Diana Cohen Agrest: “La inseguridad se ha convertido en verdadera política de Estado”

El país se conmovió esta semana con el llanto de un padre. Fue el llanto de un dolor que cuesta comprender y cuesta dimensionar, pero que sin embargo atraviesa cada vez a más familias argentinas. Es el dolor insondable de las muertes que no deberían ocurrir, el dolor de las vidas arrebatadas por la inseguridad.

El desconsuelo de Pedro Sabo, el padre del kiosquero asesinado en Ramos Mejía, sensibilizó a la sociedad. Pero tal vez pocos lo hayan comprendido tanto como Diana Cohen Agrest. Este año se cumplió una década del brutal asesinato de su hijo en un asalto. Ezequiel tenía 26 años y estudiaba cine. Lo mató un delincuente que gozaba de una excarcelación anticipada, “porque muchos jueces matan con la lapicera”. Desde aquel 8 de julio de 2011 en el que Diana y Gustavo (los padres de Ezequiel) sintieron que el piso se desmoronaba bajo sus pies, esa madre convirtió el dolor en coraje y emprendió una lucha que excede la causa de su hijo. Diana fundó una asociación que, paradójicamente, tiene como objetivo ideal perder su razón de ser. Usina de Justicia dedica sus esfuerzos a acompañar y orientar a víctimas de la inseguridad. “Lo que menos queremos es crecer; quisiéramos que cada vez haya menos víctimas”, explica Diana. Sin embargo, cada vez son más los casos en los que intervienen. Doctora en filosofía, especialista en bioética, profesora y autora de numerosos libros, Cohen Agrest habla del sistema penal con una aproximación teórica, pero con la vivencia, a la vez, de alguien que lo ha sufrido en carne propia.

En una década, lidió con el dolor pero también batalló contra el sistema, estudió derecho penal, se animó a discutir los lugares comunes y luchó contra los prejuicios. Desde ese lugar, es una de las voces más autorizadas y lúcidas para analizar en estos días la conmoción que nos vuelve a provocar la escalada delictiva.

–Este año se cumplieron diez años del asesinato de Ezequiel. En materia de seguridad y justicia, ¿estamos igual o peor que hace una década?

-Desde el punto de vista de la seguridad, en los últimos tiempos estamos peor. No es gratuito haber soltado 4500 presos con la excusa de la pandemia. Nosotros ahora presentamos un amparo por la construcción de cárceles sanas y limpias en las que los presos se puedan reeducar. Pero además luchamos para que se establezca la pena permanente revisable, que es la que rige en casi todas las democracias europeas, como en Italia, Francia o Alemania. ¿En qué consiste? Supongamos que a un violador que asesinó le dan una pena de 10 o 15 años. Cuando se cumple esa condena hay una audiencia en la que se evalúa si el condenado está en condiciones de reinsertarse en la sociedad; si no está en condiciones, se prorroga la pena hasta que realmente esté apto para recuperar la libertad. En el sistema argentino hay una contradicción entre la ley de plazos y el concepto de resocialización, porque muchas veces pasa (y este parece ser el caso de Ramos Mejía) que un individuo cumple el plazo de su condena, y por lo tanto el juez debe liberarlo, pero no está en condiciones de reinsertarse en la sociedad. Entonces reincide en el delito. Eso no pasa en los países con pena revisable, porque se evalúa si, independiente de que haya cumplido el plazo de la pena original, está o no en condiciones de quedar en libertad. En Alemania, por ejemplo, la tasa de reincidencia en homicidas es de solo el 2 por ciento. Es fundamental ver modelos comparados. En otros sistemas, por ejemplo, los presos solo tienen acceso a internet para consultar la evolución de su propia causa penal. Acá, las mafias organizan actividades delictivas desde las cárceles porque tienen internet, teléfonos, computadoras… Nosotros hemos hecho presentaciones contra el uso de celulares por parte de los presos.

–¿Qué receptividad encuentran ustedes para este tipo de planteos y reclamos?

–Nuestras propuestas llegan al común de la gente. Pero no encontramos muchas respuestas de los poderes del Estado. Cuando se estaba elaborando el proyecto de nuevo Código Penal, en el gobierno anterior, nosotros hicimos un montón de críticas y propuestas muy bien sustentadas y no fueron plasmadas en el anteproyecto. Planteamos, por ejemplo, el modelo de la pena permanente revisable, pero no se tuvo en cuenta. Se avanzó con un proyecto que nosotros no vamos a apoyar, porque propone una especie de privatización de las penas: el delincuente puede pagar multas o hacer trabajos sustitutivos para eludir la prisión. Yo siempre digo que el llamado progresismo no es partidario, es cultural en la Argentina. El Código de Zaffaroni ha sido apoyado por todos los partidos: el socialismo de Santa Fe con Barbagelata, el Pro con Pinedo, el radicalismo con Gil Lavedra…

–Las palabras también parecen propiciar algunas confusiones: se llama garantismo al defensorismo, o progresismo a algo que en realidad suele ser muy regresivo…

–Sí, nosotros hablamos de abolicionismo. Y creo que hemos logrado avances en la transformación del lenguaje. Si buscás notas de hace más de diez años, prácticamente no aparecen las palabras victimario ni asesino. En otros países, como Francia, el homicidio y el asesinato son dos tipos de delito distintos; el asesinato sería el homicidio agravado. No es casual ni por azar que en la Argentina se haya eliminado en los textos penales la palabra asesinato, que tiene una carga simbólica y ancestral mucho más fuerte. De alguna manera se homologó el asesinato al homicidio, y hoy se dice homicidio agravado, de manera de quitarle esa carga simbólica que tiene para la gente común.

–También se advierte una suerte de apropiación de determinadas banderas, como la de los derechos humanos, que aparece más asociada a los victimarios que a las víctimas cuando se habla de inseguridad...

–Por supuesto. En la Argentina tenemos una visión sesgada de los derechos humanos. Solo se reconoce como defensoras de los derechos humanos a las asociaciones que lucharon contra la dictadura militar.

–¿Usted siente que hay víctimas que tienen más derechos y reconocimiento que otras?

–Por supuesto; hay una jerarquización de víctimas. A la víctima de delitos comunes casi no se la reconoce. Hoy hay una valoración de las víctimas de la violencia de género y de femicidios, que por supuesto son delitos absolutamente execrables, por encima de las víctimas de otros delitos. Hay un reconocimiento hasta económico a las víctimas de femicidios, que está muy bien, pero ninguno a las víctimas de la inseguridad. Esto tiene que ver con que en la Argentina importamos con ligereza modelos de otros países que tienen realidades distintas. En Europa hay femicidios y violaciones, aunque en niveles menores a los nuestros, pero no tienen casi homicidios en ocasión de robo. Por eso sus políticas están enfocadas a esa problemática. Acá te matan por un celular en la calle.

–Frente a escenas como las de esta semana en Ramos Mejía, uno tiene la sensación de que la historia se repite todo el tiempo y que la inseguridad provoca reacciones cíclicas, pero espasmódicas. ¿Cómo analiza estos reclamos?

–Es como una serpiente que se muerde la cola. Yo estoy convencida de que la inseguridad, en la Argentina, se ha convertido en la verdadera política de Estado. No es una situación coyuntural. No se construyen cárceles por falta de decisión política, no por falta de recursos. Y esto es algo que trasciende a los distintos gobiernos. Hay que ver lo que pasó con la ley de víctimas: la pusieron bajo la órbita de la defensa y no bajo la del ministerio público fiscal. La víctima no se debe defender; debe acusar. Entonces, ¿a qué criterio responde que se la ponga bajo la órbita de la defensa?

–Usted habla de un “negocio perverso” alrededor de la inseguridad. ¿Cuáles son las claves de ese negocio?

–Apenas un condenado entra a la cárcel, empieza a correr lo que se llama el sistema progresivo de la pena. Entonces, lo que tiene que hacer es ir quemando etapas para acceder a la condicional y quedar libre. Para eso necesita un abogado. Cuantas más instancias y atajos haya, más necesarios son esos servicios, que muchas veces se pagan con dinero del delito. El sistema favorece toda una cadena de “negocio”. Los tratados internacionales establecen una doble instancia para los procesos penales. Acá, en la provincia de Buenos Aires, hay hasta siete instancias.

–En su experiencia con “el sistema”, ¿cuál fue el mayor obstáculo? ¿La ineficiencia, la negligencia o la ideología?

–Fue la ideología; una ideología que ha consolidado esta política penal, con la que se han formado tres o cuatro generaciones de abogados que siguieron a Zaffaroni. No solamente los abogados; también los sociólogos, los psicólogos, los pensadores. Entonces vemos a muy poca gente dentro del sistema que trabaje en favor de las víctimas. Es un problema muy amplio, porque el abolicionismo no solo ha impregnado el derecho penal sino otras disciplinas, empezando por la educación. Recuerdo que hace unos años un profesor de La Plata publicó un artículo en el que proponía que se abolieran las calificaciones en las universidades, porque decía que suponían un ejercicio ilegítimo del poder.

–Usted describe una situación en la que el sistema revictimiza a la víctima…

–Es así. La situación es devastadora para la víctima, que por un lado debe hacer el duelo y al mismo tiempo luchar por una justicia justa. Es una lucha en desventaja. En los juicios por jurados, por ejemplo, si el acusado es declarado culpable, puede apelar, pero si es declarado inocente, la víctima no puede apelar. Eso muestra la asimetría absoluta. El Estado, al no ejercer su poder punitivo, deja a la víctima en estado de indefensión. La víctima no puede ejercer la venganza por mano propia, por supuesto, pero el Estado no lo hace en su nombre, entonces queda con las manos vacías. Las sociedades, por otra parte, tienden a identificarse con el “ganador”. Lo explica un académico norteamericano: en general, la gente prefiere estar del lado del vencedor; nos pasa cuando vemos una película: muchas veces nos identificamos con el que provoca el daño; eso de alguna manera te “empodera”. No te identificás con el perdedor. La víctima, en esa lucha, es la que perdió. En el caso de Ezequiel, los jueces dijeron que él había provocado al asesino. Igualan y ponen en un nivel de paridad al que mata y al que muere, porque el muerto ya no tiene voz. La víctima, además, se encuentra muy sola; es la única que está en el lugar en el que nunca hubiera elegido estar. El acusado está en el proceso porque provocó el hecho delictivo, el fiscal y los jueces porque eligieron la carrera judicial, los abogados porque cobran por prestar ese servicio. La víctima es la única que está en ese lugar sin haberlo querido y siente una profunda soledad.

–Usted, al hablar de la ideología que condiciona al sistema penal, habla mucho del “buenismo”. ¿Cómo definiría ese concepto?

–Es el “alma bella” de Hegel o la “buena fe” de Sartre: aquel que calma su conciencia con ideas a favor de los que considera vulnerables; es tomar una posición en la que, más allá de la justicia o no de una acción, uno se pone del lado de los presuntamente débiles para calmar su propia conciencia, sin pensar en las cuestiones de justicia que estén en juego.

–El sistema judicial no es una abstracción; son los hombres y mujeres que lo administran. Cuesta entender que esos actores no tengan una mejor comprensión de las víctimas y de la necesidad de justicia…

–Es que ese que usted hace es un planteo “buenista”… Hay que entender que los fiscales, para ascender en su carrera judicial, deben adherir a esta doctrina del abolicionismo. En las universidades, si no recitás el manual de Zaffaroni, no te aprueban. Solamente pueden ascender en la Justicia los que repitan la doctrina hegemónica. Por eso yo digo que la vida es algo demasiado serio como para dejarlo solo en manos de los abogados. Y ahí incluyo a prácticamente todo el sistema penal.

–Usted ha hecho una reivindicación del diálogo en una Argentina cada vez más fragmentada. ¿Tendría un diálogo con Zaffaroni?

–No, no me interesa. El trabajo no lo tengo que hacer sobre Zaffaroni sino sobre la gente común, sobre la gente que sufre lo que está pasando.

–En nuestro país, cada vez son más los padres condenados a “ausencia perpetua”, como usted ha definido a la pérdida de un hijo por la inseguridad. ¿Cómo sigue la vida después de la devastación y el horror? ¿Cómo se sigue adelante con un dolor tan inmenso e irreparable?

–Le contestaría con una metáfora: cuando a una persona se le mueren los padres, es como si se le cayera el techo de su casa. Queda a la intemperie, pero puede buscar algún lugar donde protegerse. Cuando mueren tus hermanos y tus amigos, es como si se cayeran las paredes. Pero cuando te matan a un hijo, se desmorona el piso. A mí me cuesta mucho hablar en primera persona, me duele demasiado. Uno piensa que con los años se puede volver a reír, pero yo no puedo. Es muy difícil encontrar consuelo. El dolor te provoca un inmenso vacío y una inmensa soledad. Para mí, Ezequiel es una especie de sombra que me acompaña en cada acto y cada cosa de mi vida. Fundar Usina de Justicia fue un intento por dotar de sentido a un sinsentido.

UNA VOZ EN DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS

PERFIL: Diana Cohen Agrest

▪ Diana Cohen Agrest es madre de Ezequiel, un joven brutalmente asesinado el 8 de julio de 2011 en un asalto. Ese día comenzó una lucha que todavía continúa por encontrar justicia y representar a las víctimas de la inseguridad.

▪ Doctora en Filosofía por la UBA y magíster en Bioética por la Monash University de Australia, Cohen Agrest ejerció la docencia y la investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

▪ Es autora de numerosos libros, entre ellos Ausencia perpetua, un ensayo en el que denuncia, a partir de su experiencia y del estudio de modelos comparados, “las trampas de la (in) Justicia” .

▪ En 2009 recibió el Premio UBA a la divulgación de contenidos educativos. Algunos de sus trabajos se han traducido al checo y al sueco.

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