Qué inmigrantes estarán en prioridad de deportación tras la decisión de la Corte de EE.UU.

Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos respaldara las políticas de deportaciones de la administración Biden, se detalló el enfoque y las prioridades que tendrán estas acciones a partir de lo que establece el reglamento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y las instrucciones que dio el secretario Alejandro Mayorkas a los jefes de todas las agencias de inmigración bajo su mando.

De acuerdo con estos lineamientos, los operativos para arrestar y detener indocumentados estarán enfocados en aquellos inmigrantes que cometieron delitos graves durante su estancia en el país, o bien que hayan ingresado de manera ilegal después del 1° de noviembre de 2020. “Daremos prioridad a la detención y expulsión de no ciudadanos que sean una amenaza a nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”, explicó Mayorkas en un documento interno.

El reglamento del DHS sobre las deportaciones instruye que cuando los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detengan a una persona indocumentada, deberán evaluar si “actualmente representa una amenaza para la seguridad pública”, así como “la extensión, seriedad y actualidad de la actividad delictiva” que pudo haber cometido el inmigrante antes de proceder con los trámites correspondientes a la deportación.

Adicional a este primer criterio, los agentes también deben considerar factores atenuantes, tales como entornos familiares, condiciones de salud, los vínculos de la persona con la comunidad, evidencias de rehabilitación social, e incluso si la persona en cuestión tiene posibilidades de recibir algún tipo de ayuda gubernamental.

“Confío en la fuerza laboral de ICE y confío en el liderazgo del equipo. Tengo confianza en mi propio liderazgo y en los esfuerzos que he hecho para relacionarme con los agentes y discutir con ellos estos mismos temas”, refirió el secretario Mayorkas al enviar el comunicado en septiembre del año pasado, que refuerza los lineamientos previamente anunciados en febrero de 2021.

Con estas determinaciones, la Corte establece que la falta de documentos que acrediten una estancia legal en Estados Unidos no deberá ser la “única causa” para ordenar una deportación. Por lo tanto, la decisión de los agentes para detener y expulsar a una persona debe estar justificada por otras agravantes que impliquen razones de seguridad.

Algunas de las razones que podrían derivar en la deportación de un inmigrante son:

• Participar en actos de terrorismo
• Participar en actividades de espionaje
• Participar en una pandilla criminal callejera
• Haber sido detenido en la frontera mientras intentaba entrar ilegalmente a partir del 1° de noviembre de 2020
• Recibir una condena por algún delito grave mencionado en la sección 101 (a) (43) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés)

Una importante victoria para Biden

El respaldo del Supremo Tribunal al presidente Joe Biden surgió a partir del análisis de una solicitud de apelación presentada por los estados gobernados por republicanos de Texas y Louisiana. De tal manera, en sus conclusiones al respecto, la Corte rechazó el intento de bloquear al mandatario y reafirmó que los estados no pueden impugnar decisiones del gobierno federal cuando se trata del manejo de temas federales, como la ley de inmigración.

La sentencia de la Corte fue calificada como una importante victoria para Biden en sus intentos por remediar la política migratoria de “tolerancia cero” que impuso su antecesor, Donald Trump. “El gobierno tiene la discreción de amparar de la deportación a ciertos inmigrantes y no deportarlos inmediatamente, congelar los casos o cerrarlos en la Corte de Inmigración (EOIR)”, explicó Alex Gálvez, un abogado de inmigración de California.

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