Es oficial: estas son las nuevas leyes migratorias en Nueva Jersey que están vigentes este 2025

Nueva Jersey consolida su postura como un refugio para las comunidades migrantes, con normativas claras que limitan la colaboración entre las fuerzas policiales locales y las autoridades federales de inmigración. Bajo la Directiva de Confianza para Inmigrantes, emitida en 2018 y aún vigente, el Estado Jardín prioriza la seguridad pública sin sacrificar los derechos de los extranjeros. Sin embargo, con el regreso de Donald Trump a la presidencia y su agenda de deportaciones masivas, legisladores y activistas debaten si es hora de convertir estas políticas en ley.

La “Directiva de Confianza para Inmigrantes”: un escudo contra la deportación en Nueva Jersey

En 2018, el entonces fiscal general Gurbir S. Grewal estableció un marco estricto para evitar que las fuerzas del orden locales actúen como agentes de inmigración. La norma, revisada en 2019, prohíbe a la policía detener, interrogar o investigar a una persona basándose únicamente en su estatus migratorio.

“No hay que confundir el rol de quienes aplican la ley penal estatal con el de quienes persiguen violaciones civiles federales”, señaló Grewal en el documento, endonde se enfatiza que la cooperación excesiva con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) erosiona la confianza en las comunidades.

La directiva también restringe el uso de recursos públicos, como bases de datos o equipos, para fines de deportación, salvo en casos excepcionales, como cuando un detenido tiene antecedentes por delitos graves.

Además, exige que los agentes informen por escrito a cualquier individuo bajo custodia si las autoridades migratorias solicitan entrevistarlo o extender su detención. “El miedo a ser deportado disuade a las víctimas de denunciar crímenes, lo que perjudica a todos los residentes”, advirtió el fiscal general.

Prohibición de acuerdos 287(g) y protección en “lugares sensibles”

Uno de los logros clave de la normativa fue la eliminación de los acuerdos 287(g), que permiten al ICE capacitar a policías locales para realizar funciones migratorias. “Quisimos trazar una línea clara entre las responsabilidades federales y estatales”, explicó Grewal.

La directiva también designó como “lugares sensibles”, libres de operativos del ICE, a hospitales, escuelas y refugios, aunque esta categoría fue eliminada por Trump en 2025 mediante una orden ejecutiva.

El desafío de convertir la directiva en ley en Nueva Jersey

A pesar de su eficacia, organizaciones como Make the Road New Jersey y la Alianza por la Justicia Migrante exigen que la Legislatura estatal convierta la directiva en una ley permanente, según señalaron desde New Jersey Monitor.

“Si no actuamos ahora, las redadas y las políticas antiinmigrantes afectarán a todo el estado, no solo a los migrantes”, alertó Sara Cullinane, directora de Make the Road. Un proyecto en discusión, la Ley de Confianza para Inmigrantes, busca blindar estas protecciones, pero enfrenta resistencias incluso entre demócratas.

La Ley de Confianza para Inmigrantes: estancada en el senado de Nueva Jersey

La Ley de Confianza para Inmigrantes de Nueva Jersey (New Jersey Immigrant Trust Act) establece protecciones para los inmigrantes en sus interacciones con agencias gubernamentales y limita la colaboración de las autoridades estatales y locales con las autoridades federales de inmigración.

Entre los puntos más destacados de la ley se encuentran:

Protección de Datos Personales:

• Las agencias gubernamentales y centros de salud solo pueden recopilar información sobre estatus migratorio, ciudadanía, lugar de nacimiento, cuando sea estrictamente necesario para evaluar elegibilidad a servicios públicos.
• Estos datos no son registros públicos y no pueden divulgarse, salvo por orden judicial o requerimiento legal.
• Se permite compartir información solo con consentimiento escrito del individuo, en su idioma preferido.

Restricciones a la Aplicación de Leyes de Inmigración:

• Prohíbe a las fuerzas del orden estatales y locales: detener, interrogar o arrestar a personas basándose en su estatus migratorio; preguntar sobre estatus migatorio o lugar de nacimiento; honrar órdenes de detención migratoria (detainers) sin una orden judicial federal; usar recursos públicos (dinero, bases de datos, equipos) para ayudar en la aplicación de leyes migratorias federales.
• Anula acuerdos previos que permitían compartir información con autoridades migratorias.

“Lugares Sensibles” protegidos:

• Escuelas públicas, hospitales, bibliotecas, refugios y otros lugares similares no pueden permitir acciones de inmigración en sus instalaciones, salvo en áreas abiertas al público.
• No deben recolectar información migratoria innecesaria.

Prohibición de Acuerdos con el ICE:

• Las agencias locales no pueden: participar en operativos migratorios; prolongar detenciones por pedidos de ICE; renovar o firmar acuerdos bajo el programa 287(g)

Reportes Anuales:

• Las agencias policiales deben informar al Fiscal General sobre: solicitudes de ICE (detainers, transferencias, entrevistas); bases legales para colaborar; acceso de ICE a bases de datos estatales.
• Estos reportes serán públicos.

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