Trump, sin freno: cómo es el polémico proyecto de ley que busca darle “poder sin límites” ante los jueces federales

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso que podría alterar el equilibrio de poderes: dio media sanción a la ley HR 1526, una polémica propuesta que apunta a restringir drásticamente la capacidad de los tribunales federales para frenar acciones del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, las órdenes ejecutivas de Donald Trump. La medida, impulsada por legisladores republicanos, encendió alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, que ven en esta regla un peligroso avance hacia un presidencialismo sin contrapesos.

Un nuevo límite al poder judicial: la ley hecha a medida de Trump

La HR 1526, denominada oficialmente “No Rogue Rulings Act of 2025” o NORRA, propone modificar el Título 28 del Código de Estados Unidos con el objetivo explícito de restringir la capacidad de los tribunales federales para emitir órdenes de amparo, conocidas como "injunctions". Estas medidas judiciales fueron fundamentales para suspender de manera inmediata políticas federales en situaciones donde se alegaban violaciones a los derechos constitucionales.

La clave del proyecto es que impide que los jueces federales puedan extender sus fallos más allá de las partes directamente involucradas en una causa. Esto implica el fin de las "injunctions" de alcance nacional, un recurso frecuente para congelar decretos del Ejecutivo con efectos masivos mientras los tribunales revisan su constitucionalidad.

Qué cambiaría con la sanción de la ley HR 1526

En el nuevo texto aprobado por la Cámara baja, la ley establece una serie de disposiciones que alteran el funcionamiento judicial en lo que respecta a medidas cautelares.

• Restricción generalizada a las órdenes judiciales: ningún tribunal de distrito podrá emitir órdenes de amparo que beneficien a personas ajenas al caso, salvo excepciones muy limitadas.
• Excepción con múltiples Estados demandantes: si dos o más Estados de diferentes jurisdicciones presentan una demanda conjunta contra una acción del Poder Ejecutivo, el caso se derivará a un panel especial de tres jueces.
• Selección aleatoria de jueces: en estos casos excepcionales, los jueces serán escogidos al azar y no por el presidente del tribunal, lo que modifica la práctica habitual establecida en la sección 2284 del mismo código.
• Criterios adicionales para emitir amparos: el panel judicial deberá considerar factores como el interés de la Justicia, el riesgo de daño irreparable a terceros y la necesidad de preservar la separación de poderes.
• Vía de apelación ampliada: las partes podrán apelar estos fallos ante el tribunal de apelaciones correspondiente o directamente ante la Corte Suprema, según prefieran.

En resumen, el proyecto limita severamente el alcance de los amparos judiciales y centraliza la posibilidad de frenar decisiones del Ejecutivo en instancias más restringidas y menos accesibles.

Lo que está en juego: derechos civiles y el poder presidencial de Trump

Para sus impulsores, la HR 1526 busca evitar que “jueces rebeldes” bloqueen iniciativas federales legítimas. Sin embargo, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el verdadero impacto será debilitar la capacidad del poder judicial de proteger a millones de personas de políticas inconstitucionales, dado que la ley “limita la capacidad de los tribunales para frenar los abusos de poder”.

Mike Zamore, director nacional de política y asuntos gubernamentales de la ACLU, declaró: “La mayoría de la Cámara votó a favor de otro paso hacia un poder presidencial sin límites”. Además, consideró que, si se pretende que los mandatarios respeten la ley, los tribunales deben poder detenerlos cuando se extralimitan. “El Senado debe rechazar esta ley”, enfatizó.

Desde la perspectiva de esta organización, la ley atenta contra décadas de jurisprudencia que permitieron detener medidas ejecutivas lesivas mientras se desarrollan los procesos judiciales correspondientes.

Estas órdenes judiciales no fueron exclusivas de una administración: tanto durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden como en los años de Donald Trump, los tribunales federales utilizaron las “injunctions” nacionales para frenar, por ejemplo, vetos migratorios o mandatos sanitarios.

Un futuro incierto en el Senado: ¿se convertirá en ley?

Aunque la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, ya dio luz verde al proyecto, su destino final dependerá del Senado. En esa cámara, los demócratas y algunos republicanos moderados podrían oponerse a una ley que, a juicio de sus críticos, desarma a los jueces frente al avance del Poder Ejecutivo.

La votación definitiva aún no tiene fecha, pero desde la ACLU y otras organizaciones se lanzó una fuerte campaña para impedir su aprobación. Lo que está en juego, según Zamore, “no es un debate partidario, sino una cuestión de equilibrio institucional y de protección de derechos fundamentales”.

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