La tajante reacción de un sheriff de Texas sobre el cumplimiento de la ley SB4 en el estado: “No queremos hacerlo”
El encargado de la seguridad en el área donde se encuentra Eagle Pass, está preocupado por la capacidad de respuesta de sus agentes para controlar el paso de migrantes
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Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detienen cada día a miles de personas que ingresan a ese país desde México de forma irregular, pero la nueva ley SB4 de Texas, promulgada por el gobernador Greg Abbott, podría obligar a que los agentes del Departamento de Seguridad Pública del estado se sumen a estas labores que hasta ahora están reservadas para las autoridades federales.
Al respecto, el sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, está muy preocupado por la capacidad de respuesta que puedan tener los oficiales a su cargo, ya que, asegura, su comunidad fronteriza no tiene el personal para hacer cumplir la SB4. “Se ha quitado mano de obra para la seguridad que se supone que debemos hacer aquí en el condado”, dijo Schmerber a CBS News sobre la crisis migratoria.
“No queremos hacerlo. Y va a ser imposible”, reiteró el encargado de la seguridad en el área que incluye la ciudad de Eagle Pass, fronteriza con el estado mexicano de Coahuila, donde se instalaron las controversiales boyas para armar un muro flotante y disuadir a los inmigrantes.
Si la ley entra en vigor en marzo de 2024, los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, e incluso los ayudantes del sheriff, podrían arrestar a inmigrantes por cruzar ilegalmente la frontera porque la ley SB4, eleva a delito estatal ingresar a EE.UU. sin documentos. De esta manera, según el gobernador republicano Abbott, cumplirán con el objetivo de “detener la ola de entradas ilegales”.
Con la nueva legislación texana, los oficiales y las agencias estatales tendrían la autorización de transportar a los migrantes a los puertos de entrada para asegurarse de que sean devueltos a EE.UU. Además, el cargo de delito menor podría convertirse en un delito grave si el migrante recibe acusaciones de otros crímenes o si se niega a volver a México, de tal forma podría ser condenado de dos a 20 años de prisión.