Qué poder mantiene el Clan del Golfo, el mayor grupo criminal de Colombia, tras la extradición de Otoniel y el paro armado

“Con este golpe se marca el fin del Clan del Golfo”, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, el día que arrestaron a Dairo Antonio Úsuga, líder de esa organización criminal.

En la misma alocución, en octubre de 2021, Duque anunció que estaba por gestionar la extradición a Estados Unidos del hombre que hasta entonces dirigió la organización ilegal más grande del país: alias Otoniel, un exguerrillero, paramilitar y narcotraficante miembro de una poderosa familia —ligada a la ilegalidad— del noroccidente del país.

Después de varias demandas contra la extradición y en favor de que su versión fuera escuchada en Colombia, Otoniel finalmente viajó a Estados Unidos la semana pasada bajo la supervisión misma de Duque, quien siguió el traslado en vivo por videollamada.

Pero al tiempo que las autoridades celebraban “un triunfo de la justicia sobre la impunidad”, los miembros del Clan, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), estaban alistándose para paralizar a medio país. Esto en plena campaña presidencial.

Durante cuatro días, decenas de pueblos y rutas en varias regiones de Colombia —en especial en el norte del país— estuvieron anestesiados por el riguroso toque de queda del grupo armado, que impidió actividades comerciales, sociales, de movilidad. La razón: estaban en contra de la extradición de Úsuga.

El lunes, un supuesto comunicado de la AGC anunció el fin del paro armado, un mecanismo de protesta usual de los grupos armados colombianos. Luego otra aparente comunicación del grupo lo desmintió. Solo el retorno de las actividades cotidianas confirmará el fin del paro.

Duque, por su parte, viajó al Urabá, la cuna de este grupo neoparamiliatar, para visitar comercios y anunciar nuevas extradiciones y una serie de ofensivas contra líderes criminales.

“El Clan del Golfo ha recibido los golpes más duros desde que nació esa estructura criminal”, dijo. Realizaron 300 capturas, allanaron bienes e incautaron más de 60 toneladas cocaína, informó.

Golpes duros, pero que, a juzgar por el paro, no marcaron el fin de la organización: al menos 74 comunidades en 11 regiones distintas estuvieron confinadas, casi 200 vehículos fueron incinerados y al menos ocho personas fueron asesinadas, unas por no cumplir las órdenes del grupo criminal y otras en ataques a la fuerza pública.

Federales, pero organizados

El Urabá, una enorme región próspera para la agricultura y la ganadería, rodea un golfo en la frontera con Panamá en una esquina del mar Caribe. Además tiene acceso al océano Pacífico. Es un punto estratégico para cualquier actividad comercial; en Colombia lo ha sido por décadas para el tráfico de drogas y armas.

La región fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.

El EPL y las AUC marcaron el origen de las AGC, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en lo que resultó ser una organización de corte criminal más que política.

“El Clan del Golfo es una organización sofisticada que tiene una estructura organizacional estable, un ancla en negocios legales como la ganadería y un portafolio amplio de actividades criminales que incluyen la extorsión o la venta de servicios de coerción”, dice Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en Bogotá.

Además, “las AGC tienen una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.

Los expertos advierten que es mucho lo que no se sabe de este grupo. La multiplicidad de brazos armados asociados en todo el país —algunos de planta y otros contratados, algunos autónomos y otros no— impide saber la extensión de su poderío.

Hay estimaciones que hablan de 3.000 miembros; otras contabilizan hasta 13.000, un número similar al que componía a las FARC, la guerrilla más grande del país, en su momento más álgido.

Las AGC parecen, pues, una organización federal con aparato burocrático suficiente para conseguirles remplazo a quienes son arrestados o dados de baja.

De hecho, desde que Otoniel fue arrestado (él dijo que se había entregado como parte de un acuerdo con el gobierno) los nombres de los supuestos sucesores empezaron a sonar en los medios locales.

Uno de ellos es Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, un exparamilitar que, según la inteligencia oficial, administra la exportación de cocaína y está solicitado eb extradición por EE.UU.

Otro es Wílmer Giraldo, alias Siopas, quien hizo parte de la guerrilla, se desmovilizó y pronto entró las AGC, donde escaló rápido gracias a su experiencia subversiva.

La detención de Otoniel en octubre pudo haber producido una batalla interna por el control de las AGC, pero no: “El Clan ha tenido una innovación que no tuvieron otras organizaciones sucesoras del paramilitarismo y es que aseguran la sucesión de liderazgos de una manera que evita los enfrentamientos internos”, dice Barrera.

El problema es de raíz

Incluso antes de que fuera arrestado, el poder de Otoniel ya era cuestionado por los expertos en seguridad. El cerco que le impuso el ejército lo obligó a aislarse.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) calificó en un informe de “apresurado y alejado de la realidad” la idea de que la captura de Otoniel constituye el fin de las AGC.

Según el centro de estudios del conflicto, las AGC conservan su poder sin Otoniel por cuatro razones: siguen controlando una parte del Urabá, no han perdido conflictos por territorio o rentas con otros grupos armados, se han expandido en regiones lejanas a su núcleo territorial y consolidaron una estructura que permite operar de forma diferenciada, al mismo tiempo y en zonas distintas.

Por eso, los expertos de la FIP estiman que “los efectos de la captura de Otoniel en materia del mercado de drogas podrían ser leves y limitados, pero las repercusiones en materia de violencia —masacres, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores de edad o violencia sexual— pueden presentar variaciones importantes”.

Duque dijo que insistirá en una estrategia que tuvo impacto en el enfrentamiento con las FARC durante el gobierno de Álvaro Uribe: abatir a los líderes.

Pero, según Mauricio Romero, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación y ex asesor de la Comisión de la Verdad, la persecución por sí sola no es solución: “Hay que tener en cuenta que esas organizaciones crean empleo, ofrecen ingresos y mantienen la economía de las regiones en donde operan”.

“Para acabar con ellas hay que generar economías regionales ligadas a negocios legales”.

Y Colombia, pese a los esfuerzos para transformar las economías regionales, sigue siendo el mayor exportador de cocaína del mundo.

Por Daniel Pardo

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