Alejandro Carrió: “Urge reflejar en sentencias las altas sospechas de la corrupción kirchnerista”

Una multitud eufórica colmaba el estadio de Ferro y aplaudía con fuerza uno de los más emblemáticos discursos de Raúl Alfonsín. En la primavera de 1983, el entonces candidato presidencial del radicalismo había lanzado en plena campaña electoral una promesa que parecía irrealizable: juzgar a los poderosos, es decir, a las cúpulas militares responsables del terrorismo de Estado. Una tarea compleja, casi imposible de concretar.

A pesar de los obstáculos, Alfonsín lo logró. Se rodeó de reconocidos juristas y filósofos del derecho, activistas por los derechos humanos, asesores y ministros que lo acompañaron en la búsqueda de aquel ambicioso objetivo. ¿Qué recuerdan los protagonistas de aquellos frenéticos años atravesados por el regreso de la democracia? ¿Cómo diseñó, pensó y planificó Alfonsín su política de derechos humanos? ¿De dónde sacaron todos ellos la valentía necesaria para lograrlo?

En el libro Alfonsín y los derechos humanos, publicado por la editorial Sudamericana, Alejandro Carrió reúne valiosos testimonios de quienes protagonizaron estos hechos para darle una respuesta de primera mano a estas preguntas. El libro compone un interesante coro de voces en el que distintos actores dan sus múltiples puntos de vista sobre un mismo hito fundacional de nuestra democracia.

En diálogo con LA NACION, Carrió, abogado constitucionalista y penalista, explica que el kirchnerismo “se apropió de la causa de los derechos humanos” hasta tergiversarla, e impuso una visión sesgada de la historia que “romantizaba el accionar guerrillero de los años 70″. Por eso, señala que “criticar el terrorismo de Estado no implica olvidar lo que hicieron los guerrilleros” y que “la política de derechos humanos de Alfonsín fue muy valiente, pero también equilibrada”.

Hoy Carrió llama a juzgar de manera urgente los delitos de corrupción que frenan el progreso del país, y advierte al mismo tiempo que “no se puede gobernar de espaldas a las instituciones”.

Varios fueron los factores que llevaron a Carrió a narrar el trasfondo de la política de derechos humanos de Alfonsín en su libro. Él lo cuenta así: “Primero, participé en una obra conjunta en homenaje a Jaime Malamud Goti, en la que me enfoqué en su aporte como filósofo del derecho al Juicio a las Juntas. Segundo, la historia no había sido justa con el esfuerzo de Alfonsín. Tercero, la película Argentina 1985 despertó interés en el tema, pero tampoco era demasiado justa con la historia. Y la cuarta pata es que nunca me gustó la apropiación de la causa de los derechos humanos que hizo el kirchnerismo. Romantizaron el accionar guerrillero en los años 70. Recuerdo cuando Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por no haber hecho nada en materia de derechos humanos durante 20 años. A Alfonsín le produjo un disgusto mayúsculo. Con el libro, quise rendirle un homenaje a Alfonsín y a un grupo de personas próximas a él en el diseño de su política de derechos humanos. Uno de ellos fue mi padre, Genaro Carrió. A raíz de las entrevistas del libro, advertí que él había tenido un rol más importante del que pensaba. Quise escribir algo completo, objetivo, escuchando todas las campanas, aprovechando que la mayoría de las personas que habían estado cerca de Alfonsín todavía vivían. Los fui llamando uno por uno, para que compartieran conmigo sus vivencias. Quería que el libro no fuera árido, sino que consistiera en diálogos”.

–¿Por qué eligió publicarlo ahora?

–En diciembre se cumplieron 40 años de tres decretos muy importantes. El objetivo del libro es mostrar que estos tres decretos fueron fundamentales, porque allí Alfonsín plasmó su política de derechos humanos. Los primeros dos decretos son muy conocidos y están relacionados. Uno es el del enjuiciamiento a las Juntas Militares. El segundo era el de la creación de la Conadep, sin antecedentes en la Argentina ni en el mundo. Ambos mostraban el compromiso de Alfonsín con investigar y juzgar el terrorismo de Estado. Y el tercer decreto, que trascendió mucho menos, ordenaba el enjuiciamiento de ciertos líderes guerrilleros emblemáticos que habían contribuido a que la Argentina de los años 70 fuera un país dificilísimo, con muchísima violencia. Siempre fui muy crítico del terrorismo de Estado, porque existiendo carriles legales era un gravísimo error haber prescindido de ellos. Pero, también me parecía injusta la historia tal como se venía narrando últimamente. Porque los militares salieron a combatir algo que existía y ese algo era la guerrilla.

–El libro forma un coro de distintas voces. ¿Cuáles son las novedades que le dejaron los testimonios de los protagonistas? ¿Le resultó enriquecedor contar con puntos de vista tan variados?

–Me aportó varias cosas. Me maravilló el espíritu de lucha y el equilibrio de Graciela Fernández Meijide. Aprendí mucho sobre el funcionamiento de la Conadep y sobre las visitas a los centros de detención. Para las víctimas, visitar la ESMA fue una expiación, porque comprobaban que era cierto lo que narraban. Durante los años 70 y los 80 se creía que los centros de detención eran una exageración. Se usaba la triste frase de “algo habrán hecho”. Tuve también la mirada práctica de quienes interactuaron con el ejército, como el ministro de Defensa de entonces, Horacio Jaunarena. El juicio a los militares debía tener un límite para cuidar la cadena de mandos. La política de derechos humanos de Alfonsín hay que juzgarla con la vara de los 80, cuando los militares aún eran un factor de poder altísimo. Fue muy interesante también la mirada de quienes asesoraron jurídicamente a Alfonsín, como Martín Farrell y Jaime Malamud Goti. También tuve la perspectiva de José Ignacio López, el vocero presidencial, que con un coraje inmenso le preguntó a Videla sobre los desaparecidos. Y la mirada de Raúl Alconada Sempé, que, aunque trabajaba en Cancillería, había estado muy cerca de Alfonsín al tomar estas decisiones. El libro me aportó también la mirada de los jueces que juzgaron a las Juntas Militares: Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma. Me alimenté de todas las visiones de este coro de notables.

–¿Cómo evalúa la política de derechos humanos del kirchnerismo? ¿De que modo el uso de la causa de los derechos humanos que hizo el kirchnerismo tergiversó el espíritu de lo que pretendía Alfonsín?

–Tergiversar es una palabra fuerte, pero está bien. Corresponde. La política de derechos humanos de Alfonsín era muy valiente, pero también equilibrada. No podemos equiparar la gravedad del terrorismo de Estado con la gravedad de los hechos de la guerrilla. El terrorismo de Estado es moralmente más criticable, porque utiliza todas las herramientas y recursos del Estado. Incluso el peor de los guerrilleros se merecía un juicio, merecía que sus familiares supieran qué había sucedido con él, y merecía que la respuesta estatal no estuviera teñida de ilegalidad. Pero criticar al terrorismo de Estado no implica olvidar lo que hicieron las organizaciones guerrilleras. Los militares intentaron combatir un fenómeno previo. Lo hicieron muy mal, con pésimas armas y a espaldas de la ley. Y en su afán de eliminar la guerrilla, eliminaron a cualquier persona de la que tenían sospechas, con o sin razón. Ahora, tener una mirada sesgada y miope sobre la violencia de los años 70 es una mala manera de comprender la historia. La historia tiene grises, tiene matices.

–Retomando esta idea de la mirada sesgada de la historia, dentro del oficialismo hay voces, como la de Victoria Villarruel, que reclaman que las Fuerzas Armadas fueron juzgadas con una dureza desmedida mientras que las organizaciones guerrilleras no recibieron castigos. ¿Considera legítimo este reclamo? ¿Enfrentamos hoy el riesgo de que se vuelva a instalar una visión favorable a la dictadura?

–La mirada de Victoria Villarruel está bien, aunque difiero en que el juzgamiento a los militares haya sido excesivo. Tuvieron el juzgamiento que merecían los actos de ilegalidad que cometieron. Pero sí coincido en que, por ejemplo, Firmenich debería estar preso. Se merecía prisión perpetua, al igual que Massera y Videla. De hecho, fue a lo que lo condenaron, con una limitación en la cantidad de años de prisión, porque había sido extraditado de Brasil. Firmenich participó de múltiples atentados donde murieron varias personas injustamente. Montoneros era una asociación ilícita. La descripción de los años 70 que se estaba imponiendo hasta aquí era tuerta. Pero espero que tampoco se imponga una visión favorable a los militares. Espero que quienes investigan y escriben sobre el tema hayan sido convincentes en el sentido de que todos los terrorismos violan los derechos humanos. El terrorismo de Estado por definición, pero los terrorismos de izquierda o de derecha de los años 70 también.

–El libro muestra que para Alfonsín era imposible construir una democracia sólida con impunidad. ¿Considera que hoy en la Argentina predomina la impunidad? ¿Qué tan lejos estamos de tener instituciones fuertes y una Justicia independiente?

–Me preocupa la impunidad de la corrupción. Hay una corrupción endémica en la Argentina, que ha provocado un deterioro institucional muy importante. Los índices de nuestro país en las mediciones de transparencia internacional nos muestran una decadencia cada vez mayor. Esto responde a un fenómeno sociológico de arrastre, que Carlos Nino explicaba en su libro Un país al margen de la ley. En la Argentina la ley fracasó como ordenadora de conductas, sobre todo en cuanto a la corrupción de funcionarios públicos. La época de Alfonsín fue una isla en ese sentido. Hoy en el caso de la Legislatura bonaerense parecen estar metidos todos los partidos políticos. Lamentablemente la corrupción en la Argentina forma parte de nuestro ser. Es muy difícil luchar contra eso, pero hay que empezar, siendo duro y dictando sentencias ejemplificadoras. Espero que ahí Milei haga una buena tarea. La gran asignatura pendiente de la Argentina es recuperar el concepto de que la corrupción es un cáncer que nos impide crecer como país.

–Una de las conclusiones del libro es que lo más fácil para Alfonsín hubiese sido no hacer nada, no juzgar a los militares y dar vuelta la página. ¿Podemos trazar un paralelismo con la actualidad, en el sentido de que hoy también para el oficialismo quizá sería más fácil no avalar el juzgamiento de la corrupción reciente? ¿Cómo ve la evolución de las instituciones durante los próximos cuatro años?

–El Poder Ejecutivo tiene que crear las condiciones para que los jueces resuelvan en libertad. Eso es lo que hizo Alfonsín en el 83. Diseñó una Justicia federal de lujo, preparada, con personas valientes e independientes. Esa es la obligación del Poder Ejecutivo. Y los jueces deberían enfocarse en lo que deben hacer jurídicamente, en vez de en lo que les conviene. A Milei le daría el tiempo suficiente para ver cuáles son sus prioridades. Las designaciones que hasta ahora hizo son de gente preparada. No tengo razones para objetar ninguna de manera puntual. Supongo que él también cree que no vamos a progresar como nación si no combatimos la corrupción. Pero Milei también tiene que advertir que la Argentina es un país con diseño republicano. Y el Congreso es un actor importantísimo. Tiene derecho a estar desencantado con el Congreso. Ese gran desencanto hacia la clase política tradicional y ese fastidio respecto al mal funcionamiento de instituciones como el Congreso es la razón por la que fue electo. Ahora, tampoco se puede gobernar de espaldas a las instituciones.

–Pensando en el fracaso de la ley ómnibus, la acusación de “traidores” a algunos diputados, la poca disposición al diálogo del Presidente y su discurso confrontativo y polarizante, ¿observa una similitud entre las formas adoptadas por Milei y los modos del kirchnerismo?

–Las formas y los modos tienen más trascendencia de lo que parece. Un diálogo a las trompadas no va a funcionar nunca. No es la manera de lograr objetivos dentro de un cuerpo colegiado. Tengo que persuadir a los demás de que mi idea es la mejor. También el interlocutor tiene que escucharme. Deberías poder explicar con entereza a dónde querés llegar y por qué esos son los medios correctos. Pero hoy, los legisladores van a las sesiones del Congreso a mostrar su adherencia a determinada ideología. Da igual si leyeron o no la norma que se está discutiendo. Van a actuar su rol de opositores. Es muy bueno que quede claro quién se está oponiendo a una norma con algún fundamento y quién se está oponiendo simplemente porque sí. La Argentina se acostumbró a que ningún sector le quiera conceder al otro ningún éxito.

–Respecto a la corrupción kirchnerista, el fiscal Villar pidió en la Cámara de Casación agravar la pena de Cristina Kirchner a 12 años de prisión en la causa Vialidad. ¿Cómo evalúa esta decisión? ¿Considera que puede tratarse de un avance en materia de la lucha contra la corrupción?

–Soy bastante prudente en opinar de causas que no conozco en detalle. La calificación de asociación ilícita era posible, pero calculo que los jueces tuvieron buenas razones para descartarla. Me preocupa que una repetición de apelaciones haga que las causas no se resuelvan. El Poder Ejecutivo tiene que proveer los medios para que el juicio de la causa Cuadernos se haga pronto, en consonancia con el Congreso y con los tribunales actuantes en la causa. Y pronto tiene que ser anteayer. La Argentina necesita urgentemente que las altísimas sospechas de corrupción de los gobiernos kirchneristas se reflejen en sentencias judiciales. Hay que dar respuesta judicial a todos los hechos de corrupción pronto. Porque el no cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios tiene un efecto derrame atroz para el desarrollo del país.

–La determinación de Alfonsín fue clave para que se llevara adelante el Juicio a las Juntas. ¿Qué aspectos de su legado podemos retomar hoy para fortalecer la democracia?

–Nuestros gobernantes deberían verse al espejo todos los días y pensar si están honrando la Constitución. La Argentina necesita personas que nos puedan recitar el Preámbulo con autoridad, porque creen genuinamente en la libertad económica y política, en la importancia de los derechos de la ciudadanía. Tenemos derecho a que episodios como el del yate de Insaurralde, o las candidaturas testimoniales de Scioli y Massa en 2009, que fueron una estafa a la gente, signifiquen un cambio absoluto en la política. No puede haber semejante disociación entre el derecho y la moral. Cada vez que un funcionario se sale de los mandatos de la Constitución, tenemos derecho a pedir que se vaya del poder. Hay que tomarse en serio las instituciones.

PENALISTA Y CONSTITUCIONALISTA

PERFIL: Alejandro Carrió

■ Alejandro Carrió nació en la Argentina en 1953. Es abogado especializado en Derecho Penal y Constitucional por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es también Master of Laws por la Universidad de Luisiana, en Estados Unidos.

■ Ha sido profesor de Maestría de Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella y profesor adjunto de la UBA. Fue investigador y profesor visitante además en la Universidad de Syracuse, y en Columbia, en Nueva York.

■ Es miembro fundador y actual vicepresidente de la ONG Asociación por los Derechos Civil e integra el Consejo de Administración del Centro de Implementación para Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

■ Su libro más reciente es Alfonsín y los derechos humanos (Sudamericana). Ha publicado además numerosas obras jurídicas y ensayos, y una novela, Favores de Estado.

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