La democracia supone el respeto a la opinión ajena

¿Decirle a alguien nazi es un delito o un insulto? Esta es una polémica a la que se han enfrentado países que, como Alemania o Israel, cargan sobre sus espaldas históricas la mayor tragedia de la humanidad, el genocidio nazi. Un debate al que en todas partes se le contrapone a su vez el derecho a opinar libremente, es decir, sin que las expresiones insultantes sean motivo de persecución penal siempre y cuando no inciten a la violencia. Es decir: la apelación a la responsabilidad frente al privilegio que representa hablar sin miedo.

La demanda judicial del diputado Javier Milei a cinco periodistas por “banalizar el Holocausto”, según él mismo explicó en el programa radial de Jorge Lanata, coincide con el de sus colegas de Israel, país al que dice admirar, que defienden el castigo de prisión y multas elevadas a los que utilicen el termino “nazi” por fuera de las consideraciones educativas de la historia, porque “banalizan el Holocausto”. Un argumento que divide, porque esas prohibiciones restringen seriamente “el discurso público y las libertades”, como aseguran la Asociación por los Derechos Civiles de Israel y el fiscal general, quien entiende que no todo lo que es lamentable es materia penal. En su lugar, defienden en cambio un “debate nacional” sobre un episodio tan doloroso como el Holocausto, cuya denominación misma es también motivo de polémica por por remitir el carácter religioso del sacrificio, y a la que se oponía Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz.

Vale traer la cita publicada por el diario The Jerusalem Post de Efraim Zuroff, director del centro Simon Wiesenthal, dedicado a la persecución de criminales nazis, quien, sin embargo, entiende que esas leyes penales demuestran la “debilidad de la sociedad civil y una incapacidad de comportarse adecuadamente”.

En clave argentina, aquí tenemos la misma dificultad para la conversación pública, que hoy suena altisonante, cargada de insultos y descalificaciones personales, tanto en las tribunas políticas de las máximas investiduras del país como en los programas de debate de la televisión y en las redes sociales. No hemos aprendido todavía a encarnar, como valor compartido, la libertad de expresión y su contrapartida, el respeto a la opinión ajena.

No deja de ser paradójico que la demanda de Milei coincida en las mismas intenciones de sanción penal de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragralla, que impulsan proyectos legislativos que buscan castigar con multas y prisión a los que “minimicen, justifiquen o nieguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar”. Una ley que de aprobarse me alcanzaría, ya que me niego a que me impongan la denominación “cívico-militar”, no porque niegue que la dictadura contó con la adhesión, complicidad o ayuda de una franja importante de la sociedad civil, sino porque en nombre del libre decir no acepto que me impongan cómo hablar, pensar o actuar, que de eso se trata el derecho democrático.

En Alemania, desde 2005, el código penal tipifica la exaltación del nazismo como una de las formas de incitación al odio. Además, castiga la negación del exterminio nazi. En Italia, la ley Mancino, por las mismas razones, sanciona los gestos y las acciones guiadas por la ideología nazi-fascista. Polonia equipara el nazismo y el comunismo, y castiga con dos años de prisión la apología de estos regímenes. En Francia, país que inspira los proyectos de ley que en nuestro país buscan criminalizar el llamado “negacionismo”, la Justicia ya condenó a dirigentes de extrema derecha, como Jean-Marie Le Pen.

En el inicio de este año pospandemia, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a instancias de Israel y Alemania, adoptó una resolución no vinculante que condena la negación del Holocausto como un hecho histórico y exhorta a los Estados miembros a que luchen contra el antisemitismo, sobre todo en las redes sociales. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, cargó contra “los gigantes de internet” por eludir su responsabilidad en la propagación del antisemitismo.

En un comunicado conjunto, inédito, entre Alemania e Israel, ambas naciones advirtieron acerca de un fenómeno que se reconoce también entre nosotros: la utilización del pasado trágico para las disputas políticas actuales. “Comparaciones que son una perversión de la historia” y que propician el odio y “amenazan en última instancia a nuestras sociedades”.

La demanda del diputado Milei recuerda también la que interpuso el partido español Vox contra el periodista Antonio Maestre por las publicaciones en las que el periodista calificó de “nazis” o “fascistas” a los integrantes de ese partido. Sin embargo, en dos oportunidades, la Justicia española desestimó la querella porque esas expresiones, aunque “toscas, groseras”, están amparadas por la libertad de expresión y no representan un riesgo para ese partido.

Proclives a la desmesura y a compararnos con lo que sucede fuera de nuestras fronteras, los argentinos importamos, en un sentido o en otro, la tendencia creciente en muchos países de penar la apología de las dictaduras, sin considerar el ejemplo de las democracias desarrolladas, que priorizan n cambio el derecho al libre decir.

No hay mayor expresión de liberalismo político que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 19 consagra la libertad de expresión. Principio fundante del sistema que defiende la palabra y la igualdad ante la ley, la democracia. Para ejercer esa libertad hay que estar dispuestos a respetarnos, escucharnos y desechar la facilidad del grito y el insulto, a fin de sustituirlo por la tarea más trabajosa y compleja de la argumentación. Al final, los derechos humanos como filosofía jurídica están inspirados por las cuatro libertades que enumeró el presidente Roosevelt: libertad para pensar, para rezar, para vivir sin necesidades y sobre todo, para vivir sin miedos.

Periodista, exsenadora nacional, acaba de publicar Silencios. Memoria ruidosa sobre lo acallado (Sudamericana)

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