Los trabajadores que podrían perder su visa en EE.UU. si no cumplen con una regla vinculada a la crisis migratoria

Este miércoles 21 de febrero, el Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer una nueva política de restricción de visas para operadores de transporte que faciliten la inmigración ilegal a ese país. Las medidas, amparadas bajo la Sección 212 (a) (3) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), impactarán directamente en propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de transportes chárter, terrestre y marítimo, que presten ciertos servicios.

Según indicaron las autoridades en un comunicado, todos los que entren en la calificación interior que proporcionen servicios de transporte diseñados para personas que tienen la intención de migrar irregularmente a EE.UU., se enfrentarían a la restricción de visados. Esta nueva política extiende y reemplaza la política Nicaragua 3C en vuelos chárter, que fue emitida en noviembre de 2023.

El centro de esta política es acabar con las operaciones de transporte que se aprovechan de los migrantes y que facilitan el traslado irregular en todo el mundo y a EE.UU. “Aquellos que vienen a este país sin una base legal a menudo pagan precios de nivel de extorsión y se ponen en riesgo a sí mismos y a los miembros de la familia que los acompañan, solo para ser puestos en procedimientos de expulsión en conformidad con las leyes de inmigración de EE.UU.”, indicaron las autoridades.

El Departamento de Estado, en el mensaje oficial, sostuvo que nadie debería sacar provecho de estas personas vulnerables: “Ni los contrabandistas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni los gobiernos. Continuaremos colaborando con los gobiernos y el sector privado, tanto dentro como fuera de la región, para eliminar esta práctica de explotación”.

Los viajeros, que muchas veces son transportados en condiciones de riesgo durante largos tramos, suelen ser abandonados a su suerte tanto en el desierto como en las vías. Luego, las autoridades los capturan y someten a procedimientos de deportación en conformidad con las leyes estadounidenses vigentes.

Según manifestaron las autoridades, otro objetivo es terminar con las redes de tráfico de migrantes, que prometen un mejor futuro a las personas que creen en el “sueño americano”.

El documento oficial está firmado por Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien anteriormente fue asesor especial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, para dirigir las comunicaciones y los asuntos legislativos del gobierno sobre la guerra en Ucrania.

Los estados también se suman a las “condenas” migratorias

Mientras el gobierno federal trata de ajustar sus leyes, hay estados que han tomado el tema en sus propias manos, como Arizona, Texas y Florida, cuyas leyes han causado polémica entre los grupos que defienden los derechos humanos y civiles.

Hace poco, se dio a conocer un proyecto ley en Arizona, con el que se busca legislar cuestiones migratorias. De aprobarse, convertiría en un delito estatal el cruce por la frontera sur de Estados Unidos. Uno de los rasgos más polémicos del proyecto es que los jueces estatales podrían tomar determinaciones sobre el delito de los migrantes y ejecutar órdenes de deportación, que es una propuesta que primero se aprobó Texas, liderado por Greg Abbott. No obstante, su aplicación aún no es segura debido a la batalla legal que se libra actualmente entre el gobierno federal y el del estado de la Estrella solitaria.

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