Un juez federal anula el parole in place de Joe Biden que beneficiaba a cónyuges indocumentados: qué significa
La iniciativa anunciada a mediados de este año habría permitido a más de 500 mil personas indocumentadas permanecer dentro de EE.UU. mientras regularizaban su estatus migratorio
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LA NACION
Recientemente, un juez federal de Texas suspendió el programa Parole in Place (PIP) que la Administración de Joe Biden había implementado como parte del plan “Mantener unidas a las familias” a mediados de este año para regularizar el estatus migratorio de miles de inmigrantes indocumentados.
Esta iniciativa, lanzada en junio de 2024, estaba dirigida a cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a sus hijos indocumentados, para darles la posibilidad de quedarse en EE.UU. sin el riesgo de ser deportados mientras trabajaban en su proceso de residencia.
Sin embargo, un fallo judicial dejó sin efecto esa medida. El juez J. Campbell Barker, quien fue nombrado por Donald Trump, determinó este jueves —luego del triunfo del candidato republicano en las elecciones presidenciales 2024 en EE.UU.— que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no tiene la autoridad legal para implementar el parole in place, según consignó Associated Press.
De acuerdo al dictamen, esta política es contraria a las leyes migratorias de Estados Unidos, ya que el Congreso no autorizó explícitamente al Ejecutivo para aplicar este tipo de medidas. En tanto, en palabras del magistrado, este tipo de “parole in place” violaría la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La decisión se produjo después de que un grupo de 16 estados, liderado por Texas y su gobernador republicano, Greg Abbott, presentaran una demanda en la que argumentaban que la política generaba una carga económica para ellos.
Los demandantes alegaron que los inmigrantes beneficiados por esta medida utilizaban servicios públicos como la atención médica y la educación, lo que representaba un costo significativo para los estados involucrados. Además, estas jurisdicciones gobernadas por republicanos señalaron que otorgar ventajas migratorias sin la autorización del Congreso era ilegal.
Como resultado de esta demanda, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito ordenó la suspensión temporal del programa en septiembre. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) podía seguir recibiendo solicitudes, pero no podía tramitarlas ni aceptarlas. Ahora, sin embargo, la iniciativa quedó anulada por el fallo de este jueves.
Si bien el gobierno federal puede apelar esta decisión para llevarla a instancias superiores, lo cierto es que los tiempos para su resolución se extenderían seguramente más allá del final de mandato de Biden, por lo que podría tratarse de un esfuerzo en vano.
Qué era el parole in place para cónyuges e hijos indocumentados
El “parole in place” es un recurso migratorio que, aunque no es nuevo, cobró relevancia en el contexto de las discusiones sobre cómo la administración Biden podría utilizarlo para regularizar a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y sus hijos en el marco del programa “Mantener unidas a las familias”.
El PIP en general permite a ciertos inmigrantes que se encuentran en situación irregular en ese país, permanecer en Estados Unidos sin riesgo a ser deportados, al tiempo que tramitan sus permisos de trabajo y la posibilidad de regularizar su estatus migratorio.
En el caso de esta medida, en particular impulsada por Biden, el objetivo principal era simplificar el proceso para aquellos inmigrantes indocumentados que se habían casado con ciudadanos estadounidenses o que eran hijos de estos.
Bajo la legislación previa, muchos de estos inmigrantes tenían que salir de EE.UU. para completar el proceso de solicitud de residencia legal permanente, lo que obligaba a las familias a separarse. En tanto, con el parole in place, estos extranjeros podían obtener un permiso y permanecer dentro de EE.UU. mientras regulaban su estatus migratorio.
De acuerdo con las estimaciones de la Casa Blanca, el programa beneficiaría a aproximadamente 500 mil cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y a unos 50.000 hijos, que podrían haber iniciado su proceso para obtener la tarjeta de residencia (green card) sin la necesidad de salir de EE.UU.
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