Los malos jueces y las jubilaciones principescas

En este convulsionado año electoral es comprensible que predominen los temas económicos. Parece lógico que los candidatos centren sus campañas en las propuestas para hacer frente al desastre económico que deja la tríada compuesta por Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa.

Sin embargo, conviene recordar que muchas de las reformas que serán imprescindibles en este ámbito podrían ser impedidas, desvirtuadas o demoradas por algunos jueces. A veces olvidamos que, en todos los sentidos, el Poder Judicial es un tema mayor.

Incluso es imprescindible que la gente, el empresariado y los potenciales inversores recuperen la confianza que perdió la Justicia. Por eso, resulta útil analizar qué hacer para tener un mejor Poder Judicial a fin de recuperar las libertades que el estatismo ha quitado a la gente y terminar con la impunidad que sufrimos.

Basta de seguir el consejo judicial del viejo Vizcacha. Es imperativo plantear ideas que sacudan a un Poder Judicial que, tal como está hoy, parece un escollo para cualquier cambio. Sin un Poder Judicial mejor, no alcanzarán los mejores políticos ni un clima equilibrado y un mundo comprador: fracasaremos otra vez.

Nuestras prácticas judiciales tienen poco que ver con el mundo actual: hay reglas no escritas y manías teorizadas que impiden encontrar soluciones compatibles con la realidad. La culpa no se limita a los jueces: el Congreso debe dictar leyes bien pensadas –no adefesios como, por ejemplo, la de alquileres– el Ejecutivo debe respetar a rajatabla la independencia del Poder Judicial y los fiscales y abogados debemos ser tan serios como los jueces.

Obviamente, los magistrados son los mas obligados. Por su propia función y porque gozan de una batería de privilegios y garantías para sentirse, ser y actuar independiente y decentemente.

Pero hay una minoría de malos jueces a los que no les bastan altos sueldos, beneficios excelentes, régimen jubilatorio principesco, comodidades horarias envidiables y una estabilidad absoluta que ni los Kirchner pudieron quebrar.

Hay una confusión entre el respeto a los jueces y el respeto a los malos jueces: la propia corporación judicial debería remitir al Consejo de la Magistratura los fallos de Corte o cámara que revocan sentencias ilegales, para enjuiciar a quienes las dictaron.

El problema también es estructural: cada juzgado y tribunal es una isla relativamente ajena al resto: lo evidencia el hecho de que, con las mismas leyes, presupuestos y régimen de personal, hay juzgados excelentes y rápidos mientras otros son un desastre.

La Justicia está en emergencia. Debemos admitirlo y declararlo por ley, tomando medidas rotundas, distintas de las que venimos ensayando desde hace décadas.

Hagamos cambios firmes, claros y escritos con exactitud, evitando impugnaciones constitucionales que seguro harán quienes pierdan el predominio que nunca debieron tener y que usan indecentemente. No se trata de cambiar todo, sino algunos puntos clave de variada importancia pero similar efecto benéfico. Aquí describiremos algunos.

El poder de la Corte es enorme, mayor del que surge de las leyes, porque jueces y funcionarios saben que su carrera, ascensos y otras condiciones dependen de ella. Debe estructurarse de forma tal que nadie, ni de afuera ni de adentro de la Justicia, domine al sistema y lo sindicalice.

Los cambios hechos al Consejo de la Magistratura no son suficientes y algunos han sido muy malos. Hoy ni los abogados ni los académicos pueden prescindir de la ayuda de los políticos para ser elegidos y eso es muy malo.

Los concursos deben tener plazos breves y perentorios, y evitar dilaciones y manoseos, con evaluaciones modernas y no solo académicas y con ternas votadas por cada candidato y no en grupo.

El Jurado de Enjuiciamiento debe reducirse a tres personas, preferiblemente ya jubiladas, porque ningún legislador, juez ni abogado activo es plenamente libre al juzgar a un juez que luego podría juzgarlo a él. O cuyos amigos y colegas seguirán haciéndolo.

Resulta imprescindible una ley de ética judicial que siga los textos Iberoamericano o de Bangalore, ambos excelentes. Algunos lo pedimos formalmente, pero la iniciativa ha sido cajoneada.

Los jueces y funcionarios deben serlo a tiempo completo, con horarios realistas y sin actividad docente hasta que su juzgado esté plenamente al día.

La administración de personal y de recursos debe ser realizada por profesionales en esas actividades, no por abogados, a los que ninguna facultad entrena para eso.

Algunos juzgados nacionales en lo civil, comercial, penal y laboral deberían pasar a la ciudad de Buenos Aires y otros deberían federalizarse, así se morigera el inmenso poder que detentan en Comodoro Py.

Ciertos juzgados laborales deben ser federales, para abarcar los conflictos masivos y resolverlos en días. Esto permitiría terminar con el estado de fricción político-laboral que produce huelgas, cortes, marchas de modo casi permanente.

Se deben fusionar las cámaras Civil y Comercial con la Contencioso Administrativo Federal, para terminar con debates de competencia que no tienen sentido.

Los códigos procesales federales, tanto en lo penal como en lo civil, comercial y laboral, deben simplificarse al máximo, incluyendo la reducción de las apelaciones a una sola, salvo casos de arbitrariedad. Deben admitirse medios probatorios modernos, compatibles con un mundo en el que casi todo pasa por la informática, no por el papel o el teléfono.

Se debe crear la Policía Judicial bajo la autoridad de la Corte.

Todo el rendimiento del sistema judicial debe estar auditado permanentemente. La tasa de interés debe ser una sola y única. Los honorarios periciales deben ser independientes del pleito. Los dictámenes psiquiátricos deben ser vinculantes, salvo opinión contraria de otros profesionales de la misma disciplina: hace demasiados años que la psiquiatría es una ciencia como para que algunos jueces descarten pericias porque creen saber más solo por el hecho de ser jueces. Muchas víctimas fatales se hubieran salvado si el garantismo fuese, al menos, razonable.

El siglo XXI exhibe la impunidad. Las redes sociales quebraron la sombra que escondía los poderosos, sean políticos, empresarios, sindicalistas, jueces, deportistas, periodistas o artistas. Absolutamente todos somos iguales ante la ley y debemos serlo.

Los ciudadanos tenemos que ser exigentes con el Poder Judicial y el Poder Judicial tiene que ser exigente con quienes violen las leyes. No es tan difícil, pero se necesita coraje. Mucho coraje.

El próximo gobierno debe demostrar que puede respetar al máximo la independencia del Poder Judicial. Y podría ofrecer un marco normativo y colaborativo que termine con los graves problemas que todos vemos y sufrimos pero nadie soluciona.

Abogado, exmiembro del Consejo de la Magistratura