Ley del ruido en Virginia: por qué piden cambiar las penas para los infractores en Richmond

La ciudad de Richmond, en Virginia, debate una nueva normativa sobre control de ruido que no solo impondrá multas severas a los infractores, sino que también será más efectiva en su aplicación. La reciente modificación que trasladó la regulación del ámbito penal al civil ha generado inconsistencias y dificultades significativas en su implementación.

La contaminación acústica producida especialmente por los automóviles es un problema que ha devenido en la sanción de diversas normas en las distintas ciudades de EE.UU., que son las encargadas primarias de intervenir en esta problemática. Pero hay veces que las normas son muy difíciles de llevar a la práctica.

En esa línea, la Policía de Richmond pidió la modificación de la regla. Según detalló el jefe de la fuerza de seguridad, los agentes no pueden detener a los infractores, ya que la detención de una persona por incumplir una norma supone que la misma esté cometiendo un delito penalmente tipificado, y en este caso la normativa sobre control de ruido no lo prevé.

De esta manera, aunque la ley dispone duras multas para los infractores, estas son en términos prácticos difícilmente aplicables.

Los problemas de la ley del ruido en Richmond

Según el texto, ante una primera violación de las reglas de control de sonido, el infractor debe pagar una multa de U$S100. Una segunda infracción, siempre que ocurra una semana después de la primera, implica una multa de U$S200, y una tercera o posterior, dentro de los 14 días de haberse cometido la anterior, posee una multa de U$S500. El punto es que en ningún caso la Policía puede detener a los conductores.

En su descargo frente al consejo de la ciudad, el jefe de Policía Rick Edwards detalló: “Debido a que la ordenanza plantea una multa civil y no penal, removió la capacidad de los oficiales de policía de Richmond para iniciar una parada de tráfico en vehículos por violaciones de ruido, porque la causa probable ya no puede servir como base para la detención dada la naturaleza civil de la ordenanza”, según se detalla en una nota sobre el tema un medio local.

Junto a ese punto central, el jefe de policía de Richmond informó que la actual norma carece de:

• Precisiones sobre la infraestructura financiera para permitir el pago de las multas y para cobrar las no pagadas dentro del lapso estipulado en la norma.
• Precisiones sobre el sistema para diferenciar una violación inicial de cualquier violación posterior y determinar las multas que corresponden.
• Precisiones sobre los mecanismos para que las personas puedan impugnar una presunta violación.

En ese marco, dentro de las modificaciones que se debe realizar en la normativa se incluyen puntos como:

• Especificar cómo se puede denunciar una presunta violación de ruido.
• Aclarar el proceso para pagar una multa o impugnar la presunta violación.
• Eliminar la disposición que plantea que alguien puede ser juzgado en el Tribunal de Circuito de Richmond “con una moción de sentencia”, ya que no corresponde a un proceso civil.
• Establecer que los informes por presuntas violaciones de las reglas de control de ruido “solo se iniciarán con una llamada de servicio al Departamento de Comunicaciones, Preparación y Respuesta de Emergencia u otra queja verbal hecha por un denunciante a un oficial de policía”.

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