Venezuela, con escalofriantes datos que van desde la vigilancia constante hasta las detenciones de periodistas e intelectuales.

Las alertas se encienden aquí cuando se advierte que dichos regímenes reconocen en sus constituciones (como nosotros: art. 14, CN) el derecho a la libertad de expresión y que (como también nosotros) han firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su art. 19 garantiza ampliamente ese derecho; y que el sector político que afirma la existencia del “lawfare”, paradójicamente, es el que ha protagonizado más, y los más graves, ataques contra la libertad de expresión, de información y de prensa.

No se olvida que la retorcida salutación: “Hoy, estamos apretando a los periodistas (con un fuerte abrazo)”, compuesta de sarcasmo y cinismo por partes iguales, provino hace años desde el mismo espacio que hoy denigra a la prensa con la teoría del lawfare. Podemos concluir, con el diario del lunes, que esa fórmula poseía además una evidente pizca de premonición.

Tomando solo los últimos fines de gestión, en 2015 Adepa señaló el “manejo militante de los medios públicos” y la “asignación arbitraria, discriminatoria y sin control de la pauta publicitaria del Estado”, entre otras; en 2019 destacó un “positivo balance en materia de libertad de prensa”, remarcándose que “se desmontaron los mecanismos de hostigamiento contra periodistas y medios que se habían instalado en la anterior gestión”; y en lo que va de 2023, fue categórica: “Esgrimir construcciones dialéctico ideológicas como la del lawfare o la de la ‘mafia mediático-judicial’ no reemplaza la contrastación fehaciente de los hechos concretos ni el deber de dar cuenta por ellos”.

En dicho contexto, los “lawfaristas” y sus afines oponen también cuestionamientos hacia los bots, trolls, political haters y las fake news, que atribuyen siempre a la “oposición”. Sin embargo, cualquiera advierte que esos infames recursos pueden ser patrimonio del mismo bando que lo denuncia y servir para atacar, inclusive, a los medios y el Poder Judicial, tal como hace el “lawfarismo”.

Esto último se explica especialmente porque ambos, prensa y Justicia, son dos pilares fundamentales sobre los que reposan las instituciones republicanas y la necesaria lucha contra la corrupción que ellas deben emprender y continuar. Su corrosión es así, no simple consecuencia premeditada del lawfare, sino la causa misma del origen de tan improbada teoría.

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