Otro golpe de Trump contra los migrantes: ya no habrá ayuda legal para niños indocumentados
La suspensión inmediata de fondos fue solicitada esta semana por el Gobierno; la decisión afecta a más de 26.000 niños sin defensa en los tribunales de inmigración
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LA NACION
Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump endureció las políticas migratorias con medidas que restringieron el asilo y promovieron deportaciones rápidas. Ahora, su gobierno habría impuesto la suspensión inmediata de los fondos destinados a servicios legales para niños migrantes no acompañados.
Sin asistencia legal para los menores migrantes, por orden de Trump
Según un memorando obtenido por CNN, Trump ordenó esta suspensión del trabajo para los proveedores de servicios legales. La medida deja a miles de niños y adolescentes sin acceso a representación en sus procesos migratorios.
La decisión afecta a más de 26.000 menores bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) y genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos y abogados, que advierten sobre el impacto en la protección y el debido proceso de los menores.
Organizaciones en todo Estados Unidos, como El Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, advirtieron que esta decisión les impide ofrecer servicios esenciales, como sesiones de “conozca sus derechos” y asesoría jurídica, lo que agrava la situación de los menores que cruzaron la frontera sin sus padres o tutores.
Según la ley, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) debe albergar a estos niños hasta que cumplan 18 años o sean entregados a un patrocinador, generalmente un familiar.
Históricamente, el gobierno financió a organizaciones sin fines de lucro para brindar apoyo legal a los menores bajo custodia y tras su liberación. Sin embargo, con la nueva disposición, entidades como el Centro Acacia para la Justicia y el Proyecto Florence advierten que los niños deberán enfrentar audiencias ante jueces de inmigración sin asesoramiento, poniendo en riesgo su derecho a un debido proceso.
Consecuencias de la suspensión de fondos
El Centro Acacia para la Justicia, que supervisa el principal contrato federal para servicios legales de niños migrantes, recibió la orden de detener todo el trabajo vinculado a este acuerdo. La decisión impide que organizaciones sin fines de lucro brinden sesiones informativas sobre derechos y evaluaciones legales para determinar si los menores califican para asilo u otras protecciones.
Según Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro Acacia para la Justicia, la medida obliga a los abogados a representar a los niños sin financiamiento federal, ya que tienen compromisos éticos con sus clientes. Sin embargo, muchas de estas organizaciones no cuentan con los recursos para sostener este apoyo a largo plazo.
Organizaciones como el Immigrant Defenders Law Center y el National Immigrant Justice Center denunciaron que la medida responde a razones políticas. Además, acusaron que el gobierno de Trump está abandonando a los menores en un sistema migratorio complejo y difícil de navegar sin asistencia jurídica, según consigna la CBS.
Aunque la administración Trump no dio a la fecha una justificación oficial, esta decisión se enmarca en su estrategia de recortar programas que considera innecesarios, incluso si afectan a poblaciones vulnerables. Mientras los grupos defensores buscan alternativas para continuar con su labor, miles de niños podrían quedar desprotegidos en un proceso migratorio que determinará su futuro en Estados Unidos.
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