Revés a Greg Abbott: El Paso y grupos de derechos civiles presentan una demanda por la ley SB4 en Texas
El gobernador del estado sureño enfrenta críticas por su política migratoria; la nueva legislación vuelve un delito estatal cruzar la frontera con México
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Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, dio luz verde a una de las leyes estatales más severas que se han autorizado en temas de inmigración, con la que le da la autoridad a funcionarios estatales para el arresto y posible detención de personas que, sospechen, cruzaron de forma irregular la frontera con México. Frente a este panorama, el condado de El Paso y dos grupos de derechos de los inmigrantes demandaron a los funcionarios de Texas el martes, con el objetivo de impugnar la legislación.
Diferentes organizaciones de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Texas Civil Rights Project, a nombre del condado de Paso, y otros dos grupos: Las Americas Immigrant Advocacy Center y American Gateways, presentaron una demanda en el tribunal federal de Austin.
En el recurso legal, quienes figuran como acusados son el Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuyos oficiales podrían realizar arrestos bajo la ley, así como el fiscal de distrito de El Paso, Bill Hicks. Tanto la ACLU, como Texas Civil Rights Project representan a los demandantes.
¿Qué es la ACLU?
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Texas es una organización en materia de derechos civiles que se formó en 1938, cuya misión es proteger los derechos civiles y las libertades individuales, especialmente de aquellos que viven en el estado del sur de Estados Unidos. “Ser el guardián y promotor inquebrantable de la libertad, la justicia, la igualdad y la dignidad de todas las personas”, se describen a sí mismos en el sitio oficial del movimiento.
Mediante un comunicado de prensa, la ACLU explicó que la demanda que interpusieron contra el estado de Texas, en conjunto con el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), busca impugnar el proyecto de ley SB4. “Estamos demandando para bloquear uno de los proyectos de ley antiinmigrantes más extremos del país”, señaló Adriana Piñon, directora legal de la ACLU de Texas.
“El proyecto de ley anula los principios constitucionales fundamentales y desacata la ley federal de inmigración, al tiempo que perjudica a los texanos”, se lee en el documento publicado en su página oficial: “Los texanos merecen algo mejor y estamos responsabilizando a los políticos de Texas para asegurarnos de que esta ley nunca entre en vigor”.
El temor de los líderes de la organización es que la nueva ley separe a más familias y aumente la discriminación racial. Por otro lado, argumentan que la ley SB4 viola la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos. “La ley pasa por alto la ley federal, ya que los jueces de Texas estarían autorizados (y en algunos casos, obligados) a ordenar la deportación de una persona, independientemente de si es elegible para buscar asilo u otras protecciones humanitarias bajo la ley federal”.
Por otro lado, Texas Civil Rights Project está formado por abogados y defensores de las comunidades de Texas, quienes luchan a favor de la igualdad y la justicia, dentro y fuera de los tribunales, explican en su sitio web: “Visualizamos un Texas donde todas las comunidades prosperen con dignidad, justicia y sin miedo”. El grupo de defensa se fundó en 1990 por el abogado y defensor James “Jim” C. Harrington.
En un mensaje publicado en la red social X, Rochelle Garza, abogada y presidenta de la organización por los derechos civiles de Texas, manifestó su postura en contra de la nueva ley. “La SB4 es inconstitucional y señala a los amigos y seres queridos de todos los texanos indocumentados como objetivo para ser perfilados, detenidos o arrestados por las autoridades. Presentaremos una demanda para impedir que entre en vigor”.
¿Qué dice Abbott ante la demanda?
El republicano había anticipado los desafíos legales y el martes compartió en un comunicado que “Texas llevará esta lucha hasta el Tribunal Supremo de EE.UU. si es necesario”. Además, presentó la legislación como una medida necesaria ante lo que describió como el fracaso del presidente Joe Biden para hacer cumplir una estricta política migratoria.
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