Amos y señores de la dádiva: los gobernadores de la Argentina feudal

La Real Academia Española define el feudo como aquel contrato que solía celebrarse durante la Edad Media en Europa por el cual los soberanos y los grandes señores concedían tierras o rentas en usufructo, y quienes las recibían debían guardar fidelidad de vasallo al donante, prestarle servicio militar y acudir a las asambleas políticas y judiciales que el señor convocaba.

Más de mil años pasaron ya, pero aquellas prácticas, atávicas y autoritarias vistas bajo el prisma del siglo XXI, siguen plenamente vigentes en algunas provincias argentinas. Gobernadores como Gildo Insfrán en Formosa, Alberto Rodríguez Saá en San Luis, Ricardo Quintela en La Rioja y Gerardo Zamora en Santiago del Estero tal vez no luzcan coronas ni vivan en castillos imponentes, pero en sus terruños actúan como verdaderos señores feudales que, a cambio de dádivas y empleo público, exigen obediencia electoral a sus gobernados, sus vasallos. Implantaron en sus provincias –no son los únicos– lo que el politólogo Guillermo O’Donnell definió como “democracias delegativas”, una malformación del sistema que, si bien mantiene su legitimidad de origen a partir de elecciones razonablemente limpias y aparentemente competitivas, considera como única fuente y lugar institucional de la autoridad a quien detenta el poder Ejecutivo, entronizado como un auténtico “salvador del pueblo” y, por lo tanto, merecedor de amplios poderes. Por eso, en las democracias delegativas, los mandatarios consideran un estorbo indebido la “interferencia” de instituciones de control o rendición de cuentas, así como de los poderes Legislativo y Judicial, y ni qué hablar los medios periodísticos. Su primera acción será sojuzgarlos por vía de la cooptación y, ante la mínima resistencia, por medio de la fuerza.

Indiferentes a las críticas, Insfrán, Quintela, Rodríguez Saá y Zamora, aliados del kichnerismo, hicieron de sus provincias bastiones inexpugnables a cualquier intento opositor por la alternancia en el poder. Insfrán en Formosa y los hermanos Rodríguez Saá en San Luis pueden dar fe de ello, con 38 años de gobierno ininterrumpido bajo la bandera del peronismo. El santiagueño Zamora no tendrá origen peronista, pero sus prácticas se le asemejan bastante: allá por 2005 plantó la bandera del Frente Cívico y, desde entonces, alternó el manejo de las riendas con su esposa, la actual presidenta provisional del Senado Claudia Abdala. Entre ambos ya cumplieron 21 años al frente de la provincia, más tiempo del que ostentó el patriarca de los caudillos peronistas, Carlos Juárez, quien paradójicamente, fue desalojado del poder santiagueño en nombre de la “renovación política”.

“De manera astuta, Zamora corrige los modos caudillescos de Juárez, perfeccionó y aggiornó su estilo de gobierno; al asumir, pacta con el matrimonio Kirchner hasta convertirse en uno de sus socios más leales. Aunque no es peronista, es de los gobernadores con más poder: su esposa es hoy la presidenta provisional del Senado, tercera en la línea de sucesión”, describe el diputado Rubén Manzi, de la Coalición Cívica.

Estos “zares provinciales” jamás hubiesen podido perpetuarse en sus territorios sin la aquiescencia de los gobiernos nacionales de turno y los miles de millones de pesos que se les gira desde la Nación. Tanto Formosa como La Rioja y Santiago del Estero tienen economías tan primitivas que prácticamente no generan ingresos propios y dependen, en más de un 90%, de los recursos que reciben por coparticipación para su subsistencia. Más allá de estos giros automáticos, las tres provincias suelen ser privilegiadas con transferencias discrecionales desde el Tesoro: aquí radica la fuente de poder de sus respectivos mandamases que, como Quintela en La Rioja, hacen uso y abuso de esos fondos sin rendir cuentas.

“Hay que mandar platita más fuerte a los intendentes e inundar las radios para que hagan una buena campaña, porque a todas les pagamos”, se jactaba el jefe de gabinete de Quintela, Juan Luna Corzo, en un audio que escandalizó a todos, menos al gobernador. “Es una conversación natural entre compañeros”, minimizó. La oposición riojana pataleó y presentó una denuncia ante la Justicia, resignada a que caería en saco roto: como en San Luis, Formosa y Santiago del Estero, la división de poderes en La Rioja es una quimera.

El gobierno nacional prefiere mirar para el otro lado; después de todo, lo único que le interesa es que los gobernadores mantengan disciplinados a sus legisladores nacionales para que voten sin chistar los proyectos del Poder Ejecutivo. Todos para uno y uno para todos.

Esto explica por qué, en el reparto discrecional de los recursos, las provincias opositoras terminan relegadas. La inequidad es tal que La Rioja ostenta uno de los primeros lugares en el podio de giros de transferencias corrientes y para gastos de infraestructura en detrimento de Córdoba y Mendoza, provincias opositoras. A Santiago del Estero, en tanto, ya se le destinó en estos primeros seis meses del año toda la asignación anual que le correspondía para asistencia alimentaria –seguramente se la reforzará con más recursos conforme se acerquen las elecciones–, mientras que a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Juntos por el Cambio, sólo se le transfirió el 50% de su partida.

Se podrá decir que semejante preferencia se justifica por la situación de pobreza extrema que padece la provincia de Zamora. El 39,4% de la población santiagueña es pobre, según datos del Indec; el 47.7% habita en viviendas deficitarias y el 78,1% de los hogares tiene déficit de conexión a red cloacal, según el último informe elaborado por el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA). Sin embargo, a contramano de las prioridades de su gente, Zamora invirtió 1500 millones de pesos en la construcción de un megaestadio, el más moderno del país, y se vanaglorió de inaugurarlo con el presidente Fernández.

“La enorme mayoría de los santiagueños apoyan esta obra y quienes la rechazan son una mínima minoría que nunca nos votó ni lo hará”, fue la insólita justificación del gobernador frente a las críticas. Fernández asintió. “¿Quién ha dicho que en una provincia no puede haber un estadio de fútbol? ¿Dónde está escrito eso?”, desafió el Presidente.

Este deleite por construir obras faraónicas en medio de la pobreza reinante no es un sello exclusivo de Zamora. También Insfrán, el mismo al que el presidente Fernández calificó como “uno de los mejores políticos y seres humanos”, se dio el gusto de invertir varios millones de pesos en un moderno polideportivo, imponente por su tamaño e instalaciones de última generación. Sin embargo, este estadio saltó a la fama no tanto por sus competencias deportivas sino por haber sido un ícono de la estricta –por no decir represiva– política sanitaria, violatoria de los derechos humanos, impuesta por el gobernador durante la pandemia.

Que Gildo Insfrán goza de la suma de poder público en la provincia no es una frase hecha; para él, las garantías consagradas en la Constitución Nacional son un solo estorbo para el férreo patriarcado que supo instaurar a lo largo de ocho mandatos consecutivos en la provincia. Así lo demostró con la pandemia: blindó su territorio, impidió durante meses el regreso a sus hogares de cientos de comprovincianos varados e instaló en el polémico Polideportivo Centenario un centro de aislamiento adonde forzosamente debían recalar tanto los contagiados como las personas sospechosas de haber contraído el virus. Indiferente a las críticas y a los reclamos, Insfrán llevó al extremo su obsesión por mantener su récord de “contagio cero” en la provincia.

Con un fallo demoledor, la Corte Suprema de Justicia se encargó de desbaratar los planes absolutistas del monarca formoseño quien, a regañadientes, se vio obligado a liberar los accesos a la provincia y a relajar las severas medidas de confinamiento. De todas maneras, salir e ingresar a Formosa continúa siendo una odisea: por orden del gobernador allí no aterrizan los vuelos ni se permite el transporte terrestre interprovincial. Viajar a otra provincia se convirtió en un privilegio solo para adinerados: para llegar al aeropuerto más cercano, el viajero deberá trasladarse a Resistencia, con el costo que eso conlleva. El mismo costo para retornar a la provincia, más un hisopado obligatorio: una suerte de “peaje sanitario” que impone la gobernación.

El estado de excepción que impuso la pandemia exacerbó los modos autocráticos de estos señores feudales. La violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad locales fue un denominador común en varias provincias durante la cuarentena. De ello puede dar fe el riojano Quintela y sus famosos “chalecos colorados”, una legión de jóvenes que el año pasado fueron reclutados para controlar el cumplimiento de las restricciones pero que luego devino en una “fuerza de choque” del gobernador para controlar las manifestaciones opositoras. En San Luis, en tanto, la violencia institucional cobró dos jóvenes víctimas, Florencia Magalí Morales y Franco Merenguello, ambas muertes ocurridas en comisarías puntanas. Ninguno de los casos fue develado todavía por la Justicia.

Como su colega Insfrán, durante el período de cuarentena Alberto Rodríguez Saá amuralló su provincia e impidió el paso, “en nombre de la puntanidad”, de cualquier ciudadano no residente en la provincia. Ni siquiera el pedido desgarrador de Martín Garay, enfermo de cáncer terminal, para que sus hijas pudiesen viajar a despedirlo en San Luis, conmovió al gobernador. Tampoco las protestas de cientos de transportistas en viaje desde Cuyo hacia la Capital; en su paso obligado por San Luis se topaban en los accesos con verdaderas barricadas que los obligaban a permanecer varados.

El apellido Rodríguez Saá es sinónimo de San Luis. No es para menos: Alberto va por su quinto mandato, mientras que su hermano Adolfo ejerció otros cuatro. Como sus colegas Insfrán, Quintela y Zamora, los hermanos puntanos supieron hacer del empleo público y de la prebenda su mecanismo de perpetuación en el poder: sobre una población económicamente activa de 200.000 trabajadores, unos 80.000 son beneficiarios de planes sociales y apenas 50.000 personas ejercen en la actividad privada.

Con los poderes Legislativo y Judicial bajo su puño, la prensa regada con suculentas pautas oficiales y la oposición sofocada, las manías autocráticas de estos reyezuelos provinciales parecen no tener fin. Los gobiernos nacionales de turno, incluido el de Mauricio Macri en su momento, no supieron (o no quisieron) romper el statu quo y optaron por la vía más fácil, la de pactar con ellos. Solo el despertar republicano de la gente, que ha vivido adormecida por la comodidad de la dádiva y del empleo público, podrá provocar con el voto el cambio tantas veces postergado.

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