Qué cambia en Florida a partir del 1° de julio con la nueva ley que firmó Ron DeSantis
Tras la promulgación de la norma, tanto las personas en situación irregular, como aquellos que los trasladen o contraten, podrían enfrentar desde multas hasta penas de prisión
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Desde que en 2019 Ron DeSantis asumió el mando de Florida, el gobernador inició una serie de reformas legislativas de tipo conservador, cuyo paso se aceleró cuando ganó la reelección en noviembre pasado. Este año, el republicano firmó varias leyes que entrarán en vigor este sábado 1° de julio, y entre ellas se destaca una que generó revuelo desde su promulgación, la ley de inmigración. Las manifestaciones en contra del texto no tardaron en llegar.
En contexto, el gobernador firmó la ley que regula la migración en Florida un día antes de que el Título 42 saliera de vigencia, es decir, el 11 de mayo, y con lo cual envió un mensaje directo al gobierno federal, al cual critica con dureza cada vez que tiene la oportunidad debido al manejo del flujo migratorio en la frontera sur con México.
La norma, que fue ampliamente respaldada por el Partido Republicano, que además es mayoría en la legislatura floridana, “aumentará las sanciones por el tráfico de personas, fortalecerá los estatutos para la detención de extranjeros ilegales, exigirá el uso universal de E-Verify, mejorará las sanciones por falsificación de documentos y prohibirá que los gobiernos locales expidan tarjetas de identificación a personas irregulares que se encuentren en el estado”, según se explica en la página oficial del gobierno de Florida.
En ese sentido, se aumenta la pena de prisión por el traslado de inmigrantes dentro del estado. Ahora aquellos que oculten o alberguen a una persona con estatus irregular dentro o hacia Florida cometerán un delito grave de tercer grado y que podría implicar hasta 15 años en la cárcel.
Asimismo, la ley no solo afecta a las personas indocumentadas, sino a aquellos que les den trabajo. De esa manera, a partir del sábado, las empresas que tengan más de 25 trabajadores en su nómina estarán obligadas a chequearlos en el sistema E-Verify, que es federal y en el cual se puede revisar la situación migratoria de una persona.
Las sanciones por la contratación de personas indocumentadas van desde las multas hasta la pérdida de la credencial para poder operar un negocio o comercio, acompañada de la inhabilitación perpetua.
Además, también habrá cambios en el área de la salud. La norma dispone la obligatoriedad en los hospitales de requerir en el formulario de admisión que se pregunte directamente acerca del estatus migratorio de la persona.
La ley de inmigración no es la única que entrará en vigencia este sábado. Entre las que más destacan, se suman una relacionada con el porte de armas y otra que restringe las preguntas acerca de la identidad de género en las escuelas.
En lo que se refiere a la primera de estas, ya no se requerirá la expedición de una licencia para portar armas de forma oculta, una ley que DeSantis celebró y se respaldó en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho de una persona de poseer armamento.
Por otra parte, la segunda ley dispone que, en las escuelas, el uso de baños y casilleros se hará en función del sexo biológico de la persona, así como el uso de los pronombres, que deberá atender el mismo criterio. Lo anterior incluye a los trabajadores de los centros educativos, quienes no podrán preguntar a los alumnos con qué pronombre personal prefieren ser llamados.
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