Nueva ley en Nueva York permite ocultar el pasado criminal bajo estos requisitos
La norma busca que los antecedentes penales no limiten el desarrollo social y económico de más de dos millones de habitantes; de todas formas, investigaciones en curso o delitos graves seguirán abiertos
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LA NACION
El estado de Nueva York implementó el 16 de noviembre de 2024 una legislación conocida como la Ley “Borrón y Cuenta Nueva” o Clean Slate Act. Esta normativa busca proporcionar a exconvictos una nueva oportunidad al sellar ciertos antecedentes penales, aunque estarán accesibles para investigadores policiales, causas judiciales o empleadores de industrias o campos “sensibles”.
Se estima que más de dos millones de personas en el estado se beneficiarán de esta medida, según el John Jay College’s Data Collaborative for Justice.
Fuera de la norma quedarán los casos que se investigan penalmente en la actualidad o los de libertad condicional o libertad bajo palabra. Los delitos sexuales, el asesinato y otros delitos graves no relacionados con las drogas siguen siendo públicos. Además, la ley no se aplica a los delitos federales ni a las condenas en otros estados.
¿En qué consiste la nueva ley de Nueva York sobre el pasado criminal?
La Clean Slate Act establece que ciertos delitos menores y graves serán sellados automáticamente tras cumplir una serie de requisitos. Este sellado implica que los registros dejarán de estar disponibles para el público en general, aunque podrán ser consultados por las autoridades de seguridad, empleadores en sectores sensibles y otros fines específicos.
- Delitos menores: Serán sellados tres años después de que la persona haya cumplido su condena por completo, incluyendo la libertad condicional.
- Delitos graves (exceptuando los de clase A): Se sellarán después de ocho años de haber cumplido la sentencia. En ambos casos, la persona debe mantenerse sin nuevos delitos durante el período correspondiente.
Los registros no serán eliminados, sino simplemente ocultados de la vista pública. Esto garantiza que las autoridades puedan consultarlos en casos específicos, como en la solicitud de licencias para trabajar con grupos vulnerables o en sectores de seguridad pública.
Impacto social y económico
La Ley “Borrón y Cuenta Nueva” fue diseñada para combatir los obstáculos que enfrentan los exconvictos en su reintegración social. Desde dificultades para encontrar empleo hasta la imposibilidad de alquilar una vivienda, los antecedentes penales son un factor que perpetúa la marginación social.
Según indicó a El Diario NY la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Adrienne Adams, esta medida busca mejora las oportunidades para las personas afectadas, y también contribuye al desarrollo económico del estado. Se estima que la integración de estas personas en el mercado laboral podría generar hasta US$7 mil millones anuales adicionales en ingresos para Nueva York.
Qué delitos quedan excluidos
La ley excluye los delitos graves de clase A, que incluyen homicidio, secuestro, terrorismo, abuso sexual y tráfico de drogas, entre otros. Estos registros no podrán ser sellados bajo ninguna circunstancia debido a la naturaleza de los crímenes y el riesgo potencial para la sociedad.
Acceso limitado a los registros
Aunque los antecedentes sellados estarán fuera del alcance del público en general, podrán ser consultados por:
- Autoridades encargadas de la aplicación de la ley.
- Empleadores en sectores específicos como educación, cuidado de niños o ancianos, y seguridad pública.
- Propietarios de viviendas, en ciertos casos relacionados con antecedentes de delitos graves.
- Procesos de solicitud para licencias de portación de armas o licencias comerciales.
Este enfoque busca equilibrar la reintegración de los exconvictos con la protección de la seguridad pública.
Una medida controvertida
A pesar de su objetivo de justicia social, la ley no está exenta de críticas. Algunos sectores expresaron sus preocupaciones sobre la posibilidad de que se filtren registros sellados o sobre su implementación efectiva.
La implementación será progresiva, y los primeros beneficios se aplicarán en 2027, una vez cumplidos los períodos establecidos desde la entrada en vigor de la ley.
La Clean Slate Act es parte de un movimiento más amplio en Estados Unidos para reformar el sistema de justicia penal y reducir la reincidencia. Iniciativas similares ya se encuentran en funcionamiento en otros estados, como California y Pensilvania.
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