Gretchen Helmke: “La mayor parte de la historia de Cristina Kirchner es de impunidad”

A fines de los años noventa, Gretchen Helmke se instaló en un lugar muy especial de Buenos Aires: la azotea del Palacio de Tribunales. Allí compartió un baño con presos y detenidos mientras analizaba miles de “fayos”, como pronuncia con acento porteño, mes tras mes. Evaluó con datos empíricos cómo se comportó el Poder Judicial frente al poder y cómo anticipó y reaccionó ante los cambios de regímenes y de gobiernos en el país. Desde los dictadores hasta Raúl Alfonsín y Carlos Menem. ¿Resultado? Verificó lo que llamó –y desde entonces se conoce como-–”la lógica de la defección estratégica”.

La premisa es tan sencilla como demoledora: muchos jueces y fiscales –no todos, claro– deciden al ritmo de la política o pendientes del contexto político, midiendo el poder del gobierno actual y su capacidad de daño, como también las probabilidades de un cambio de ciclo. Así, cuando los magistrados huelen el final de un gobierno, aumentan sus fallos adversos contra esa gestión para congraciarse con la ciudadanía y con los funcionarios entrantes. Y lo hacen, a menudo, como método de supervivencia.

El camino recién comenzó allí para Helmke, que acumuló premios y reconocimientos de Harvard, el Wilson Center y la Asociación de Ciencias Políticas de Estados Unidos por su investigación. Pero la hoy profesora de la Universidad de Rochester pone cierta distancia ante el concepto del “lawfare”. “La historia de Cristina [Fernández de] Kirchner es de impunidad”, remarca.

Del mismo modo, Helmke ahora indaga en lo que llama la “rendición de cuentas selectiva”; es decir, cuándo, cómo y por qué algunos gobiernos investigan a los funcionarios de la gestión anterior mientras otros gobiernos prefieren dar vuelta la página, no por altruismo, sino por cálculo, necesidad o cinismo.

–Empecemos por lo básico, ¿puede explicar en términos simples que es la “lógica de la defección estratégica”?

–La idea comenzó con una pregunta: ¿puede haber una justificación o motivación de los jueces para desafiar al gobierno que no sea su declamada independencia? La sabiduría convencional y la academia suelen coincidir en que solo los jueces independientes se atreven a fallar en contra de un gobierno y, de hecho, los fallos antigubernamentales son la mejor prueba de que un tribunal es realmente independiente. Pero ¿podría haber otras motivaciones? Así fue como comenzó esto. Recuerde que en las discusiones teóricas se plantea que los jueces son conscientes del contexto político y pueden, por tanto, abstenerse de pronunciarse contra el gobierno porque no quieren quedar como desestabilizadores o porque no quieren que se les cuestione su legitimidad. Entonces pensé, ¿y si fallar en contra del gobierno de turno cuando está perdiendo poder pudiera ser parte de una estrategia deliberada de muchos jueces para ganarse el favor del público o del gobierno entrante? Los jueces mostrarían de ese modo que no quieren ser “enemigos” de la próxima coalición política que gobierne. Y si esto fuera así, la “defección estratégica” sería la forma en que le indican al gobierno entrante que no son parte del gobierno anterior y que, por tanto, merecen mantener sus puestos, sus salarios o cualquiera otro elemento que pueda estar bajo amenaza.

–¿Esta “defección estratégica” suele darse entre los jueces en general o hay determinadas condiciones sociales, legales o políticas que la impulsen?

–Hay dos condiciones para que se dé. La más obvia es que los jueces deben tener algún tipo de expectativa de que el gobierno vigente dejará el poder. La segunda, que la amenaza del gobierno entrante sea creíble. Este es el caso de la Argentina, por ejemplo, donde la mayoría de las veces en que cambió el gobierno –ciertamente con Carlos Menem– también cambió la composición del Poder Judicial, porque aunque los jueces supuestamente tenían un mandato vitalicio, muchos fueron obligados a renunciar. Del mismo, si hay una amenaza muy creíble de que el gobierno entrante considera que un determinado tribunal ha sido “capturado” por el gobierno anterior, podría arremeter contra ese tribunal. Así, la defección estratégica sería un intento de los tribunales por proteger su mandato y, acaso, también su legitimidad.

–Usted analizó más de 7500 fallos que emitió el Poder Judicial argentino entre 1976 y 1995 para verificar su hipótesis. ¿Por qué escogió la Argentina en vez de México, Ecuador, Brasil u otro país de América Latina, o Estados Unidos?

–La Argentina resultó para mí un ejemplo muy dramático de cambio de régimen donde podía indagar el papel de los tribunales. El restablecimiento del Estado de derecho y la democracia [en 1983] fue tan importante que me ofrecía una oportunidad de entender cómo negociaría la transición un tribunal. Hasta entonces, muchos académicos habían observado las transiciones desde la perspectiva de los políticos electos, pero no desde la perspectiva de los jueces. Porque recordemos que los jueces jugaron un papel muy difícil durante la dictadura y la pregunta, por tanto, era qué hicieron durante esa transición a la democracia. Y luego, cuando estuve allí, en la Argentina, pude observar además lo que estaba pasando con la Corte Suprema durante la presidencia de Menem. El caso de la Argentina fue muy dramático durante esa transición.

–¿Qué observó durante su investigación?

–La diferencia entre lo que dice la Constitución y la realidad, entre cuán independientes debían ser los tribunales y cuál era realidad. Esa brecha resultó tan grande que pensé que valía la pena estudiar hasta qué punto las elites políticas, jueces incluidos, están moldeadas por las instituciones formales y hasta qué punto por las normas informales. Y verifiqué ese desajuste en la Argentina. Recordemos que la Constitución argentina se parece a la de Estados Unidos, donde se supone que el juez tiene un cargo de por vida, pero la realidad es que la composición de los tribunales, y en especial de la Corte, cambiaba con cada cambio de régimen, y ya en democracia también con los cambios de gobierno.

–A la luz de sus hallazgos sobre la “lógica de la defección estratégica”, ¿cómo interpreta que Cristina Fernández de Kirchner haya sido condenada mientras es la vicepresidenta de la Nación y lidera la coalición gobernante?

–Es una pregunta muy interesante, pero hasta cierto punto voy a tener que esquivarla porque no conozco todos los detalles sobre todos los jugadores en el tablero, ni sus afiliaciones, ni cuál sería la probabilidad de que los jueces involucrados sean reemplazados, entre otros factores. En la actualidad trabajo en un proyecto que analiza qué lleva a la penalización de exlíderes en América Latina para determinar si lo que ocurre en la región se aplica también o no a Estados Unidos. Como sabe, esta es la primera vez que aquí se evalúa procesar a un expresidente [por Donald Trump]. Aclarado eso, el caso Kirchner es asombroso. La forma en que tiendo a pensar lo ocurrido es desde un contexto más amplio, en el que la mayor parte de la historia de Cristina Kirchner es de impunidad. Ella había quedado involucrada en múltiples investigaciones surgidas durante su presidencia y no es que estos cargos criminales surgieran de la nada. Dicho eso, déjeme plantearle un contexto aún más amplio que hemos verificado empíricamente: cuando se procesa a expresidentes en América Latina, esto ocurre cuando esos políticos son realmente débiles políticamente.

–Así lo expuso usted en un artículo que publicó en 2019 junto a tres colegas.

–Exactamente. Por eso, dado ese contexto, creo que ella está siendo condenada cuando su popularidad, no sé si está en un mínimo histórico, pero ciertamente está disminuyendo. Eso parece consistente con que los líderes solo afrontan problemas judiciales cuando sevuelven políticamente débiles, políticamente vulnerables, cuando son bajas sus posibilidades de regresar al poder y desatar una espiral de ojo por ojo. Dicho de otro modo: solo cuando los políticos se vuelven vulnerables, se empieza a ver que los tribunales se mueven en su contra.

–Dicho de otro modo, jueces y fiscales que son procíclicos, que se hincan ante los poderosos, pero avanzan contra ellos cuando sienten que se licúa su poder.

–Así es. Puede ocurrir que haya jueces lo suficientemente independientes como para ser ellos quienes hacen ese cálculo. O puede ocurrir que ese cálculo esté en manos del nuevo gobierno, que puede controlar a los fiscales, a los jueces, y que puede querer liderar una ofensiva contra el anterior gobierno. Sin embargo, en ciertas ocasiones vemos que un nuevo gobierno opta por no convertir a su predecesor en un objetivo con la esperanza de que luego no los persigan a ellos, si calibran que los antecesores pueden volver al poder. Una suerte de rendición de cuentas selectiva por la que solo se castiga a los exfuncionarios cuando ya no están en condiciones de volver a morder, ni esa decisión de avanzar contra el predecesor puede tener consecuencias negativas para los intereses propios.

–En ese artículo académico de 2019, usted incluyó una frase sobre el cálculo que domina entre muchos políticos y funcionarios: “El riesgo de que una vez que colapse la impunidad para un Presidente, bien pueda colapsar para los demás”.

–[Asiente] Creo que lo hemos visto en ciertos casos, como en Perú, mientras que en otros países, como Brasil, es realmente complicado aplicar esta lógica, aunque habrá que esperar. Lula [Da Silva] ha vuelto a la presidencia y ahora [Jair] Bolsonaro está en Florida.

–¿Qué piensa sobre el lawfare?

–Como definición, entiendo que se quiere aludir a una especie de guerra política usando la ley. Es decir, recurrir a la ley para perseguir a los enemigos mediante una caza de brujas, y proteger a los amigos, aunque tiene algunas excepciones. Por ejemplo, si impulsar esa ofensiva podría conllevar un costo alto o, como expliqué antes, puede llevar a una reciprocidad ojo por ojo. O, también, si el líder en la mira sigue siendo muy popular y conserva el control de su partido, que a su vez tiene muchos escaños en el Congreso. En ese caso, ir tras ese opositor podría hacer que sea más difícil gobernar para el oficialismo. No conozco los detalles, pero parece que algo así pudo haber pasado en México con [Andrés Manuel] López Obrador y su decisión de no perseguir a [Enrique] Peña Nieto. Como candidato, López Obrador hizo campaña contra la corrupción, pero tan pronto asumió como presidente, dijo que no miraría hacia atrás. Muchos especulan que lo hizo para que México fuera gobernable.

–¿Qué se puede hacer para promover una verdadera independencia judicial?

–Me pide una respuesta muy difícil de articular en un contexto polarizado donde es muy difícil convencer a la ciudadanía de que una investigación criminal tiene sustento y que no está motivada por algún objetivo político. Veamos lo que ocurre en Estados Unidos, donde el 90% de los demócratas piensa que Trump delinquió y debe rendir cuentas, y el 90% de los republicanos cree que no hizo nada malo y que no tiene nada que explicar. En ese contexto, sea que Trump sea procesado o no, una parte del público pensará que se ha violado el Estado de derecho porque se lanzó una caza de brujas o porque reina la impunidad. Semejante cuadro tiene todo tipo de efectos sobre cómo se perciben las instituciones y la democracia.

–¿Y entonces?

–Aunque parezca simplista, creo que solo si la persona bajo sospecha ha perdido suficiente credibilidad puede crearse un consenso de que debe rendir cuentas. Pero en un contexto muy polarizado y con una sociedad muy dividida, es muy difícil convencer a los partidarios de un líder que no hay motivaciones políticas detrás de una investigación judicial. Y a esto se suma lo que ya sabemos sobre la desconfianza en las elites de los partidos políticos y en la independencia de los medios de comunicación. Es muy difícil para la gente modificar sus puntos de vista.

–En otras palabras, un contexto de polarización y de baja credibilidad de los medios, no importa qué se publique sobre un escándalo, qué pruebas haya, o incluso que haya condena judicial; la desconfianza imperante llevará a muchos a creer que el condenado es inocente.

–Exacto. ¿Hay alguna forma en que, por ejemplo, los republicanos cambien sus creencias sobre Trump y se abran a la posibilidad de que quizá violó la ley? De nuestros experimentos surgió que lo que hace cambiar de opinión a los republicanos es si alguien del propio partido objeta a Trump. Solo eso mueve un poco la aguja. Y muestra cuán importante es tener elites dentro de cada partido dispuestas a desafiar al líder, porque son esas elites la única fuente de información que quizás absorban los partidarios de ese partido.

–O sea, la oposición desde adentro.

– Sí, porque tienen credibilidad entre los partidarios. Pero tampoco es fácil, claro. Resulta costoso para los dirigentes republicanos, por ejemplo, decir que su líder se equivocó. La mayoría de los que lo intentaron de manera individual pagaron un costo alto por intentarlo: perdieron sus bancas en el Congreso. Por eso quiero ser cauta con los hallazgos de nuestros experimentos. Se trata de un desafío muy difícil, pero es lo único que realmente cambió un poco las percepciones. Resulta poco, lo sé, pero es muy interesante en contextos donde los líderes quieren salirse con la suya y les interesa desacreditar a todas las instituciones que puedan, comenzando por los medios de comunicación. Saben que si generan dudas en la mente de las personas, la rendición de cuentas resulta más difícil porque ya nadie confía en nada.

–En el seminario “¿Está en peligro la democracia estadounidense?”, usted sostuvo que tomaba lecciones aprendidas en América Latina para analizar los riesgos de un autoritarismo en la política estadounidense. ¿Cómo es eso?

–Hay muchos académicos enfocándose en los riesgos autoritarios. Sin ir más lejos, Steven Levitsky y Dan Ziblatt escribieron un libro sobre cómo mueren las democracias. En ese sentido, está la idea de que la erosión de la democracia sucede de manera gradual, pero que hay una especie de guión básico que incluye ataques a instituciones independientes y a los medios y una expansión del Poder Ejecutivo, además de una suerte de guiño a la violencia contra ciertas comunidades marginadas, además de abusar de herramientas institucionales para disciplinar a otras ramas del gobierno. En mi último libro [Instituciones al borde del abismo. Orígenes y consecuencias de las crisis entre poderes del Estado en América Latina] analicé qué incentivó a los presidentes a ir contra los poderes legislativos de sus países y, más a menudo, en contra de los poderes judiciales. Apoyada en todo ese conocimiento abordé cuál era la dinámica en el caso estadounidense, dado que Trump afrontó dos pedidos de juicio político por sus acciones. Soy mucho más optimista ahora sobre Estados Unidos que antes de las elecciones intermedias [en noviembre pasado]. Porque los ciudadanos rechazaron a los candidatos más intolerantes que pregonan quemar todo. Eso es muy alentador. Podríamos hablar durante horas sobre todas las cosas que están mal en Estados Unidos, pero esas elecciones me animaron mucho.

UNA EXPERTA EN TEMAS DE JUSTICIA

PERFIL: Gretchen Helmke

■ Gretchen Helmke es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Rochester, Estados Unidos. Es miembro de Bright Line Watch, un grupo no partidario de académicos que monitorea las amenazas a la democracia en su país.

■ Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago. Ha enseñado en la Universidad de Notre Dame. Ha sido becada por el Kellog Institute for International Studies, el Weatherhead Center en la Universidad de Harvard y el Woodrow Wilson International Center for Scholars.

■ A fines de los años noventa se instaló en Buenos Aires para estudiar el comportamiento del Poder Judicial argentino frente al poder y acuñó el término “defección estratégica”.

■ Publicó, entre otros libros, Institutions on the Edge: The Origins and Consequences of Institutional Instability in Latin America y Courts Under Constraints: Judges, Generals, and Presidents in Argentina.

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