La norma del DHS que permitirá deportar y negar el asilo rápidamente: entra en vigor en 2025
La regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos busca reducir los tiempos de detención, así como agilizar las expulsiones del país norteamericano
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LA NACION
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aprobó una norma que modificará el procedimiento de detección de miedo creíble y miedo razonable, lo que otorga más facultades a los oficiales para aplicar ciertas restricciones obligatorias en casos de asilo y retención de expulsión. Esta regulación, que entrará en vigor el 17 de enero de 2025, busca acelerar la deportación de personas consideradas inelegibles para quedarse en Estados Unidos.
Cambios claves del DHS para la deportación
La norma enmienda los códigos federales 8 CFR 208.30(e) y 208.33(b), lo que le permite que los oficiales de asilo consideren la aplicación de barreras obligatorias definidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) durante las evaluaciones iniciales. Entre estas se incluyen:
- Haber cometido un crimen particularmente grave.
- Participar en actos de persecución por motivos protegidos.
- Ser considerado un peligro para la seguridad nacional.
- Tener vínculos con actividades terroristas.
- Cometer delitos graves no políticos fuera de Estados Unidos.
El DHS aclaró que estas disposiciones no afectarán a quienes soliciten protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), ya que no existen restricciones obligatorias para estos casos.
Impacto en los procesos de detección de miedo
Bajo esta norma, el oficial podrá determinar que una persona no cumple con los requisitos de miedo creíble o razonable debido a la aplicación de estas barreras. Si se emite una decisión negativa, recae en el solicitante demostrar con evidencia suficiente que tiene una probabilidad razonable de sufrir tortura, lo que permitiría remitir su caso a un procedimiento CAT.
El DHS explicó que estas modificaciones permitirán:
- Reducir el tiempo en detención para personas que reciben una evaluación negativa.
- Agilizar la expulsión de quienes no califican para protecciones bajo la ley estadounidense.
- Evitar que los casos con barreras obligatorias lleguen a audiencias completas o apelaciones prolongadas.
No obstante, quienes reciban una evaluación positiva podrán beneficiarse de tiempos más cortos para que un juez de inmigración emita una decisión final.
Cambios en el contexto de deportaciones rápidas
Esta normativa también refuerza la aplicación del procedimiento de deportación expedita, autorizado bajo la sección 235(b)(1)(A) de la INA. Este mecanismo permite la remoción inmediata de personas consideradas inadmisibles por motivos relacionados con fraude, documentos insuficientes o intentos de entrada no autorizada. Las categorías afectadas incluyen:
- Personas detenidas a menos de 160 kilómetros de la frontera internacional terrestre de Estados Unidos que no hayan permanecido en el país al menos 14 días consecutivos.
- Personas que lleguen al país por mar y no puedan probar su presencia continua en Estados Unidos por al menos dos años.
- Quienes sean detenidos al intentar ingresar en un puerto de entrada sin los documentos requeridos.
En estos casos, los no ciudadanos que expresen intención de solicitar asilo o temor de persecución serán entrevistados por oficiales para evaluar su miedo creíble o razonable.
Críticas y comentarios públicos recibidos por el DHS
El DHS recibió 4293 comentarios durante el periodo de revisión pública, según consta en la regla publicada. A pesar de las críticas, no realizó modificaciones sustanciales a la propuesta inicial. Las preocupaciones principales giraron en torno a:
- La reducción de oportunidades para que los solicitantes reúnan evidencia o argumenten su caso ante un juez.
- Posibles violaciones a derechos humanos en casos donde no se garantice un debido proceso.
- El impacto en poblaciones vulnerables que huyen de violencia y persecución.
El DHS defendió la medida afirmando que se alinea con esfuerzos para disminuir entradas ilegales, que mostraron una reducción del 60% desde junio de 2024.
La entrada en vigor de esta norma en 2025 marcará un cambio significativo en las políticas migratorias de Estados Unidos. Aunque sus defensores aseguran que fortalecerá el sistema, sus detractores advierten sobre posibles consecuencias humanitarias y legales.
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