Alfredo Romero, del Foro Penal: “Tenemos el número de presos políticos más alto en la historia del chavismo”

La sede del Foro Penal Venezolano, ubicada en Caracas, se llena todas las mañanas de familias que acuden a pedir ayuda para localizar y asistir a sus familiares detenidos. El trabajo del Foro se multiplicó exponencialmente un mes atrás, luego de que el régimen de Nicolás Maduro no reconociera el triunfo de Edmundo González Urrutia, candidato promovido por la líder opositora María Corina Machado.

Alfredo Romero, abogado y presidente de esta organización no gubernamental que ofrece asistencia jurídica gratuita a personas detenidas arbitrariamente, dice que en 25 años de chavismo nunca hubo tantos presos políticos como ahora. Lo primero que muestra la página web del Foro es el registro actualizado de los arrestos: el jueves, día de cierre de este suplemento, sumaban 1780. Entre ellos, 1581 correspondían a personas detenidas desde el 29 de julio. Hay activistas y políticos comprometidos, ciudadanos que han participado de las marchas opositoras y hasta algunos que solo pasaban por allí en el momento equivocado.

En la Venezuela bolivariana presos políticos hubo siempre. Pero la gran mayoría entraba y salía. Hoy no salen. Y el régimen no permite que los abogados del Foro les den asistencia jurídica. Aislados, la mayoría tampoco puede ver a sus familiares. La represión del gobierno se endureció para amedrentar a una sociedad que, convocada por la oposición, hoy marcha de a miles en protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó el fraude electoral.

“Antes se detenía a un grupo de estudiantes para intimidar al colectivo estudiantil –dice Romero–. Se detenía a un juez para intimidar a un grupo de jueces. Ahora vemos detenciones generalizadas. Hay mucho miedo. La denuncia pública disminuye un poco cada día, porque las personas tienen miedo de hablar, de denunciar, y este ha sido un recurso que nosotros hemos utilizado siempre para que se les prestara atención a los casos”.

El Foro Penal Venezolano nació como respuesta a la represión estatal ejercida contra los disidentes u opositores y ante “la ausencia del Estado de derecho en el país desde hace más de 18 años”, dice su página web. Es, sin duda, el referente en materia de derechos humanos en Venezuela. Romero quiere mantenerse fiel a lo que considera su misión, que por su esencia va más allá de cualquier ideología. Por eso, antes de empezar la entrevista, con toda amabilidad advierte que por principio no quiere entrar en consideraciones políticas partidarias, que lo suyo se centra en las víctimas de la represión. Por ahí discurrirá la charla, entonces.

“Vivimos una ola represiva de una magnitud mayor que en otras ocasiones –dice a través de una videollamada el martes, un día antes de que la tercera manifestación opositora se concentrara en Caracas–. Se ha desatado una la ola masiva de detenciones arbitrarias, porque se trata de personas que ni siquiera están manifestando. A algunas se las llevan de sus casas, sin orden de aprehensión. Vemos diariamente a familiares de personas detenidas que no tienen conocimiento de su paradero. Llegan todos los días, en grandes cantidades, a buscar apoyo del Foro. Yo llevo más de veintidós años representando a víctimas de la represión, y siempre ha habido lo que yo llamaba el efecto puerta giratoria”.

–Entraban y salían…

–Siempre el régimen ha detenido a personas por un tiempo corto, sobre todo cuando se trataba de manifestaciones. Después las liberaban y luego detenían a otros, y a su vez los liberaban. Había una rotación. Hoy esa puerta giratoria ya no existe. La represión se transformó en algo utilitario, en una herramienta real de control de la población. Por eso hoy tenemos 1780 detenidos. Antes de las elecciones del 28 de julio había unos 200. Este es el número de presos políticos más alto en lo que va del siglo XXI en Venezuela. Es decir, es el número de presos políticos más alto en la historia del chavismo.

–¿A quiénes apunta el gobierno con estas detenciones?

–Hay cuatro tipos de detenciones, que nosotros vamos evaluando y registrando. La menor cantidad, y esto es importante, son activistas políticos de alto rango, digamos. Y son llevados a lugares muy específicos, concretamente al Helicoide, el centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Hoy hay allí veintidós activistas políticos, algunos conocidos, como los exdiputados Williams Dávila o Américo de Grazia, el periodista Roland Carreño, o Freddy Superlano [del partido Voluntad Popular, de Leopoldo López, que integra la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) liderada por María Corina Machado]. Son detenciones selectivas, de personas que son buscadas, y que se siguen produciendo al día de hoy. Después tenemos un grupo de activistas políticos medios, jefes regionales del comando de campaña de Edmundo González, el Comando Venezuela. María Oropeza, por ejemplo, del estado de Portuguesa. Y después tienes un grupo de personas, que es la mayor cantidad, que participaron en las manifestaciones del 29 de julio y del 3 de agosto. Son personas que no tienen una militancia política, pero salieron a apoyar al partido opositor tras el resultado de las elecciones. Y por último, hay un cuarto grupo compuesto por personas que no tenían nada que ver con las manifestaciones, que simplemente salían de su casa, de su trabajo, en los alrededores de la manifestación y fueron llevados detenidos. Es lo que se llama la “Operación Tun Tun”. La mayor parte de estas personas fueron detenidas entre el 29 de julio y el 3 de agosto. En su gran mayoría son jóvenes, con un promedio de 22 años.

–¿Quién realiza esas detenciones?

–La fuerza que mayor cantidad de personas ha detenido es la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Tiene, al día de hoy, 547 detenciones registradas. La Guardia Nacional, que es parte de las Fuerzas Armadas, tiene 523. De las estaciones policiales los llevan a la Zona 7, un centro de la PNB en Caracas, donde centralizan las detenciones. Allí realizan todas las audiencias de Caracas vía telemática, ni siquiera los trasladan a un tribunal. Todo por computadora, a distancia.

–¿Qué cargos les imputan a estas personas detenidas ilegalmente?

–Los cargos son todos iguales. Es un menú que impuso de antemano el propio fiscal general de la república. Básicamente, los dos cargos son incitación al odio y terrorismo. En esas audiencias se les imputan a los presos estos delitos graves, de hasta 20 y 30 años de prisión, y entonces quedan allí privadas de su libertad. Luego la mayoría de los presos son llevados a dos prisiones que acaban de reinstalar. Una es la de Tocorón, en el estado de Aragua, y el otro es el Centro “Hombre Nuevo”, en el estado de Carabobo. Las mujeres y los menores de edad son llevadas a cárceles distintas. Al día de hoy hemos registrado 131 adolescentes arrestados, de los cuales 114 siguen privados de su libertad.

–Supongo que esas audiencias ante un tribunal son una suerte de puesta en escena para legalizar, entre comillas, la situación de estas personas.

–Sí, lo que pasa es que, a diferencia de ahora, siempre ha existido en Venezuela lo que yo he llamado una fachada de Estado de derecho. Nosotros hemos atendido con el Foro Penal más de 14.000 casos desde el año 2014, y siempre hemos tenido la oportunidad de ver al detenido, de ir al tribunal, de hacer las diligencias necesarias, porque éramos los abogados de los detenidos, pero ahorita no lo somos. Entonces, antes un familiar llamaba y nosotros le informamos. Hoy no lo podemos informar, sino que lo ayudamos a dirigirse al defensor público, que como tiene tantas causas no los atiende, porque cada defensor público tiene millones de causas. Hay un simulacro de legalidad, digamos. Lo que significa una restricción absoluta al derecho a la defensa. Esto es en definitiva lo más característico de este momento.

–¿Han cambiado también las condiciones de detención?

–Ahora la regla es, por un lado, la incomunicación del detenido, sobre todo al inicio, y eso incluye la falta de posibilidad de acceso a una defensa privada, una defensa de confianza. A nuestra organización, que ha apoyado y acompañado a los presos políticos durante tantos años, hoy no se le permite el acceso. Entonces nuestra ayuda en estos días es más indirecta, a través del familiar, para instruirles qué hacer, qué pedirle al defensor oficial que impone el Estado. ¿Cuál es la condición física de los detenidos hoy? No lo podemos saber. Solo últimamente, en pocos casos, han podido acceder algunos familiares, con muchas limitaciones.

–Parece claro que el número creciente de detenciones y estas condiciones de aislamiento más duras que de costumbre apuntan a meter más miedo para acallar las protestas.

–El efecto intimidatorio es mucho mayor de lo que fue. Se detiene a un muchacho de catorce años que caminaba por la calle y la madre angustiada por supuesto cuenta a los vecinos que detuvieron a su hijo. Anteriormente se detenía a un grupo de estudiantes para intimidar al colectivo estudiantil. Se detenía a un juez para intimidar al grupo de jueces o a un sindicalista. Ahora vemos una detención generalizada de la población. En las alcabalas, o los retenes, los policías o los militares paran a muchachos en la calle, les piden los celulares, se los registran y los detienen hasta por una fotografía. Hay mucho miedo. Hay terror. La denuncia pública cada día disminuye más, porque las personas tienen miedo de hablar, de denunciar, y este ha sido un recurso que nosotros hemos utilizado siempre para que se les prestara atención a los casos. En los casos injustos, arbitrarios, la denuncia pública ayuda. Pero hoy hay muchos familiares que incluso tienen miedo de acudir a nosotros. Vivimos un momento de mucha oscuridad.

–Ustedes conviven con la angustia de las familias que recurren al Foro para localizar a sus familiares detenidos. ¿Cómo viven esto esas familias?

–El hecho de tener un familiar, un hijo, un hermano detenido sin saber qué va a pasar, sin ningún tipo de garantía, es muy angustiante. Además de apoyo jurídico al detenido político, también le damos apoyo psicológico a las familias. Todas las mañanas esta sede nuestra en Caracas se llena de familiares de presos políticos. Hay que tener en cuenta que aquí la gente es muy pobre, incluso aquellos que antes fueron de clase media. La gran mayoría no sabe entonces a dónde acudir, qué denuncias hacer, no conoce las fases del proceso judicial, ni a dónde llevan a su familiar, o si le pueden llevar comida o visitarlo. Entonces nosotros hacemos un acompañamiento en todo sentido, con más de 400 abogados voluntarios en todo el país y unos 4000 activistas, que no son abogados, pero acompañan y contienen a los familiares. Casi todos los que trabajamos en la organización tuvimos algún familiar detenido. La gran mayoría de los voluntarios ha sido víctima a su vez. Saben cómo se entra a una cárcel para atender a una persona, cómo hablar con el custodio, qué comida llevar, cómo empaquetar la comida para llevarla, porque aquí en las cárceles no hay comida. Y qué agua hay que llevar, incluso, porque tampoco hay agua.

–Imagino que lo primero será localizar a aquellos que se llevan.

–Sí. Y muchas veces los llevan a sitios lejanos de la casa del detenido. Por ejemplo, hay personas del estado Lara, que queda en la zona oeste de Venezuela, a las que llevan a Tocuyito, a dos o tres horas de su casa. Entonces, no solo es la lejanía, sino que muchas veces los familiares son tan pobres que no tienen cómo pagar el transporte para ir a verlos. Lo peor es no saber en qué condiciones están. Por ejemplo, en esta ocasión les raparon el cabello a todos los detenidos. Más allá de esto, no saben nada. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los que vienen aquí son padres, porque los que están detenidos son los hijos, y eso incluye chicos y chicas de 15 o 16 años.

–¿Los abogados y activistas del Foro son perseguidos de algún modo?

–Ahora tenemos un miembro del Foro preso, Kennedy Tejeda, un abogado de 24 años al que detuvieron cuando solicitaba información sobre un detenido. Fue el 30 de julio, dos días después de las elecciones. Y eso que nosotros, como organización, no tenemos ningún tipo de conexión con ningún sector político. Pero bueno, los defensores de derechos humanos no somos amigos de los gobiernos en ningún lugar del mundo.

–¿Hay algo que quisiera agregar?

–Me gustaría remarcar que aquí no se trata de una cuestión de ideología o de posición política. Lo que hay que entender, en toda Latinoamérica, es que hay arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos tanto desde la derecha y como desde la izquierda, y que son tan graves unas como otras. El respeto a los derechos humanos está por encima de la política. El tema no es la ideología, sino la utilización de la represión como un mecanismo del control ciudadano, que ha traído como consecuencia el fortalecimiento de gobiernos autoritarios.

UN LUCHADOR POR LOS DERECHOS HUMANOS

. Alfredo Romero nació en Caracas en 1969. Es director presidente del Foro Penal (FP), una ONG que vela por los derechos humanos en Venezuela y que ha recibido numerosos premios internacionales.

. Abogado, tiene una maestría en Derecho de la London School of Economics and Political Science y otra de la Universidad de Georgetown, Washington.

. Ha sido investigador invitado en materia de derechos humanos en el Wilson Center y en Harvard. Enseña en la Universidad de Navarra.

. Es autor de El reloj de la represión: una estrategia detrás de los regímenes autoritarios (Wilson Center, 2020) y Relatos de muerte en vivo (Caracas, 2012), entre otros libros publicados.

. Recibió el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos (2017), entre otras distinciones.

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