Jorge Ossona: “Ante el ajuste, es necesario que el esfuerzo lo hagamos todos”

Precios que aumentan sin freno. Poder adquisitivo pulverizado. La angustia de no llegar a fin de mes. La crisis socioeconómica es una dolorosa constante que atraviesa la vida de millones de argentinos desde hace años. La inflación y los desequilibrios macroeconómicos golpean con más fuerza a los más vulnerables, que sobreviven como pueden. Hay quienes asisten a un comedor comunitario, otros revuelven la basura en busca de alimentos y otros subsisten en base a opacos negocios que bordean la ilegalidad.

¿Cómo impactará el ajuste que puso en marcha el gobierno de Javier Milei para ordenar la economía sobre este contexto social tan frágil y preocupante? ¿Hasta dónde llegará la tolerancia social a las medidas de shock? ¿Cómo evolucionará la pobreza en lo inmediato? ¿Qué ocurrirá con la asistencia social, los subsidios a las tarifas y los piquetes?

Sobre estos temas reflexiona Jorge Ossona, historiador, docente de Historia Económica y Social, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y autor del libro Punteros, malandras y porongas, de la editorial Siglo XXI. Para Ossona, quien conoce a fondo el territorio del conurbano bonaerense, es fundamental alcanzar el equilibrio macroeconómico, porque “es la base que hace posible la reconstrucción del tejido social”. Y la inflación es hoy “el mecanismo más perverso de transferencia de ingresos desde los pobres hacia los ricos”. Y aunque estabilizar la economía es “necesario”, “es simplista pensar que se va a hacer el ajuste sobre la política y no sobre el resto de la sociedad”, advierte, al mismo tiempo que llama a “reconstruir el Estado” en sus funciones más básicas, de las que se ha retraído.

“Estamos tratando de adivinar hasta dónde llega la tolerancia social al ajuste –dice–. Hay una conciencia de la necesidad de atravesar ciertas etapas hasta llegar a la estabilidad con crecimiento. Es necesario hacer una enorme tarea de difusión para conferirle sentido a todos los sacrificios que se deban hacer hasta llegar a la estabilización”.

Para Ossona, el ajuste fiscal en marcha demanda un gran “esfuerzo cultural simbólico”. ¿El apoyo que el candidato Milei obtuvo en los barrios populares puede ayudar al éxito de sus medidas de gobierno? “El ajuste va a pegar, más allá de los electores que haya tenido Milei, en los sectores populares –dice Ossona–. Por eso, es necesario tener dispositivos previstos para evitar conflictos. Por ejemplo, los comedores tienen que estar más abastecidos que nunca, porque si la inflación llega a trepar a un 20-30% durante los próximos meses, la gente va a recurrir más a ellos. De hecho, eso ya está ocurriendo. No hay cupos para todos, y eso hace que en las calles céntricas la gente revuelva la basura para darle de comer a sus hijos. Comen una vez por día alimentos de baja calidad nutritiva. Las carencias son de la más diversa índole, pero hay una primordial donde se juega la supervivencia, que es la alimentaria”.

–El gobierno dejó en claro que el ajuste va a estar acompañado de contención social. ¿Hasta qué punto va a ser posible?

–Es simplista pensar que se va a hacer el ajuste sobre la política y no sobre el resto de la sociedad. Porque si ajustás a la política, mucha gente va a perder sus contratos municipales. En los barrios populares buena parte del empleo es público, de contratados. Incluso, como lo demostró el caso de Chocolate Rigau, hay personas que son empleados públicos sin serlo realmente, y cuya renta se la devora la política. La disminución o el envilecimiento del empleo público va a disminuir el consumo. Se va a generar una recesión, que va a convivir con la inflación. Es la famosa estanflación. Eso afecta al comercio minorista, que se va a resentir. Y si vamos a tener niveles de inflación muy altos, sobrevendrán situaciones conflictivas. Ahora, si a la inflación le vamos a sumar la racionalización, que es muy necesaria, el problema es que hay que tomar las previsiones como para que sea socialmente tolerable y que no produzca consecuencias explosivas. Habida cuenta, además, de que hay gente que está esperando la oportunidad para aprovecharse y generar explosiones.

–¿Cuáles considera que serían esos recaudos que hay que tomar?

–Fundamentalmente, el recaudo alimentario. No sé cuánto llevará esta primera etapa. El Gobierno está exagerando un poco para que la gente se prepare. Es la estrategia inversa de la buena onda de Macri. Pero después, hay otra cuestión de segunda generación. Hay que revisar todas las políticas de subsidios sociales. No veo ideas claras de cómo suprimir la intermediación de las organizaciones sociales o de las intendencias en lo que denomino “políticas administrativas de la pobreza”. Son políticas que administran la pobreza y no tienden a superarla. Las políticas de rectificación requieren dos pasos. Primero, superar la administración de la pobreza con programas de salida de la pobreza. Eso implica instrucción, obras públicas y un cumplimiento de lo que está en los papeles, pero que no se ejecuta, por razones inherentes a la corrupción. Segundo, suprimir la tercerización, que es difícil en comunidades donde las relaciones primarias son tan intensas y donde hay un compromiso entre el referente que tramita un subsidio y su beneficiario. Implica un trabajo de reconversión cultural muy importante. Este sistema administrativo de la pobreza, que lleva más de 15 años, dio lugar a estos resultados.

–Hace décadas que el Estado ofrece ayuda social y, sin embargo, la pobreza sigue creciendo. ¿Considera que el nuevo gobierno va a tener la capacidad de reconvertir la ayuda social en una herramienta de progreso para los sectores más vulnerables?

–Hoy Desarrollo Social paga un subsidio de ayuda cooperativista consistente en la mitad del salario mínimo. La otra parte la reciben de otros ministerios o del movimiento social, que realiza una obra o proyecto. Ahí es donde se produce la gran malversación. Porque esos proyectos no se ejecutan, entonces, ¿a dónde va esa plata? Hace falta un eficaz monitoreo y una eficaz auditoría. Y eso el Estado lo podría hacer. Pero acá hay un problema histórico profundo. La Argentina hasta hace 40 años atrás no conocía la pobreza estructural. Era un país de progreso, con un horizonte de futuro garantizado por un Estado potente, que ofrecía una buena educación, una buena salud pública, seguridad. La falta de instrumentos para resolverla tiene que ver también con que no hay una memoria histórica de cómo administrar la pobreza. Y el Estado se ha retraído de sus funciones básicas durante los últimos 50 años. Lo voy a decir en términos chocantes: hay que reconstruir el Estado. Hay que reconstruir esa zona del Estado que es indispensable para garantizar el orden social, para garantizar la reconstrucción de un tejido social deshecho. O desarmar un tejido espurio, donde hay corrupción y se explota la ilegalidad. Hay que procurar el retorno del Estado de derecho.

–¿Qué necesita la Argentina para dejar de ser un “país empobrecido” y recuperar la movilidad social ascendente?

–Educación. La educación debería formar a los jóvenes en actividades requeridas por el mercado con alta calificación. Eso sería factible a través de un gran espectro de carreras cortas. Hay muchas actividades que podrían generar resultados asombrosos en un mediano plazo. Por ejemplo, la Argentina podría convertirse en una de las capitales internacionales del turismo y empezar a generar personal capacitado en ese rubro. Y en cuatro o cinco años tener 500.000 o un millón de puestos de trabajo, destinados a chicos que vienen de la miseria. Así estaríamos revirtiendo las políticas administrativas de la pobreza por otras de promoción social, que están en las antípodas. Las políticas administrativas en el fondo son conservadoras, orientadas a mantener un statu quo que no se modifica, ya sea por perplejidad, por negligencia, por inercia burocrática o porque es un buen negocio.

–En su discurso de asunción presidencial, Milei dijo que “no hay plata” y planteó que no hay otra alternativa que implementar medidas de shock. Reconoció que eso “va a repercutir sobre la cantidad de pobres e indigentes”. ¿Cómo ve la evolución de la pobreza en los próximos meses? ¿Se puede bajar la pobreza en este contexto tan complejo?

–Milei dijo otra cosa también: acá no hay más plata, salvo para los caídos. Está demostrando que tiene conciencia de que hay situaciones que exceden las planillas Excel. Es una buena noticia. Pero para que las políticas tengan un consenso social básico tiene que haber un sentido, una sensación de que esto es transitorio, para llegar a algo mejor. Es lo que falta en la Argentina. Para lograrlo, es necesario que el esfuerzo lo hagamos todos. Porque si lo hacen solo algunos, se acentúa la desigualdad, tal vez el gran problema de la Argentina. Mucha gente vive en un entorno que la coloca en una situación de desigualdad respecto de otros que tienen mejores condiciones infraestructurales. Para que haya una situación de igualdad, tiene que haber equilibrios económicos y un sistema de contención, un tejido social, que es lo que se empezó a destruir en la Argentina a partir de los años 70.

–Hoy se impone la idea de que, para bajar la pobreza, primero es imprescindible asegurar la estabilidad económica. ¿Alcanza con eso o hay que ir más allá?

–Es una condición necesaria, porque la inflación es el mecanismo más perverso de transferencia de ingresos desde los pobres hacia los ricos. Sin equilibrio macroeconómico, sin un sistema político estable, no es posible aplicar ninguna de las políticas virtuosas que están siendo exitosas en otros países en América Latina, donde caen gobiernos, se producen catástrofes, rebeliones sociales, pero la moneda no cambia de valor. No hay inflación. Hay estabilidad económica y hay un crecimiento más o menos permanente. La base que hace posible la reconstrucción del tejido social es el equilibrio macroeconómico. Que no es un fenómeno aritmético, sino el producto de acuerdos sociales y de una serie de políticas orientadas a terminar con el parasitismo y con los privilegios. Pero hay que ir mucho más allá. No es lo único. Mientras lográs ese equilibrio, no podés perder de vista que tenés un 50% de pobreza. Una pobreza que es diversa y heterogénea.

–¿Cómo hacemos para recomponer estas sociedades fragmentadas y desintegradas, donde parecen haber dos sectores con vidas completamente distintas?

–Ya no hay una sola sociedad, hay dos sociedades diferentes. El problema es cómo integrarlas. En toda América Latina vos veías dos sociedades. En la Argentina eso no existía. Hay que establecer puentes virtuosos con los sectores marginales. Y evitar los puentes venales. El puente venal es una relación entre las élites y la marginalidad que no busca superar ese estado de cosas, sino explotarlo. Ocurre en las zonas liberadas del Gran Buenos Aires. O con un narco al que le va muy bien en su negocio, que distribuye parte de su ganancia en el barrio y depende de un comisario, que está vinculado a un juez, a un fiscal, a un intendente y sigue la cadena. Ahí tenés el vínculo venal. No es que el Estado haya desaparecido, sino que desaparece en su aspecto legal. Acá el Estado estuvo y sigue estando. Pero está aplicando políticas inversas al Estado de derecho, inversas al interés general y que cuentan con apoyo social, porque le garantizan la subsistencia a cientos de vecinos que dependen de quienes practican la piratería del asfalto, el robo de coches o el tráfico de drogas. Hay que reintegrar ese tejido social. La tarea es ciclópea. Es difícil, pero hay que hacerlo.

–Los piquetes son una problemática importante en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país. ¿Cómo puede hacer el nuevo gobierno para enfrentarlos? ¿Cómo contener la protesta y neutralizar la conflictividad social?

–La movilización es una estrategia de lobby para pedir recursos, a cargo de organizaciones sociales que se arrogan la representación de los pobres, pero que nadie votó. Y movilizan a cientos de miles de personas. Todo lo que he escuchado me sabe a poco, a voluntarismo. No entran a la Ciudad de Buenos Aires porque franqueamos los puentes. Pero el conflicto lo vas a tener en Avellaneda. ¿Y cómo hacés para que la ciudad no quede bloqueada en todas sus vías de acceso? Después, se dice “el que corta, no cobra”. ¿Cómo hacés para detectar la identidad del que corta? Se puede si son 50 personas, pero si tenés 20.000 personas cortando, ¿cómo haces para identificarlos uno por uno? Es muy difícil individualizar al beneficiario para darle de baja el subsidio. Además, no todos los subsidiados van. Y muchos van por turnos. Eso es voluntarismo. Después, escuché que van a ir a donde los punteros reclutan a la gente con los colectivos escolares. Eso requiere de un despliegue de fuerzas y una estructura de inteligencia que estamos lejos de tener. No sé si son cosas que se dicen por decir, o hay improvisación o desconocimiento.

–¿Qué desafíos enfrenta el gobierno de Milei en cuanto a los subsidios a las tarifas? ¿Cómo podría sobrellevar las consecuencias sociales de quitarlos, reducirlos o reordenarlos?

–Respecto a las tarifas, van a afectar sobre todo a las clases medias que todavía preservan algún tipo de subsidio. La clase media está en una zona muy complicada, entre la pobreza y la integración. Los ajustes de tarifas son necesarios. Ahora, hay métodos para hacerlos y muchas formas de atenuarlos. Lo que ocurrió con las tarifas es una locura. No es producto de una situación endémica de la Argentina, sino que empezó recién en 2001-2002, cuando se congelaron durante el gobierno Duhalde, a los efectos de aliviar la crisis y reactivar la economía. Se aplicó en el área metropolitana de Buenos Aires, que es la más poblada. En forma suicida, el último gobierno ha extendido estas exenciones. Es lo más parecido a una adicción: la adicción de quedar simpático con la gente. También hay una connotación cultural. Se instaló una serie de sentidos comunes por los cuales eso era un derecho. Y ahí no hay ningún derecho. Eso es un privilegio, que un compatriota de Resistencia o de Salta no percibe. Con el tema de los transportes hay que pensar un subsidio destinado al viajante en vez de a la empresa. Y que la empresa haga todas las actualizaciones que necesite para evitar un drama como el de Once. Porque todas estas cosas, como pensar que la riqueza se produce sola y que alcanza con emitir papelitos, después se terminan pagando.

UN ACADEMICO CON MUCHA CALLE

PERFIL: Jorge Ossona

■ Jorge Ossona es profesor de Historia por la Universidad de Belgrano. Miembro del Club Político Argentino, se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Normal de Lomas de Zamora.

■ Es investigador del Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración de la UBA y del Centro de estudios de historia política de la Universidad Nacional de General San Martín.

■ Es autor de Punteros, malandras y porongas. Ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza. Y del capítulo “Detrás de La Salada: ocupaciones territoriales y economías clandestinas”, en el libro Conurbano infinito, compilado por Rodrigo Zarazaga y Lucas Ronconi.

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