La lucha contra el narco: cuando la mano dura resulta insuficiente

En las últimas dos semanas, los argentinos vieron en Rosario (con cuatro asesinatos al hilo: dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicio) la confirmación de que en lugar de enfrentar al Estado el narcotráfico ha decidido poner la mira en la gente. Su objetivo es crear miedo en la sociedad. Miedo de asomarse a la puerta, de ir a trabajar, de llevar a los chicos a la escuela, de subirse a un colectivo. Ante el recrudecimiento de una violencia narco que adopta una fisonomía inédita, la reiterada promesa de sumar efectivos de seguridad en las calles de Rosario (ahora con la participación de personal y equipamiento de las Fuerzas Armadas) se puso en marcha una vez más. ¿Correrá la iniciativa la misma suerte que en ocasiones anteriores, en las que el despliegue de fuerzas actuó más como un calmante para la angustia inmediata que como un tratamiento de resultados concretos y tangibles a largo plazo?

La Argentina todavía no ha podido consensuar una estrategia eficaz para el problema del narcotráfico. Se debate más entre los riesgos y efectos colaterales de esa lucha que en la necesidad de hacer un ataque definitivo a sus causas. Esa falta de planificación ha impulsado a los sucesivos gobiernos a buscar iniciativas “exitosas” en la región. Pero nadie arriesga una respuesta cuando la pregunta es si el modelo –tan en boga y tan cuestionado– de mano dura del presidente salvadoreño Nayib Bukele puede ser parte de la solución. Para algunos, la posibilidad de un trasplante ofrece una esperanza, pero ya se sabe que estos no son aptos para cualquier paciente.

“Hay un par de iniciativas bastante buenas que han fracasado básicamente porque se consideró que con ellas se había encontrado la bala de plata, la solución definitiva. Quizá la más destacada de todas es el modelo de las Unidades de Policía de Pacificación (UPP) que, siguiendo un modelo colombiano que combinaba muchas medidas de prevención, se establecieron en las grandes favelas de Río de Janeiro en 2008″, dice Juan Belikow, consultor en seguridad ciudadana y especialista en la lucha contra el crimen organizado. Las UPP cariocas fueron puestas en marcha en la previa del Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016). Para esas ocasiones, se crearon 38 unidades con casi 10.000 policías para cubrir un territorio habitado por 700.000 habitantes.

El error cometido con el plan brasileño fue que, como el modelo funcionó, no se lo cambió. “Y eso es un error garrafal, porque el objeto de seguridad es a la vez sujeto y él aprende, se adapta, modifica su comportamiento, muta como un virus y adquiere nuevas inmunidades”, agrega Belikow. Su conclusión es clara: aun cuando se despliegan planes y medidas efectivas, tarde o temprano el crimen organizado consigue burlar al sistema y recuperar su negocio.

Más allá de algunos planes que han logrado buenos resultados, no hay en América Latina modelos exitosos en la lucha contra el narco que perduren en el tiempo. Ariel Larroude, abogado, docente en política criminal y seguridad, destaca: “El enfrentamiento con el narcotráfico, que en nuestra región lleva más de cincuenta años, que ha dejado centenares de miles de muertos, no ha resuelto ningún problema ni aún en aquellos países que dieron intervención a sus aparatos militares para contrarrestar el avance de los grupos dedicados a la venta ilegal de drogas. Esto es un fenómeno global y Latinoamérica tiene las de perder, por tener entre sus filas a los países que producen toda la droga no sintética que se consume en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente marihuana y cocaína. Esto se agrava, además, por el hecho de que nuestra región es la más violenta y desigual del mundo: de diez homicidios que se cometen, ocho suceden en Latinoamérica”.

La Argentina cerró el año pasado con 4,62 muertes cada 100.000 habitantes, mientras que México cerró con 23,3 y Brasil con 18,7.

En Colombia la tasa de homicidios es de 20 cada 100.000. Parece mucho, pero en 1991 Medellín tuvo 375 homicidios cada 100.000 personas. “Para Colombia, bajar la violencia narco es un gran éxito. Disminuir la cantidad de muertes es un gran avance”, asegura Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y artífice de esos logros. Sin embargo, un avance en un objetivo no implica ganar la guerra.

“Es preciso pensar la política criminal en los marcos de realidad de nuestro país, sin necesidad de aventurarse en métodos foráneos de gran repercusión mediática pero de poca sustentabilidad a largo plazo para reducir el delito y la violencia”, dice Larroude, autor del libro Rosario, un sueño de paz. Informes sobre la trama narco que azota a Santa Fe y a toda la Argentina, con prólogo del periodista Germán de los Santos. “Si la Argentina tiene ese índice tan bajo de homicidios, el problema local de Rosario se agrava considerablemente. Esta ciudad cerró 2023 con 24 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes y de manera ininterrumpida viene sosteniendo este nivel de violencia ligada a las estructuras narcos, agravadas por el alto índice de corrupción policial y judicial. Por eso, el desafío argentino puede entenderse en dos niveles de análisis: por un lado, que se solucionen los problemas locales de la ciudad rosarina; por el otro, que esta situación se mantenga en el marco de la excepcionalidad y no se expanda a otras ciudades del país”.

La foto de los narcos sin ropa arrodillados en la Unidad Penitenciaria Nº 11, que remitió a las cárceles de El Salvador, donde Bukele ha llevado adelante una fuerte campaña contra las pandillas, desencadenó la vendetta. El propio Bukele deslizó cuál había sido el error del gobierno argentino: para jugarse a una foto de ese estilo, primero es necesario tener controlada la calle. Es decir, haber obtenido resultados en la lucha contra el crimen organizado.

Métodos polémicos

“Bukele está haciendo las cosas bien –arriesga Belikow–. Más allá de una represión que en sus extremos afecta los derechos humanos, la población está muy conforme porque El Salvador se había convertido en un país invivible. La realidad es que Bukele también está implementando medidas paliativas en materia preventiva. Está generando oportunidades de trabajo para los jóvenes”. Lo mismo se tuvo en cuenta en Colombia: para salir de la emergencia, hay que sacar a los jóvenes de las condiciones sociales sin perspectivas en las que muchos viven, a fin de que la droga deje de ser su realidad cotidiana.”

Ahí parece estar la clave, más allá de apelar a la mano dura. “No sé si Bukele no fue demasiado lejos con su política de mano dura, pero tiene un plan más inteligente que sus predecesores –dice Belikow–. Tenía en claro que para ir a arrestar a todo el mundo primero debía tener un control territorial. El crimen organizado siempre tiene una dimensión territorial que hay que considerar muy bien. Mano dura solamente nunca ha funcionado; tener megacárceles es lo más peligroso que te pueda ocurrir. Una cárcel con más de 300 internos es incontrolable, además de que la capacidad de rehabilitación es casi nula. Hay un 70% de reincidencia, contra un 30% en España”.

Las políticas de mano dura suelen ser muy populares porque son anunciadas con grandilocuencia. La de Bukele es la más reciente, pero hubo otros antecedentes en Centroamérica. Los modelos de Colombia del presidente Álvaro Uribe terminaron en un escándalo por los “falsos positivos”: las fuerzas de seguridad detenían a personas que hacían pasar como narcotraficantes, cuando en realidad no lo eran. La razón es que había incentivos económicos para que los militares sumaran más arrestos.

En Colombia la lucha contra el narco funcionó porque se avanzó en forma simultánea con la purga policial y judicial. Ese paso fue implementado por el general Oscar Naranjo Trujillo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, negociador del gobierno en el proceso de paz con las FARC, y quien terminó con el narco Pablo Escobar. Pero el proceso se interrumpió y la mejora lograda quedó trunca.

Un factor que el gobierno argentino debería tener en cuenta según los expertos es el lugar que ocupa el país en la ruta de la droga. La Argentina no es un mercado prioritario, porque tiene poco nivel adquisitivo y la droga vale poco en esta región, ya que está muy cerca de la zona de producción. El narcotráfico por lo general busca mercados más redituables. En este momento la mira está puesta en Medio Oriente y en Oceanía, que son las regiones que más pagan por la droga. Después viene Europa y al final Estados Unidos, territorio en donde se consume el 60% de la droga mundial. En términos de rentabilidad, no hay mucha diferencia entre la Argentina, Brasil, Colombia y México.

Tránsito y consumo

“La Argentina se quedó muy cómoda en considerar que somos meramente un país de tránsito. Y entonces no se quiso reconocer que no existe el hecho de ser país de tránsito sin llegar a ser país de consumo. Para el traficante, crear consumo en un lugar que es de tránsito es fundamental. Al generar consumo local, primero pagás ahí el tráfico con droga, y a la vez distraés a los actores locales, para que no te interfieran con el gran narcotráfico. Es mucho más fácil para las fuerzas de seguridad capturar al narcomenudeo local, sobre el que hay más inteligencia, y que tiene menos recursos para protegerse”, explica Belikow.

¿Cuáles son las condiciones comunes de los países de la región en términos de la capacidad del Estado y sus instituciones?

Juan Negri, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, habla de “debilidad estatal”. Fronteras permeables, corrupción política, judicial, de las fuerzas armadas y de seguridad. Y la facilidad de reclutar gente para las redes de narcotráfico, dada la pobreza de su población. “Lo que hemos visto en México, y en Colombia antes de los años 80, es que la incapacidad estatal generó condiciones muy favorables para el surgimiento de estos grupos; en los casos de Perú y Colombia, son lugares de origen de plantaciones, pero eso no explica todo”.

Para el académico, en términos de lucha contra el narcotráfico “las políticas de mano dura no han funcionado”. Y agrega: “En México, lo que tenemos es un aumento de la violencia. La utilización de las fuerzas armadas en las luchas internas ha sido ahí muy desaconsejable. Los niveles de violencia se incrementaron mucho. Y en realidad lo que parecería funcionar son tareas más de inteligencia para introducirse en los cárteles e ir tratando de desactivar esas redes. Pero eso es muy complicado de hacer. Después, la legalización es un tema tabú en muchos sectores, y esto podría ser un obstáculo importante para limitar el negocio del narcotráfico”.

Marcos Novaro, analista político, sostiene que en la discusión sobre los métodos para enfrentar el narcotráfico se cuela el debate sobre el rol del Estado. “Este problema de Rosario nos agarra mal parados –dice–. No solo se trata de que deben gastar plata en seguridad, sino que eso entraría en contradicción con las ideas libertarias de Javier Milei. Para ellos el Estado es una agencia de seguridad, básicamente. Pero además tiene que hacer muchas otras cosas. Es necesario generar un aparato de inteligencia, dar atención en los barrios, crear oportunidades para los jóvenes. Enfocar el programa Potenciar Trabajo directamente en individuos sería una forma inteligente de eliminar las mediaciones e ir a buscar individualmente a los soldaditos, para sacarlos de las redes de la mafia. Ahí necesitás más Estado, además de mano dura”, dice Novaro.

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