Un cambio de reglas en EE.UU. anticipa un recrudecimiento de la crisis en la frontera con México
El gobierno federal anunció que dejará de aplicar una regla impuesta al principio de la pandemia del coronavirus que frenó las solicitudes de asilo y habilitó a los agentes fronterizos a realizar deportaciones inmediatas; temen una ola de migrantes desde Centroamérica
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WASHINGTON.- Es la crisis migratoria que siempre vuelve. Alejada de las noticias en medio de la devastadora guerra en Ucrania que ya ha dejado de millones de refugiados, la desolación humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos promete un retorno a las primeras planas.
Estados Unidos se prepara para otra oleada de migrantes de Centroamérica que profundice la ya incesante crisis humanitaria que habita en el límite del país con México luego de un cambio de reglas por el repliegue de la pandemia. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés) anunciaron el fin de una política impuesta durante la presidencia de Donald Trump que limitó los pedidos de asilo en la frontera por el coronavirus, y que era ampliamente criticada por demócratas y activistas a favor de los inmigrantes y los derechos humanos.
La política, llamada “Título 42″ por una ley de 1944, suspendió derechos de los migrantes que llegaban a la frontera a solicitar asilo debido al riesgo sanitario impuesto por la pandemia del coronavirus, y habilitó al Departamento de Seguridad Interior y a los agentes fronterizos a expulsar rápidamente a los extranjeros sin papeles, llevando a una ola masiva de deportaciones. La política fue acogida por Trump, quien durante sus cuatro años en la Casa Blanca impuso un puño de hierro en la política migratoria de Estados Unidos. El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de crear un sistema migratorio más “humano”, pero dejó la decisión en manos de los CDC, una decisión que le valió críticas.
El brazo sanitario del gobierno federal de Estados Unidos enfrentaba enormes dificultades para sostener la regla debido al repliegue de los contagios, el avance en la campaña de vacunación global y el paulatino levantamiento de las restricciones en el país. Ahora, ya con una fecha precisa –el fin de la norma se fijó para el 23 de mayo–, el gobierno de Biden se prepara para una nueva ola migratoria que promete tener amplias consecuencias políticas.
Aun con las restricciones impuestas por la política de los CDC, los agentes fronterizos detuvieron a 1,7 millones de migrantes el año pasado, cuatro veces más que el año anterior, según las cifras oficiales.
La directora de Comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, anticipó “una afluencia de personas a la frontera”, y dijo que el gobierno estaba “trabajando mucho para planificar esa contingencia”. El secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, dijo por su parte en un comunicado que el cambio de política sería utilizado por los contrabandistas, conocidos como “coyotes”, para aprovecharse de los migrantes.
“Hemos implementado una estrategia integral de todo el gobierno para gestionar cualquier aumento potencial en la cantidad de migrantes que se encuentran en nuestra frontera”, dijo Mayorkas. “Estamos aumentando nuestra capacidad para procesar a los recién llegados, evaluar las solicitudes de asilo y expulsar rápidamente a aquellos que no califican para la protección. Aumentaremos el personal y los recursos según sea necesario y ya hemos redistribuido a más de 600 agentes del orden público en la frontera”, agregó.
El nuevo giro en la política migratoria, celebrado por los progresistas y defenestrado por los conservadores, promete subir el volumen en la siempre latente crisis humanitaria en el sur del país, justo cuando la inflación pone una enorme presión sobre la vida diaria de los norteamericanos y a meses de una elección legislativa en la cual los demócratas se preparan para perder el Congreso. La fuerte recuperación de la economía y la caída del desempleo, que bajó hasta el 3,6%, no han logrado sostener la popularidad de Biden, que se desinfló a alrededor del 40 por ciento, según los principales promedios de las encuestas sobre su gestión.
Joe Manchin, el senador demócrata díscolo que se ha posicionado a la derecha del partido, y ha logrado frenar las iniciativas más progresistas de Biden, dijo que la decisión era “estremecedora”, y pidió mantenerla hasta tanto el gobierno logre enarbolar una reforma migratoria, un objetivo esquivo para todos los presidentes desde Ronald Reagan. Otros dos senadores centristas de Arizona, Kyrsten Sinema y Mark Kelly, que enfrenta una dura batalla por la reelección en noviembre, también se sumaron al rechazo de la movida y advirtieron que la administración carecía de un plan sólido para enfrentar la crisis en la frontera.
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