Es oficial: habilitan ley para que policías deporten a migrantes que crucen de forma ilegal en Texas
La justicia habilitó la ley que faculta a policías locales a arrestar extranjeros, una medida que genera una intensa disputa legal y política en Estados Unidos
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LA NACION
Un tribunal federal de apelaciones dio luz verde a Texas para aplicar una extensa ley estatal de 2023. Esta normativa faculta a agentes de policía locales y estatales para arrestar a personas que cruzan la frontera de manera ilegal desde México. La resolución del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito llegó tras una votación de 10 jueces a favor y 7 en contra, lo cual revirtió una orden judicial que impedía la vigencia de la norma desde el año pasado.
Qué dice el Proyecto de Ley del Senado 4
El texto legal, conocido como Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4), convierte en una falta estatal el ingreso irregular al país.
- Esta tarea, tradicionalmente reservada a la Patrulla Fronteriza federal, recae ahora en funcionarios locales de Texas. Además, la ley concede a jueces estatales y locales la potestad de ordenar la expulsión de ciudadanos extranjeros.
- La medida no entrará en vigor de inmediato, ya que el tribunal fijó el 15 de mayo como fecha de inicio para su implementación efectiva.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el fallo como una “gran victoria para la seguridad pública y el orden público”, según reportó The New York Times.
Por el contrario, los demandantes, entre los cuales figuran organizaciones de derechos civiles y el gobierno del condado de El Paso, anunciaron su intención de apelar la decisión.
Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), afirmó que “esta lucha está lejos de haber terminado”, de acuerdo con la información difundida por el medio estadounidense.
La administración Trump mantiene firme su postura de no retorno de deportados
La controversia legal persiste a pesar del fallo. El tribunal no resolvió el interrogante principal sobre si esta legislación estatal invade competencias exclusivas del gobierno federal en materia migratoria.
La administración Biden impugnó la ley inicialmente, pero el equipo de Donald Trump retiró la participación federal del proceso tras los cambios de mando.
Por su parte, el gobierno mexicano manifestó su rechazo a la norma y advirtió que no aceptará el retorno de personas deportadas por agencias estatales o locales de Estados Unidos.
Expertos legales coinciden en que el caso terminará ante la Corte Suprema. Si esto ocurre, el máximo tribunal podría revisar un fallo histórico de 2012 que consolidó el poder federal en la gestión de fronteras.
Una resolución favorable a Texas permitiría a otras legislaturas republicanas replicar sistemas estatales de control migratorio.
Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, expresó su preocupación al respecto y sostuvo que la medida dejará a “familias inmigrantes de todo Texas viviendo con el temor de una ley que un panel anterior consideró, con razón, inconstitucional”, según consignó The New York Times.
La ley como herramienta para disuadir la migración
La normativa surgió originalmente ante el incremento en los cruces fronterizos observado durante 2023. Mientras Texas defiende la ley como una herramienta necesaria para la disuasión, críticos advierten sobre el riesgo de discriminación racial y detenciones arbitrarias lejos de la línea divisoria. La incertidumbre legal marca el ritmo de una política que redefine el mapa migratorio estadounidense.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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