Tras el fallo de la Corte, EE.UU. se sube a una batalla territorial enfocada en el aborto con píldoras
Mientras más de una docena de estados republicanos se movían para prohibir o restringir al máximo posible el aborto, los fiscales de 22 estados, incluidos California, Illinois, Nueva York y Pensilvania, reafirmaron en un comunicado conjunto su “compromiso de apoyar y ampliar el acceso a la atención del aborto en todo el país”
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WASHINGTON.- Fracturado tras el fallo de la Corte que revocó el amparo constitucional al derecho al aborto, Estados Unidos se embarcó en una batalla territorial para definir los nuevos límites que trazará el nuevo escenario legal al acceso a los métodos para interrumpir un embarazo. La pelea de activistas, abogados, fiscales, líderes religiosos y políticos mutó luego de la sentencia, y se ha enfocado en una nueva frontera: la preservación o la eliminación del aborto con medicamentos, el método más utilizado.
Mientras más de una docena de estados republicanos se movían para prohibir o restringir al máximo posible el aborto, los fiscales de 22 estados, incluidos California, Illinois, Nueva York y Pensilvania, reafirmaron en un comunicado conjunto su “compromiso de apoyar y ampliar el acceso a la atención del aborto en todo el país”, marcando el camino hacia las próximas disputas legales.
“El futuro y el bienestar de nuestra nación están intrínsecamente ligados a la capacidad de nuestros residentes de ejercer sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad, la privacidad y el acceso a servicios de aborto”, indicaron. “Si busca acceso al aborto y a la atención de la salud reproductiva, nos comprometemos a utilizar toda la fuerza de la ley para apoyarla”, prometieron.
Ante el avance de leyes estatales restrictivas y el cierre de clínicas en estados conservadores como Alabama, Oklahoma, Dakota del Sur o Texas, organizaciones que se dedican a proveer las pastillas Mifepristone y Misoprostol, que se utilizan para interrumpir un embarazo en las primeras 10 semanas de gestación, comenzaron a tomar medidas para que siguieran siendo accesibles. Just the Pill, una organización dedicada a la distribución de las píldoras, puso en marcha un programa para desplegar “clínicas móviles” en las fronteras de estados donde el aborto es legal con los estados donde es ilegal. La primera se instalará en Colorado. Aid Access envía píldoras por correo a Estados Unidos desde la India luego de que son recetadas virtualmente por médicos europeos.
En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, según sus siglas en inglés) aprobó el aborto con píldoras en 2000, pero exigió que las mujeres obtuvieran la receta en persona con un médico. En 2020, en medio de la pandemia del coronavirus, la FDA flexibilizó temporalmente ese requisito y permitió que las píldoras fueran recetadas a través de telemedicina, en una consulta virtual. A fines del año anterior, el gobierno federal eliminó del todo esa condición.
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— Just The Pill (@JustThePill) June 27, 2022
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“Ahora tenemos aborto con medicamentes increíblemente seguro y efectivo. El peligro ya no es que las mujeres busquen abortos peligrosos, sino más bien que las mujeres sean criminalizadas por hacerse cargo de su aborto”, dijo a LA NACION Andrea Becker, médica socióloga e investigadora en la Universidad de California, San Francisco, de un programa abocado a mejorar los estándares en salud reproductiva, al marcar la diferencia entre el contexto de 1973, cuando la Corte dictó el falló “Roe vs. Wade”, y ahora, que lo revocó.
El fiscal General, Merrick Garland, dijo apenas se conoció la nueva sentencia el viernes último que el Departamento de Justicia combatirá cualquier esfuerzo para restringir el acceso a las píldoras abortivas. “El Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas a nuestra disposición para proteger la libertad reproductiva. Y no dudaremos de la responsabilidad fundacional de este Departamento de proteger los derechos civiles de todos los estadounidenses”, indicó Garland en un extenso comunicado. Becker cree que el Congreso debería despenalizar el aborto médico autoadministrado.
Pero los republicanos ya han dejado en claro que buscarán prohibir el acceso a las píldoras y a las consultas virtuales para obtenerlas. Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, uno de los estados que se movió con más velocidad para prohibir el aborto, presentó un proyecto de ley para impedir que las mujeres puedan obtener recetas y recibir las píldoras por correo.
“Estos son procedimientos médicos muy peligrosos”, dijo Noem. “No creemos que deba estar disponible porque es una situación peligrosa para una persona sin la supervisión médica de un médico”, afirmó.
Americanos Unidos Por la Vida, una organización que se opone al aborto, afirma en un video en su página web que “los negocios del aborto y sus activistas están presionando por píldoras abortivas sin restricciones por correo. Merecemos entender los riesgos y efectos secundarios de estas peligrosas drogas abortivas”.
Pero Becker apunta que ese mensaje es falso y carece de respaldo o evidencias científicas, y forma parte de la “confusión y desinformación” que existe sobre la seguridad de los procedimientos legales para realizar un aborto. El aborto con medicamentos está avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y un informe de 2018 de la Academia Nacional de Ciencias encontró que las complicaciones serias han ocurrido en menos del 1% de los pacientes. Becker señala que “es más seguro que el Tylenol”, que en Estados Unidos se puede adquirir sin receta, “la penicilina o el Viagra”. En Inglaterra y Gales, los abortos con medicamentos representaron el 85% del total de abortos en 2020, según el Servicio Nacional de Salud (NHS, según sus siglas en inglés), y se reportaron complicaciones en 247 de 209.917 abortos.
El ala radical del Partido Demócrata también presiona a la Casa Blanca de Joe Biden para que instale clínicas de abortos en tierras federales. Dos impulsoras de esa idea son la senadora Elizabeth Warren y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien también ventiló la idea de iniciar un juicio político a los tres jueces de la Corte nombrados durante la presidencia de Donald Trump.
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