Una por una, todas las medidas más polémicas que tomó Ron DeSantis en Florida
El gobernador llama la atención por la agenda que impulsó en el Estado del Sol, que le ha dado popularidad entre sus simpatizantes; ahora se presenta como candidato a presidente de Estados Unidos por el partido republicano
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LA NACION
Desde el comienzo de su gestión, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha llamado la atención dentro y fuera de Estados Unidos debido a la agenda conservadora que impulsa en su estado. Ahora acapara los titulares por el lanzamiento de su carrera a la presidencia estadounidense para 2024, cuyo anuncio masivo está previsto en un evento de Twitter Space con el magnate Elon Musk.
Durante los últimos meses, en medio de rumores que señalaban al floridense como posible rival de Trump en el Partido Republicano, el gobernador lanzó iniciativas calificadas como “agresivamente conservadoras” por parte de la oposición. Si bien le han dado popularidad entre sus simpatizantes, algunos de sus donantes creen que se desvió, lo que lo afectará en su capacidad de conseguir votos fuera del partido. Estas son las leyes más controversiales establecidas por DeSantis en Florida.
Prohibición de libros en escuelas
El año pasado, el gobernador impulsó dos leyes, HB 1467 y HB 7, para prohibir el uso de algunos libros en clases. Su objetivo, según argumentó, fue que los progenitores decidan sobre los materiales educativos a los que sus hijos tienen acceso en las escuelas.
La ley HB-7 establece que temas como el sexismo, la esclavitud, la opresión, segregación y discriminación racial deberán ser abordados de una manera apropiada para la edad, sin que “se adoctrine o se persuada a los estudiantes”. Mientras que la HB 1467 exige a las instituciones educativas tener una base de datos en línea con la información de cada libro en sus colecciones. De esta manera, los padres los revisarán y determinarán si hay algún contenido inapropiado para sus hijos.
Ley “No digas gay”
El 28 de marzo pasado, el floridense firmó una legislación llamada “Derechos de los padres en la educación”. Sin embargo, sus críticos la señalaron como “No digas gay”, dado que limitaba a los maestros en temas de identidad de género y orientación sexual desde el jardín de infantes hasta el tercer grado. A pesar de que hubo múltiples reacciones y propuestas en contra, el 19 de abril la Junta de Educación del estado votó para extenderla hasta la secundaria.
La administración de DeSantis explicó que solo podrían abordarse estos tópicos en caso de ser necesario, como en las clases de salud o reproducción. Los profesores que incumplan con esta política podrían ser suspendidos o perder sus licencias de enseñanza.
La batalla contra Disney World
El 27 de febrero de este año, DeSantis firmó la ley CS/HB 9B para quitarle a Disney un régimen de autogobierno en el distrito en el que están ubicados los parques de diversiones. Desde 1960, esta empresa tenía un estatus especial en Florida, el cual le permitía tomar decisiones y operar como si fuera un gobierno local.
No obstante, la nueva ley le permitió al gobernador reemplazar la junta que administraba este distrito, conformada en su mayoría por personas vinculadas a Disney, por un equipo de cinco miembros que designó personalmente. Esta medida se impulsó luego de que la empresa de parques de diversiones se pronunciara en contra de la ley “No digas gay”. A pesar de que los miembros de la nueva junta ya operan con Disney, la disputa con DeSantis no ha terminado.
Unos días antes de que entraran los nuevos miembros designados por el gobernador, Disney llegó a un acuerdo por distintos contratos de largo plazo con la junta que terminaba su mandato. Estos lineamientos establecían que la compañía podría mantener el control sobre el desarrollo de sus proyectos y en sus propios términos, lo cual imposibilitaba a la junta de DeSantis a hacer algún cambio durante su gestión.
DeSantis lanzó una nueva ley para invalidar los contratos heredados. Además, amenazó con construir una cárcel cerca de Disney World. En consecuencia, los operadores de los parques de diversiones demandaron al gobernador y a sus aliados políticos por violar “sus derechos constitucionales federales”. Como respuesta, DeSantis ha amenazado las operaciones comerciales del gigante del entretenimiento. Además, declaró que la Legislatura Estatal aprobará las leyes que sean necesarias para revertir los contratos heredados.
Portación de armas sin permiso
A partir del próximo 1° de julio, los residentes de Florida podrán portar armas ocultas sin necesidad de tener un permiso del gobierno por una ley que firmó DeSantis el 3 de abril de este año, llamada HB 543. Desde 2022, el gobernador mostró su deseo de impulsar esta medida, a la que denominó “porte constitucional”. Una vez que entre en vigor, Florida será el estado número 26 del país norteamericano en legalizar el porte de armas sin permiso.
Reducción de semanas para abortar
En abril pasado, DeSantis firmó una iniciativa conocida como “Ley de protección de los latidos del corazón” por sus defensores y oficialmente como SB 300, la cual redujo el tiempo legal para abortar, pasó de 15 a seis semanas de gestación. Sus opositores alegaron que era injusto, dado que en las primeras seis semanas algunas mujeres aún no saben que están embarazadas.
La legislación incluye varias excepciones, como violación, incesto y trata de personas, en esos casos, las personas podrán practicar un aborto hasta las 15 semanas.
Nuevos lineamientos para la pena de muerte
La ley CS/CS/SB 450, firmada el pasado 20 de abril, elimina el requisito de la unanimidad por parte del jurado para decidir la sentencia de pena de muerte. Con esta medida se reduce de 12 a ocho el número de jurados. Hubo varias reacciones por parte de organizaciones de Florida, como Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP) y Unión Americana de Libertades Civiles de la Florida (ACLU, por sus siglas en inglés). Los miembros de estos organismos advirtieron que la nueva ley sería impugnada y que podría provocar condenas erróneas, según detalló CNN.
Ley “antiinmigrante”
El pasado 10 de mayo, DeSantis firmó la ley CS/CS/SB 1718 que tipifica como delito el apoyar a cualquier inmigrante indocumentado en el estado. A partir del próximo 1° de julio, los residentes no pueden ayudar a las personas que no están de manera legal en Estados Unidos, ni auxiliarlas para entrar al Estado del Sol, incluso si se trata de miembros de su familia. Si se hace caso omiso a estas nuevas indicaciones, la pena podría alcanzar hasta 15 años de prisión, así como multas que van desde los US$5000 hasta los US$10.000.
Además, esta legislación impondrá multas sustanciosas a quienes empleen a inmigrantes que no puedan comprobar su estancia legal en el país norteamericano. El gobierno de Florida obligará a las empresas con más de 25 trabajadores a usar E-Verify, un sistema federal que sirve para comprobar si los trabajadores están registrados legalmente en EE.UU. También se harán auditorías para corroborar que se cumpla con todo el protocolo.
Asimismo, la iniciativa del gobernador DeSantis impactará en el ámbito de la salud pública, dado que el personal de los hospitales afiliados a Medicaid estará obligado a pedir información sobre el estatus migratorio del paciente.
Paquete legislativo “anti-LGBTQ+”
La más reciente polémica que levantó DeSantis en Florida ocurrió la semana pasada, cuando firmó un paquete legislativo titulado Let kids be kids, calificado por sus críticos como “anti-LGBTQ+”. Consiste en varias leyes (HB 1069, HB 1438, HB 1521 y HB 225), que niegan los procedimientos quirúrgicos de género a menores, restringen el uso de pronombres en las escuelas, obligan a las personas a usar el baño correspondiente a su sexo y establecen medidas estrictas para el acceso a espectáculos drag.
Las políticas también impactarán dentro de las aulas de las escuelas públicas, ya que los profesores y estudiantes no podrán utilizar los pronombres de su elección, sino que deberán emplear el que corresponda al sexo que establece el certificado de nacimiento.
Además, Let kids be kids obliga a los operadores de instituciones educativas, centros de detención, instituciones correccionales, centros correccionales para menores y edificios públicos a designar baños que sean utilizados en “función del sexo biológico”. Las iniciativas también impactan en los establecimientos que ofrecen shows drags, ya que la administración de DeSantis los clasificó como “espectáculos para adultos”, por lo que podrán retirarles sus licencias de operación a los locales que permitan la entrada de menores.
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