Las medidas “antiinmigrantes” con las que Greg Abbott se adelanta a la llegada de Trump al poder

Erige secciones de muro en la frontera, instala boyas con alambre de púas sobre el río Bravo, prepara el terreno para construir centros de detención masiva para migrantes destinados a la deportación o amenaza a hospitales con quitar financiación si no colaboran en dar información migratoria sobre pacientes. Texas está aplicando políticas agresivas en la frontera y en el resto del territorio, además de ofrecerse como aliado clave en la campaña de expulsiones masivas de indocumentados, mientras Tom Homan, el hombre nombrado “zar de la frontera” para la nueva Administración federal, asegura que el del Estado es “un modelo que se puede llevar a todo el país, con un éxito sin precedentes”.

Falta un mes y medio para que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos por segunda vez, pero en el gran Estado republicano su mandato ya ha comenzado.

Hacer de la frontera una barrera lo más impenetrable posible es una piedra angular del modelo texano. En las últimas semanas, el Gobierno estatal de Greg Abbott ha instalado nuevas boyas sobre el río que separa Estados Unidos y México a la altura de Eagle Pass, una de las zonas cero de la crisis de migrantes de los últimos años. Las enormes boyas naranjas y equipadas con cuchillas han generado numerosos titulares desde que se instalaron las primeras en 2023. Primero un juez ordenó que se retiraran al declararlas ilegales, pero en septiembre de este año una corte de apelaciones revirtió esa decisión, permitiendo el retorno de las boyas. Y desde hace dos semanas, su expansión.

El nuevo tramo, de unos 300 metros, apenas estuvo unos días sobre el agua por algunos problemas con el sistema de anclaje. Pero ya está otra vez en el río, y con las boyas flotan las preocupaciones. Por un lado, por la vida de los migrantes que en su desesperación posiblemente se aventuren al agua y desafíen las cuchillas que adornan amenazantemente las bolas anaranjadas. En agosto del año pasado, por lo menos, se encontraron dos cuerpos flotando cerca de las boyas y los grupos en defensa de derechos humanos las han denunciado reiteradamente.

Pero además hay una preocupación medioambiental. No hay estudios del impacto de las boyas sobre el caudal del río o la flora y fauna, pero en el tiempo que ha pasado desde que se instalaron las primeras se ha notado un descenso en los niveles de agua alrededor de donde están y una mayor erosión, lo cual podría generar la creación de islas en medio del río. También se ha visto una acumulación de material orgánico debajo de ellas, lo cual puede afectar el movimiento de los peces que viven en el río.

Fuera del agua del río fronterizo, el alambre de púas también es protagonista en Eagle Pass. La semana pasada, otra corte de apelaciones dio en otro caso más la razón a Texas frente al Gobierno federal después de que agentes de la guardia fronteriza, de jurisdicción nacional y no estatal, destruyeran secciones del alambre que Texas había instalado en la zona. Para septiembre, cuando el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la Administración de Joe Biden por cortar el alambrado, el Estado había puesto más de 46 kilómetros y ahora pretende que sean todavía más. “Me chocó que el Gobierno federal se empeñara en cortar alambre de púas para permitir que los ilegales cruzaran cuando nosotros solo estamos tratando de proteger nuestro propio territorio”, dijo Paxton tras el fallo. “Esta no era su tierra. Era nuestra tierra, nuestra propiedad privada. No se le debía nada al Gobierno federal. Así que es una buena victoria para Texas, una buena victoria para el país, que este tribunal reconozca nuestra capacidad para proteger nuestra tierra”.

Ya que solo cuatro Estados tienen una frontera terrestre con México, el caso que conecta al gobernador Abbott con un médico y un hospital de Houston puede ser más ilustrativa de lo que podría comenzar a ser una política nacional. El 1 de noviembre entró en vigor una nueva orden ejecutiva que obliga a los hospitales de Texas a preguntar a los pacientes si son ciudadanos estadounidenses. La pregunta aparece ahora en los formularios de admisión de los hospitales de todo el Estado.

El Dr. Tony Pastor, cardiólogo del Texas Children’s Hospital, publicó un video en TikTok el 11 de noviembre en el que decía a los pacientes que no estaban obligados legalmente a responder a la pregunta. El video se hizo viral y obtuvo más de un millón de vistas. En respuesta, el gobernador republicano amenazó la semana pasada con quitar la financiación estatal del hospital. “Hey Texas Children’s Hospital & Baylor College of Medicine, [donde es profesor de Dr. Pastor] este médico está poniendo en riesgo su financiación de Medicaid y Medicar”, escribió Abbott en X. “Será mejor que se lo piensen dos veces y tengan los registros muy claros”, añadió, “habrá consecuencias por no cumplir la ley en la Orden”.

El gran miedo es que la pregunta haga que la gente prefiera no buscar atención médica por temor a ser deportada. El Distrito Sanitario Metropolitano de San Antonio ha publicado un folleto en el que informa a los pacientes de que no tienen que comunicar al hospital su condición migratoria. “No tiene que responder a la pregunta sobre la nacionalidad si no quiere. Su respuesta no afectará a la atención que reciba: no se le rechazará”, dice el folleto. “Tiene derecho a recibir cuidados vitales, independientemente de su nacionalidad o de su estatus migratorio”, resalta.

Pero las amenazas del gobernador pesan más. El Texas Children’s Hospital tiene la intención de cumplir con la ley, según un comunicado emitido después del propio mensaje de Abbott. “El Texas Children’s apoya plenamente la nueva orden ejecutiva del gobernador Abbott y la cumple en su totalidad”, dice el texto. “Hemos trabajado estrechamente con la Asociación de Hospitales de Texas y nuestros socios de la industria en todo el Estado para garantizar el cumplimiento antes de la fecha de entrada en vigencia. Si bien reconocemos que las personas que trabajan en el Texas Children’s tienen sus propias opiniones personales sobre muchos temas, esas opiniones no reflejan necesariamente la posición oficial del Texas Children’s Hospital. Continuaremos priorizando la atención de los pacientes mientras nos aseguramos de cumplir plenamente con todas las leyes y directivas legales”. Esta interacción muestra en pequeño cómo la Administración del presidente electo buscará intimidar a las instancias locales, en particular a las ciudades santuario, con amenazas económicas y hasta penales.

Y todo esto sucede mientras Texas se ofrece como base de operaciones para las deportaciones masivas. Después de que hace dos semanas la comisaria de tierras del Estado, Dawn Buckingham, pusiera a disposición del gobierno entrante un enorme rancho en la frontera para el plan de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados, la oferta se ha ampliado. Buckingham anunció el apoyo adicional del Estado mientras estaba junto a la madre y la abuela de Jocelyn Nungaray, de 12 años, asesinada a principios de este año en Houston, presuntamente por dos miembros de una banda criminal venezolana que entraron ilegalmente al país. “El nuevo proyecto en el que se va a embarcar la Oficina de Tierras y que he creado es la Iniciativa Jocelyn”, dijo. Y especificó: “Localizaremos terrenos apropiados bajo mi jurisdicción para arrendarlos para la construcción de instalaciones de deportación de criminales violentos”. Mientras hacía su anuncio, nuevas secciones de un muro fronterizo se levantaban para hacer que en Texas, por lo menos en cuanto a migración, el futuro ya sea presente.

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