Pagó US$3.000 por un trámite migratorio en EE.UU., pero era una estafa desde una cárcel de Venezuela

En muchas ocasiones, el uso de plataformas digitales y documentos falsos facilita la proliferación de estafas que buscan aprovecharse de inmigrantes vulnerables para sacarles dinero. Rusbelys Robles, una enfermera venezolana que llegó a Nueva York hace un año y medio tras un arduo viaje por 13 países, se convirtió en víctima de un elaborado fraude que prometía soluciones rápidas para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.

Todo comenzó cuando un hombre, que se hacía llamar abogado, le ofreció tramitar su residencia a cambio de una suma considerable de dinero, según informó Univision. El supuesto abogado, identificado como Gustavo Cortez Osco, aseguraba poder resolver todo tipo de problemas migratorios, desde permisos de trabajo hasta asilos y residencias permanentes. El hecho de que hablara español, aunque con un notorio acento inglés, potenciaba el atractivo de sus promesas y generaba una enorme expectativa, especialmente en mujeres inmigrantes, entre ellas muchas latinas recién llegadas.

Robles, quien todavía esperaba la aprobación de su solicitud de asilo, fue convencida por Cortez Osco de que podía saltarse trámites legales complejos para obtener la residencia permanente. La promesa de este estafador era que sus trámites ya estaban avanzados, algo que respaldaba con documentos falsificados con sellos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales. Cada una de estas “buenas noticias” implicaba pagos que iban desde los 300 hasta los 1000 dólares.

Estafas desde cárceles de Venezuela, con falsas audiencias virtuales

Para conseguir su confianza, Cortez también organizaba falsas audiencias virtuales donde las víctimas se enfrentaban a supuestos jueces de inmigración. Robles, al igual que otras mujeres, se preparó minuciosamente para su audiencia. En julio pasado, desde un refugio migratorio en Nueva York, se conectó a través de Skype con un hombre que se presentó como juez de Arizona.

El magistrado, con una bandera estadounidense y un escudo del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) detrás de él, le hizo preguntas típicas de los exámenes de ciudadanía, como el nombre de una tribu indígena estadounidense y el año en que fue redactada la Constitución. Lo que Robles no sabía era que este juez ficticio era en realidad un cómplice de Cortez. La víctima incluso debió pagar US$250 adicionales para que el magistrado que le asignaran hablara español.

Los delincuentes orquestaban su fraude desde una cárcel en Venezuela

Las autoridades confirmaron más tarde que Cortez operaba desde la cárcel venezolana de la localidad de Tocuyito, donde cumple una condena de 55 años por homicidio, extorsión y lavado de dinero. Desde allí, él y sus cómplices organizaban las audiencias falsas, utilizando plataformas digitales para engañar a estos inmigrantes que buscaban regularizar su situación.

Robles, quien confió ciegamente en el “abogado”, le pagó un total de US$3365, una suma que tuvo que reunir trabajando en la limpieza de casas y con préstamos. A pesar de su inversión, su situación migratoria sigue sin cambios, y continúa esperando la aprobación de su solicitud de asilo. “Todo lo que hacía se lo daba”, comentó a Univision, y además dijo que incluso sacó dinero que originalmente estaba destinado a su hija con síndrome de Down.

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