Tiroteo en Estados Unidos: por qué el Congreso no actúa ante las masacres en las escuelas

WASHINGTON.- Como reacción ante la masacre en una escuela de Texas, este miércoles el presidente de la bancada mayoritaria en el Senado norteamericano, Chuck Schumer, desempolvó un par de proyectos de ley de verificación de antecedentes para los compradores de armas de fuego. Pero el senador demócrata reconoció que el inflexible rechazo previo del Congreso a cualquier legislación tendiente a frenar la epidemia de violencia con armas que vive Estados Unidos desde hace años.

Schumer les imploró a sus colegas republicanos que desoyeran el poderoso lobby de los grupos a favor de las armas y que acercaran posiciones para acordar al menos una modesta ley de compromiso. Sin embargo, en agenda no hay ninguna sesión prevista para tratar o votar el tema.

“¡Por favor, carajo! ¡Por favor! Pónganse por un momento en el lugar de esos padres”, exclamó Schumer en la apertura de la sesión del Senado de este miércoles, y se agarró la cabeza diciendo que la tragedia puso evitarse. “Si la matanza de niños de primaria no convence a los republicanos de darle la espalda a la Asociación Nacional del Rifle, ¿entonces qué hace falta?”.

El asesinato de 19 niños y dos docentes en una escuela primaria de Uvalde, Texas, dejó el desnudo una cruda realidad política: que el Congreso de Estados Unidos no ha tenido voluntad o capacidad de aprobar una ley federal consistente para frenar la violencia con armas de fuego.

En más de un sentido, el destino de cualquier ley de ese tenor en el Congreso quedó sellado hace una década, cuando el Senado rechazó la ley de verificación de antecedentes con armas de fuego después de que 20 chicos de 6 y 7 años fuesen baleados y asesinados en la infausta Escuela Primaria de Sandy Hook.

Y a pesar de las muestras de dolor del miércoles tras una carnicería pasmosamente similar en Texas, no hay la menor certeza de que eso se vaya a revertir.

“Lo estamos naturalizando, y es la nueva normalidad”, se lamentó el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, en el programa matutino de la cadena CBS. “Depende de nosotros”.

Si bien el presidente Joe Biden exclamó indignado que “tenemos que actuar”, todas las leyes contra la violencia con armas de fuego han sido bloqueadas por los republicanos, y casi siempre con la oportuna ayuda de un puñado de demócratas conservadores.

Aunque los tiroteos masivos se multiplican en localidades de todo Estados Unidos -hubo dos en apenas dos semanas, incluida la del martes en Texas y el asesinato racista de personas negras en un supermercado de Búfalo, Nueva York, hace 10 días-, los legisladores no parecen dispuestos a deponer sus diferencias y cerrarles la puerta a los lobistas de las armas para llegar a un proyecto de acuerdo.

Ni siquiera la muerte de los suyos empujó al Congreso a actuar. En 2011, la exlegisladora demócrata por Arizona, Gabrielle Giffords, fue asesinada de un disparo en la cabeza frente a un almacén en la ciudad de Tucson, y unos años después varios legisladores republicanos del equipo de béisbol del Congreso fueron baleados durante un entrenamiento matutino.

“La conclusión es la misma”, dice el senador demócrata por Nueva Jersey, Cory Booker. “No veo que ninguno de mis colegas republicanos tenga una propuesta para terminar con esta masacre, así que ahora esto simplemente es normal. Es una locura”.

“¡Dios mío!”

Mientras les ruega a sus colegas que cedan posiciones para llegar a un acuerdo, Murphy está sondeando a los dos senadores republicanos por Texas, John Cornyn y Ted Cruz, y se comunicó con su correligionario demócrata, el senador Joe Manchin, autor del fracasado proyecto de ley posterior a la masacre de Sandy Hook.

“Cuando uno piensa que son nenes chiquitos, totalmente inocentes, ¡Dios mío!”, exclamó Manchin el martes por la noche ante los periodistas, y comentó que tiene tres nietos en edad escolar. “No puedo entender, no tiene sentido que no podamos entrar en razones, acordar cosas de sentido común, para impedir que pasen estas cosas.”

Tras la masacre de Sandy Hook, el senador demócrata Joe Manchin y el senador republicano Pat Toomey redactaron una ley consensuada que tuvo el respaldo de una mayoría de senadores. Pero el proyecto se cayó por las tácticas obstruccionistas de la mayoría de los republicanos y un puñado de demócratas, y no logró cosechar el umbral de 60 votos que necesitaba para avanzar.

El mismo proyecto fue reflotado en 2016, tras la matanza en un club nocturno en Orlando, Florida.

“Mi interés sigue siendo mejorar y ampliar nuestro sistema de verificación de antecedentes”, dijo Toomey a los periodistas el miércoles, y agregó que se había puesto en contacto con Murphy.

Pero Toomey es un caso atípico. El líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, se ha negado a hacer comentarios públicos sobre una posible legislación, y pocas voces republicanas se alzaron para comentar los últimos hechos.

La senadora republicana Susan Collins dijo que ella también había hablado con Murphy y que el Congreso debería enfocarse en “lo que han hecho algunos estados con sus leyes de bandera roja o amarilla”, diseñadas para impedir el acceso a las armas de fuego de personas que representan un riesgo para sí mismas o para los demás.

Una conocida negociadora parlamentaria, la senadora demócrata Krysten Sinema, de Arizona, dijo el miércoles ante los periodistas que empezará a discutir con los senadores la aprobación de leyes de “bandera roja”, entre otras opciones.

“En todo Estados Unidos, la gente en su casa está asustada. Quieren que hagamos algo”, dijo Sinema.

En 2008, se aprobó una muy modesta ley para reforzar el sistema federal de verificación de antecedentes para la compra de armas. La medida, llamada “Fix NICS”, otorgaba fondos a los estados para que cumplieran con el sistema ya existente de Verificación Nacional Instantánea de Antecedentes Penales, y castigaba con multas a las agencias federales que así no lo hicieran.

El expresidente Donald Trump prometió tomar medidas en 2019, después de una seguidilla de tiroteos masivos que sacudieron a la nación cuando un hombre armado abrió fuego en un centro comercial en El Paso y otro disparó contra una popular discoteca en Ohio, matando a decenas de personas. Antes, en 2018, el gobierno de Trump había prohibido los aceleradores de disparos, accesorios que convierten las armas semiautomáticas en ametralladoras y que fueron usados en la masacre de octubre de 2017 en Las Vegas.

Pero Trump finalmente les dio la espalda a los proyectos de ley, presionado en ambas ocasiones por la Asociación Nacional del Rifle y otras agrupaciones.

Biden, cuyo partido tiene escaso control del Congreso, tampoco ha logrado que los proyectos de ley sobre la violencia armada atraviesen la barrera de la oposición republicana en el Senado.

El año pasado, la Cámara Baja aprobó dos proyectos de ley para ampliar la verificación de antecedentes para la compra de armas de fuego. Uno era para llenar el vacío legal referido a las ventas privadas y online. El otro habría extendido el período de revisión de verificación de antecedentes, en respuesta a la matanza de personas negras en una iglesia por parte de un hombre blanco en Carolina del Sur.

Después de la tragedia de Texas, Schumer desempolvó inmediatamente esos dos proyectos que ya cuentan con aprobación de la Cámara Baja. Ambos proyectos estaban dormidos en un Senado dividido en 50-50, donde la única y estrecha mayoría de los demócratas depende del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, pero para superar una maniobra obstruccionista necesitan los votos de al menos 10 republicanos.

Ante ese estancamiento se han redoblado los reclamos para eliminar los procedimientos de tipo obstruccionista del Senado, reduciendo el umbral de aprobación a una mayoría simple de 51 votos.

Lisa Mascaro

Agencia AP

Traducción de Jaime Arrambide

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