La paradoja de los 40 años de democracia y la actual encrucijada

“No hay, no puede haber, buenas finanzas públicas donde no hay buena política” (Leandro N. Alem )

Una paradoja inesperada se combinó con el aniversario de los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina. Asistimos a la asunción de un legítimo presidente que carece de partido; que solo cuenta con dos años de experiencia en la acción política y que, dueño de una personalidad extravagante, llama la atención de los observadores y analistas de aquí y del exterior.

La nueva administración se postula como iniciadora de un cambio revolucionario y sostiene que repondrá a la Nación en una posición de liderazgo extraviada desde hace cien años. ¿Avanza la libertad?

Una de las características de la situación global, particularmente desde la crisis financiera de 2008, es la inestabilidad sistémica y, también, la erosión de los consensos tanto domésticos como internacionales.

Una consecuencia de los déficits de gobernanza global es que el impacto económico y social de la crisis abrió las puertas a movimientos políticos que canalizaron la insatisfacción y el descontento con liderazgos emergentes de cuño antisistema. En el contexto del deterioro global de la salud de las democracias surgen experimentos políticos conocidos como “gobiernos iliberales” que se caracterizan por ignorar o eludir los límites constitucionales de su poder.

Ese clima global de época, con democracias acosadas y que se deterioran desde adentro antes que ser tumbadas por golpes de Estado, puso un marco a la competencia electoral argentina. En nuestro país, la insatisfacción se asienta en un dato irrefutable: el estancamiento y la alta inflación, que se explican por la ausencia de un patrón productivo sostenible, luego del agotamiento del esquema de industrialización sustitutiva de importaciones a mediados de los años 60.

Ese retroceso relativo no se detuvo en la gestión del gobierno peronista del Frente de Todos-Unión por la Patria. Al contrario, el desesperado intento en los finales de ese gobierno, con la nominación de Sergio Massa y su capitalismo de compinches, costó a los argentinos un incremento del gasto público de alrededor de dos puntos del Producto Interno Bruto.

En realidad, los resultados de esa gestión, la peor desde la inauguración democrática de 1983, pueden sintetizarse así: inflación de tres dígitos por primera vez en el siglo, que cuadriplica la del periodo presidencial precedente; el ingreso por habitante es inferior al registrado al comienzo de su gestión; la pobreza creció en más de 3,3 millones de personas; en un récord histórico de endeudamiento, la deuda pública aumentó a razón de casi 30.000 millones de dólares promedio anual en los cuatro años de la gestión inspirada por el kirchnerismo.

A ese estado de “recesión democrática” –a escala global y regional– y a las objetivas consecuencias sociales del estancamiento secular de la economía argentina, es necesario agregar el impacto de la pésima gestión oficial del Covid sobre las conductas individuales, en particular los jóvenes.

La extensión del confinamiento, junto al prolongado cierre de escuelas, colegios y universidades, potenció sentimientos de miedo, angustia y depresión que contribuyeron a gestar en vastos sectores sociales reacciones de cuestionamiento in totum al orden social y político establecido.

Los argumentos precedentes no alcanzan, con todo, a explicar el resultado electoral. Corresponde entonces que sea complementado por el análisis de por qué Juntos por el Cambio no fue el principal cauce para expresar la voluntad mayoritaria de cambio de la sociedad argentina. Algunas razones, entre otras, se encuentran en las propias debilidades exteriorizadas por la coalición:

-La conducción nacional de la coalición careció de una estrategia integral y compartida para abordar las 17 elecciones provinciales que se desarrollaron antes de los comicios presidenciales.

-La dirección nacional de la coalición no se propuso, a diferencia de las otras dos anteriores elecciones presidenciales, concretar listas comunes de legisladores nacionales en las 24 jurisdicciones del país.

-Las autoridades nacionales de la UCR menospreciaron la importancia de competir con candidatos propios en la contienda presidencial

-Las ambiguas, equívocas y persistentes manifestaciones y actitudes del expresidente Mauricio Macri en relación con sus preferencias electorales.

Estas evidencias llevaron a que buena parte de la sociedad que reclamaba el cambio percibiera la propuesta de JxC como confusa, endogámica y endeble.

Así, la opción a la continuidad de la fracasada combinación de populismo político y facilismo económico recargado fue la candidatura libertaria, creación del gobierno para dividir a la oposición y que, además del apoyo financiero y logístico del oficialismo, consiguió patente de legitimidad con los confusos pronunciamientos del expresidente.

Riesgos del nuevo gobierno

El nuevo gobierno inicia su gestión con la legitimidad provista por la mayoría obtenida en la segunda vuelta electoral y, también, con las limitaciones que la voluntad popular y las reglas electorales le impusieron. Así, su contingente legislativo se reduce al 15% y al 10% en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, respectivamente. Asimismo, ninguno de los 24 titulares de los gobiernos subnacionales pertenece a su fuerza política y solo 3 intendentes de ciudades de menos de 3000 habitantes cada una, sobre las más de 2000 del territorio nacional, obtuvieron sus triunfos electorales en representación de su partido.

La posibilidad de afrontar con éxito los desafíos mayúsculos a los que se enfrenta la sociedad argentina exige la combinación virtuosa de varias dimensiones: la formulación de un diagnóstico preciso; la articulación de un programa integral con prioridades claras y equipos cohesionados; la construcción del suficiente respaldo político que provea legitimidad para las transformaciones necesarias y, finalmente, el acompañamiento internacional para remover los obstáculos al progreso individual y social.

Para quienes estamos convencidos, por razones doctrinarias confirmadas por las mejores prácticas de países vecinos, de la asociación positiva entre la calidad y fortaleza de la instituciones y el desarrollo económico es imposible coincidir en que el camino de superación del estancamiento exija que el Congreso convalide un DNU y apruebe a libro cerrado un proyecto de ley que, en conjunto, suma en sus partes dispositivas 251 páginas con 1030 artículos que derogan centenares de leyes.

Por otro lado, la incomprensible ausencia de prioridades se patentiza cuando los temas relevantes se confunden en una lista que incluye la autorización para la reventa de entradas en espectáculos deportivos o la prescripción a los magistrados en el uso de la toga.

Las designaciones pendientes en los equipos de gobierno, así como los funcionarios nombrados que renuncian y la continuidad de otros en cargos claves de la administración saliente, hablan de improvisación y conflictos en el centro de decisiones del poder.

En el mismo registro de signos preocupantes, las falsas imputaciones a los legisladores y la sintonía ideológica con presidentes de otras naciones que agredieron a sus Parlamentos, afectan negativamente la reputación de nuestro país en el mundo occidental, democrático y capitalista.

El Presidente, que postula una reformulación profunda de las interrelaciones entre la sociedad, el Estado y el mercado, se proclama como el “primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad”. Esa autoimpuesta misión fundacional a escala planetaria, al tiempo que reconoce la falta de antecedentes, ignora que la principal razón del extendido estancamiento argentino es la anomia que distingue al comportamiento social en nuestro país.

Esa a-juridicidad, que está en la base de nuestra decadencia, nos obliga a redoblar esfuerzos en favor de la construcción de un orden político alejado de los modos populistas o autocráticos.

Un orden político funcional al desarrollo económico y el progreso social debe asentarse en tres pilares: uno que concibe a la democracia como única fuente legítima de poder en elecciones limpias y verificables; otro, de naturaleza republicana, donde la división y la independencia de los poderes asegure el control recíproco y la rendición de cuentas y, por último, otro más, de raigambre liberal, que asegure derechos para cada ciudadano, especialmente para las minorías.

Hay un peligroso desvío democrático del nuevo presidente cuando supone que un triunfo electoral concede derechos por sobre las normas constitucionales. Eso es pretender que el Congreso le conceda una amplísima delegación de facultades, superando a todos los mandatarios justicialistas de estos cuarenta años, que gobernaron desde el primero hasta el último día de su gestión con poderes extraordinarios.

“Otro ejemplo de regresión democrática es la reforma propuesta al sistema electoral y las normas que regulan las campañas políticas. Los cambios que se proponen –al promover las circunscripciones uninominales– abren las puertas a la manipulación de los distritos, limitan la representación de las mayorías, conspiran contra la renovación dirigencial y eliminan los criterios de paridad con perspectiva de género”.

En relación con el financiamiento de la actividad política, al eliminar cualquier limitación a los aportes privados y suprimir los espacios gratuitos en medios audiovisuales a cargo del Estado, el peligro es que se consolide en nuestro país lo que el presidente James Carter denunció en los Estados Unidos: “El sistema político se ha convertido en una recompensa para los mayores contribuyentes de las campañas”.

La superación del estancamiento económico con alta inflación que condena a la mayoría de los argentinos a la pobreza exige disponer de un sistema político con capacidad de procesar los necesarios cambios y transformaciones estructurales. En ese sentido, es imperioso que los actores políticos sean capaces de aprender de las mejores prácticas internacionales. En América Latina tales prácticas enseñan que solo las democracias plenas exhiben resultados socioeconómicos satisfactorios.

Y que todos los protagonistas políticos y sociales, y sobre todo quienes tienen la responsabilidad de gobernar, recuerden a Tzvetan Todorov, el filósofo e historiador búlgaro radicado en París, cuando enseñaba que “las causas nobles no excusan actos innobles”.

Jesús Rodríguez, economista, fue diputado nacional (UCR), ministro de Alfonsín y presidente de la Auditoría General de la Nación