La cruzada normativa del Gobierno. Cómo desatar la maraña de nudos regulatorios

No se trata de una adivinanza, sino, apenas, de un ejercicio de simulación. ¿Qué pensaría el lector si este cronista le preguntase cómo sería la secuencia de una eventual instalación de una oficina pública en la Argentina? Qué se colocaría primero, ¿un mostrador o una computadora? ¿Un fichero o un software con una base de datos? ¿Un sello con la lapidaria frase “Mesa de entradas” o un sistema de firma digital? Formularios, requisitos, procedimientos y a esperar. Aceptar los modales, transitar los tiempos y la fundamentación de un acto administrativo, que es la manera en la que se expresa el Estado, es poco menos que un peregrinaje al horizonte. Pocas cosas han logrado reducir a un ciudadano a tan ínfimo lugar como la conducta pública frente a sus administrados.

El país ha sedimentado enormes capas de regulación, útil e inútil, no importa. Eso es lo de menos, lo que interesa es la necesidad de la discrecionalidad, el permiso, la excepción a la regla, la capacidad del burócrata de incidir, de manejar una pequeña cuota de poder en un momento donde el representante del Estado saca pecho ante el administrado.

A la luz de ese sistema alumbraron negociados; corruptores y corrompidos; reglas generales que optaban por una particularidad oficiosa a cambio de favores. Miles de negocios sólo se explican en una norma imposible de encontrar que desde hace años favorece a unos pocos. Desde la fotocopiadora que se nutre de aquellos que les falta una copia de algún documento hasta actividades, profesiones o empresas que cuelgan de algún arnés regulatorio. Debajo, la Argentina tejió con mano de artesano una trama normativa para los “comunes”, los que no pueden o no quieren acudir a la excepción corrupta, al acomodo o al favor político.

Por primera vez, un gabinete cuenta con un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en este caso manejado por Federico Sturzenegger. Desde la consagración de cartera, privilegio burocrático, al menos, la idea que pensó Javier Milei es usar a esas oficinas ubicadas en Diagonal Norte, entre el Obelisco y la Plaza de Mayo, para desatar los principales nudos que se trenzaron, y transaron, durante décadas. Si cumple sus objetivos, será el lugar de resistencia a los intereses creados, a los lobbies pétreos de la Argentina de siglo XXI. Ahora bien, cómo es el campo de batalla que tendrá, cómo es la hoja de ruta y hacia donde serán los primeros pasos del novel ministerio.

Dos cosas antes de avanzar en el asunto. La primera, hay que contarlo de entrada, es que la regulación más asfixiante de la Argentina se llama, coloquialmente, “cepo”. Se trata, ni más ni menos, de una batería de leyes, decretos, resoluciones del Banco Central, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y cuanto organismo tenga alguna injerencia en el asunto, que en líneas generales, impide la libertad cambiaria. Esa pirámide normativa, quizá la más importante y molesta del país, por ahora, no tiene fecha de derrumbe. Y tampoco depende de Sturzenegger sino del propio Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo. Es decir, la cartera tendrá injerencia en toda la regulación, menos en la más trascendental.

La segunda, es entender dónde está la llave maestra para abrir nichos oxidados. El ministro se entusiasma con el artículo 3 de la ley Bases. “Es impresionante la capacidad de acción que nos da. Hay que felicitar al que lo redactó”, se le ha escuchado decir. No dice si fue él no no el autor de los párrafos, pero lo cierto es que los enmarcaría en un lugar central de su despacho.

¿Qué dice? Básicamente faculta al Poder Ejecutivo a ”disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada” y modificar o eliminar las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; reorganización, modificar o transformar su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Ese es el meollo del asunto, luego se completa con los organismos que no se puede disponer la disolución. Y allí, nominalistas y tiernos, los legisladores pugnaron por enumerar organismos que no quieren que se cierren. Lo lograron, pero como se dijo, tiernos al fin, un párrafo antes le entregaron la llave al Gobierno para que haga cualquier cosa menos cerrarlos. Es decir, podría dejarlos latentes con un par de burócratas pero cambiar de cabo a rabo cualquier cosa, desde sus funciones hasta su estructura jurídica. La llave es maestra; magistral, se podría decir.

Con ese maravilloso herramental, en esos despachos que comanda el ministro se revisa la normativa vigente y qué remover. Trabajan y se mueven con cuatro ejes muy claros. El primero es legislativo, es decir, la barredora transita por 4200 leyes apuntadas y por los diferentes proyectos que necesitarán un paso por el Congreso. Qué se prioriza, cuáles son las peleas que se darán en los próximos meses. “Depende, pero mucho de lo que se hará es lo que quedó afuera de la ley “Bases Uno” , dicen en el Gobierno en referencia al proyecto original que se presentó en el verano.

Hay un fino equilibrio entre las “batallas culturales” que se quieren dar y las necesidades de remoción de normas. “Como ya lo he dicho varias veces, seguramente una de las primeras iniciativas que irá al Congreso es todo lo que tiene que ver con educación. Eso que estaba en Bases Uno”, dice el ministro. Aquel capítulo avanzaba sobre los contenidos, la evaluación a docentes y alumnos, el financiamiento del sistema, entre otras cosas. La llaman “esencialidad de la educación” y será una de las primeras “batallas culturales”.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, coincide. “Esperamos que llegue alrededor de mediados de agosto”, responde. Será tema en poco tiempo. Según pudo saber LA NACION, con ese paquete irá la llamada “ley Hojarasca”, otra de las encargadas de remover regulación. El Presidente le levantó el precio hace un tiempo en alguna entrevista, pero según cuenta, se trata de una norma impresionantemente original. Un artículo de fondo y los que sean necesarios para la forma. En aquel habrá un verbo: “Deróguese”. Y luego, la enumeración de 75 leyes. como por ejemplo, la de abastecimiento. De eso se trata, de ordenar el closet, grafican los desreguladores.

Se irá de un plumazo la hojarasca normativa que, de acuerdo al Gobierno, no tiene sentido tener vigente. Los funcionarios aún debaten si se sumará algún otro proyecto en ese momento, cuestión de llegar al parlamento con un paquete de leyes más amplio. Dependerá de la oportunidad política, de la táctica de la Casa Rosada. Pero si se analizan los impulsores, Milei y Sturzenegger, no parece que habrá freno sino más bien lo contrario.

Como se dijo, se trabaja en cuatro sectores. Paralelamente al legislativo, el equipo desregulador avanza sobre un océano de 70.000 decretos que ya “fueron peinados” y de los que alrededor de 4500 se pueden modificar “a tiro de otro decreto presidencial”. Este universo es el que destraba aquel artículo 3 de la ley Bases. Acá es donde se puede modificar rápido en Estado. De hecho, en pocos días saldrá un decreto donde se liquida definitivamente el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Dicen que los considerandos son un verdadero compilado de funciones no cumplidas, metas no alcanzadas, desvíos presupuestarios que validan la decisión. Eso, como se dijo, se puede cambiar con la firma de Milei y algún ministro.

A propósito. Habrá otra norma que saldrá pronto y que tiene que ver con el empleo público. Por caso, los empleados del Inadi, se pueden destinar a otros ministerios, organismos o pasarlos a disponibilidad. Justamente, este régimen jurídico que está en la ley Bases, pues establece que los trabajadores de planta permanente que prestaban servicios en reparticiones que desaparezcan pasarán a estar en disponibilidad por 12 meses y obviamente, durante ese lapso se le pagará normalmente el sueldo. ¿Qué significa? Pues que en ese tiempo deberán recibir la capacitación que se les imparta; o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Cumplido es tiempo, si el empleado no consiguió “una nueva relación de trabajo” en otro sector, “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública”. Se le liquidará una indemnización conforme algunos parámetros que están en la ley (un mes por año trabajado o fracción mayor a tres meses). Qué quiere hacer el Gobierno. Pretende que si el empleado consiguió un trabajo en el sector privado, el nuevo empleador podrá tomar durante esos 12 meses el sueldo del Estado a cuenta y pagar solo la diferencia.

De regreso a aquellos cuatro ejes en los que se trabaja. El tercero es la parte receptiva. Los hombres de Sturzenegger ni siquiera se reúnen con grupos de interés. En forma remota, y a veces sin verse las caras, les piden a los lobbies, a las empresas o a quién les venga con algún asunto que no pierdan tiempo en encuentros sino que vengan con el estudio concreto respecto de qué norma molesta para ser removida o qué modificación habría que realizar para mejorar el tema. “Lo estudiamos y definimos. Eso sí, que no vengan con proyectos de quita de impuestos o créditos subsidiados. Eso ni lo miramos, el resto, se analiza y si tienen razón, lo sacamos”, dice el ministro.

Si esa ventanilla funciona, seguramente, se convertirá en una suerte de confesionario de actores de la vida pública, peregrinos en busca de quitar algún que otro obstáculo regulatorio. Todo con trámite que se promete exprés y nada de burocracia. Claro, sería un contrasentido en ese ministerio.

Finalmente, el cuarto y, quizá, uno de los más importantes: las batallas sectoriales que se enfrentarán. Ahí se trata de tomar sectores enteros y desregular todo lo posible. ¿Qué hay en carpeta?, preguntará ansioso el lector. Varios, y dependerá del grado de enfrentamiento que se esté dispuesto a tener con los sectores que manejan los intereses sectoriales.

Por caso, que se preparen los transportistas: allí vendrá una liberalización enorme. Adiós a los permisos, las rutas, las validaciones del regulador. Pasará la escoba de hierro de Milei y Sturzenegger por esa zona de la economía. Si alguno alquila balcones para apreciar el nivel de los fuegos artificiales que tendrá esa pelea, pues podría extender el contrato para lo que le sigue: el mundo de los medicamentos. Pesos pesadísimos estarán a tiro de la regulación. Pero no es todo... le sigue la AFIP y la Aduana, dos organismos que han hecho del inciso el negocio millonario de muchos, sean propios o administrados. Desregular esos dos organismos centrales para el mundo de los negocios es una epopeya propia de un Alejandro Magno regulatorio, dispuesto a meterse con los sectores más rancios de la administración pública. Quien tenga un balcón, pues que invite.

También habrá un capítulo importante llamado “digitalización” para que todo lo que pueda dejar de ser presencial deje de serlo. Una obviedad en el mundo actual donde una persona puede alquilar una terraza en Islandia para ver las auroras boreales desde cualquier rincón de la Argentina pero tiene que ir a un mostrador y acodarse para trámites sencillos. Un dato, en 2019, último dato presentado por el Banco Mundial, la Argentina estaba entre los países con más trámites necesarios (12) para abrir una sociedad. La medición fue en un momento en que el macrismo había facilitado muchos trámites y logró bajar, al menos dos, después de estar años en 14, el doble que el promedio mundial. Pero en ese 2019, antes de Alberto Fernández, sólo estaban por encima de la Argentina, Venezuela (20) Guinea Ecuatorial (16) y después, un lote con 13 compuesto por Uganda, Eritrea, Filipina y Bosnia y Herzegovina. En la otra punta, Nueva Zelanda y Georgia, con un trámite.

Miguel Kiguel economista de Econviews, coincide. “El cepo es regulación y sigue. Sturzenegger quiere desregular en serio pero en algunos casos necesita el Congreso y en otros tiene que pelear con lobbies”, dice.

Esa pelea con lobbies a los que se refiere ya se han empezado a mover. Quizá por eso Sturzenegger no adelanta la jugada, cosa que nadie se prepare con tiempo. Pero no es necesario tener una varita mágica para entender dónde y con quiénes serán las disputas. Los sindicatos son unos de ellos; y muchos empresarios protegidos por cierres de importación, otros. Profesiones y honorarios terminarán con una norma. Por caso, los divorcios que no son contradictorios será un asiento de las partes, o las sucesiones. Los escribanos, por ahora, se han movido mejor que sus primos hermanos, los abogados. La industria tendrá lo suyo. Por caso, habrá más apertura para algunos sectores autopartistas que tienen limitaciones para importar piezas de autos.

Finalmente, en la norma aparecen conceptos como eficiencia burocrática, celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia en los trámites. También hay definiciones para que el Estado se adapte a la gratuidad y a los plazos razonables, así como también que el ciudadano tenga derecho a una decisión fundada, además de ofrecer y producir prueba. En una palabra, tal como lo define la Ley Bases, que se legisle para que el ciudadano tenga derecho a ser oído. Este vocabulario es algo así como fundacional para una administración pública que se caracteriza por la mesa de entradas, el resonante sonido del sello, el número de expediente y el sueño eterno en un cajón. Justamente, la reglamentación para cumplir esto preceptos, que ahora la podrá hacer el Presidente, podría ser la reforma del Estado más profunda que se haya propuesto.

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