La esencia democrática de los derechos humanos

A estas alturas, no debería sorprender que el secretario de Derechos Humanos, en lugar de dar cuenta de su función como garante de derechos, se presente ante sus pares en las Naciones Unidas como una víctima del Estado que representa y denuncie una persecución de la Justicia en contra de la vicepresidenta. El hecho revela una concepción autocrática del poder.

También manifiesta ignorancia. La palabra es inequívoca: examen. Alude a rendir cuentas a otros, a quienes nos fiscalizan. El Examen Periódico Universal (EPU) es el principal mecanismo con el que cuenta el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para “examinar” el estado de los derechos humanos en el mundo. Es decir, el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados para respetar los derechos humanos, inherentes a la condición humana, sin importar la ideología, ni la raza, ni los credos. Son iguales para todos, de ahí la fuerza de su universalidad. Se trata de una filosofía jurídica que pone en el centro de las garantías a los seres humanos, para protegerlos de la prepotencia de los Estados.

Los gobernantes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales, por lo que cada cuatro años y medio deben dar cuenta de ello en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El informe del país se elabora con todas las áreas del Estado, el material compilado por las agencias de Naciones Unidas y sus relatores especiales junto al llamado “informe sombra”, el de las organizaciones de la sociedad civil. Y en función de los convenios y tratados internacionales, en especial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas.

Con un respetuoso lenguaje diplomático, el país evaluado recibe los aplausos por los avances y el “tirón de orejas” por los incumplimientos. La nota final del examen son las “recomendaciones”, que si bien no son coercitivas revelan una fotografía de cuán democrático es un país, ya que no se concibe al Estado de derecho por fuera del cumplimiento de la ley.

Las violaciones tienen sus consecuencias. Están los países que gastan millones para mostrarse “derechos y humanos”. Como lo hizo Argentina en el pasado, Qatar utilizó el último Mundial para limpiarle la cara a un régimen acusado de haber utilizado mano de obra esclava para levantar sus faraónicos estadios y de castigar a las mujeres con latigazos, que sobornó con cifras millonarias a eurodiputados para conseguir ser la sede del Mundial.

La misma Unión Europea sancionó a dos de sus integrantes, Polonia y Hungría, a los que les retuvo parte de la compensación económica destinada a paliar las consecuencias del Covid. A Polonia, por no respetar la independencia judicial ni la libertad de expresión, y a Hungría, por controlar a la sociedad e ideologizar las universidades. Por ese motivo, le retiró el programa de becas europeo, Erasmus.

La Argentina ganó su prestigio internacional por el Juicio a las Juntas, fortalecido en estos días por el derrotero global de la película Argentina, 1985. Hazte la fama y échate a la cama, dice el refrán popular. Un colchón en el que hoy duermen los desvaríos de tener como amigos a los dictadores de la región, los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, de coquetear con la Rusia de Putin y a la par jactarse de haber conseguido que sus pares en la Unesco evalúen el pedido del gobierno argentino para declarar a la ESMA patrimonio de la humanidad. Se trata del más tenebroso de los campos de detención clandestina de la Marina durante la última dictadura militar, donde funciona un museo al servicio del relato kirchnerista, sin que se hayan escuchado las objeciones de algunos sobrevivientes ni se haya puesto en debate la trasmisión del pasado trágico, como corresponde en una democracia plural.

El 10 de diciembre de este año se cumplirán las cuatro décadas del retorno de la democracia. Una fecha de todos los argentinos. Sin embargo, ya hay indicios de una nueva apropiación. Este próximo 24 de marzo, patrocinado por la misma Unesco, se realizará en la Argentina el tercer Congreso Mundial de Derechos Humanos, que traerá a Buenos Aires expertos e invitados de todo el mundo. Una de las sedes será justamente la ESMA. Nada que objetar al tan necesario como valioso debate plural en torno a los temas que ocupan a los activistas de derechos humanos en el mundo democrático, como las migraciones, el cambio climático, la violencia, la manipulación de las redes sociales, los embates a la prensa y las amenazas a las democracia.

La Argentina seguirá mostrando como trofeo humanitario la relación con el pasado trágico, simplificada con el lema de Memoria, Verdad y Justicia, sin que los derechos humanos como igualdad hayan encarnado en una auténtica cultura democrática, a juzgar por la vara moral de Eleanor Roosevelt, la gran promotora de la Declaración Universal, para quien el progreso de los derechos humanos no se mide por el número de los tratados y convenciones ratificadas por los Estados, sino por el cambio cultural. Si los derechos humanos en tanto leyes no nos han hecho más tolerantes, más respetuosos de los otros, más solidarios, igualitarios y libres, entonces los derechos humanos no han tenido gran significado democrático.

Sobran los gestos. Se quita la foto del dictador Videla como si eso lo sacara de la historia. Al mismo tiempo, al convertir el día del golpe militar en fecha de conmemoración se distorsionó su sentido. El 24 de marzo dejó de ser una evocación silenciosa en las plazas para convertirse en ruidosas manifestaciones de bombos, bombas de estruendo y consignas odiosas.

Al celebrar cuatro décadas de continuidad electoral, el verdadero examen que deberíamos hacer es ante nosotros mismos, preguntarnos en qué medida el discurso oficial de los derechos humanos cambió nuestra vida de convivencia, cuánto se respetaron nuestros derechos y cuánto se democratizaron las instituciones públicas.

Desde su mismo origen, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nacida sobre las cenizas del nazismo, solo florece en libertad y anida en Estados de derecho. No alcanza con votar. Sin el respeto a la ley y la Constitución, en lugar de democracia tendremos una tiranía de las mayorías.

Periodista, exsenadora, exdiputada y exdirectora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación