Fraude migratorio: tramitaron su green card en Nueva York, pero los estafaron y ahora se enfrentan a lo peor

Un grupo de abogados del Bronx, en Nueva York, Estados Unidos, enfrenta una acusación por estafar a más de una decena de personas, entre los que hay hispanos, a quienes cobraron miles de dólares por realizarles las gestiones necesarias para obtener una residencia permanente o green card. Así lo detalla una demanda que presentó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra los presuntos estafadores: Kofi Amankwaa, un abogado de inmigración del Bronx; su hijo, Kofi Amankwaa, Jr., y otros profesionales de su oficina: Sylvester Boateng, Nana Adoma Kontoh y Betty Smith.

Así era el modus operandi de los abogados que habrían estafado migrantes

Entre septiembre de 2016 hasta noviembre de 2023, Amankwaa, su hijo y los otros investigados se reunieron con clientes y les ordenaron que firmaran pedidos fraudulentos del Formulario I-360 de la Ley de Violencia contra las Mujeres (“VAWA”) que declaraban falsamente que los clientes fueron abusados por sus hijos, quienes eran ciudadanos estadounidenses. Amankwaa también firmó los pedidos, bajo pena de perjurio, como abogado patrocinador.

Sin embargo, en muchas de las ocasiones los migrantes desconocían el contenido de los formularios y las repercusiones que podría traerles ingresar esas solicitudes fraudulentas. Los abogados normalmente cobraban a sus clientes US$6000 por sus servicios, más honorarios administrativos.

Qué dice la ley de inmigración sobre los pedidos VAWA

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York, los acusados utilizaron la presentación fraudulenta del Formulario I-360 para pedidos VAWA, como base para solicitar documentos de viaje de permiso anticipado para sus clientes, documentos que permiten a personas sin estatus legal en los Estados Unidos viajar al extranjero temporalmente y regresar.

“Luego, los acusados ordenaron a sus clientes, al obtener los documentos de viaje de permiso anticipado, que viajaran al extranjero y regresaran a los Estados Unidos. Por último, los acusados utilizaron el permiso anticipado obtenido fraudulentamente como base para que sus clientes solicitaran el estatus de residente permanente legal”, se detalla.

La Ley de Violencia contra las Mujeres permite a las víctimas de abuso por parte de un niño nacido en Estados Unidos mayor de 21 años, solicitar la residencia permanente legal.

Un migrante estuvo más de 20 años en EE.UU., salió del país y no pudo regresar

Uno de los perjudicados fue Ricardo Velázquez, padre de cuatro hijos del Bronx que había vivido en EE.UU. por más de 20 años. En la demanda de la fiscal James, se señala que en 2021 Velázquez, su esposa y uno de sus hijos llegaron hasta las oficinas de Amankwaa para que les ayudaran a solicitar la residencia permanente legal. Después de hacer algunos trámites, el abogado le dijo a la familia que el proceso se estaba desarrollando con éxito y que todos los documentos que se presentaron ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) eran correctos.

Debido a ese supuesto proceso, Amankwaa informó a la familia que necesitaban salir de los Estados Unidos y volver a ingresar para poder proceder con sus solicitudes de inmigración, por lo que viajaron a México en marzo de 2022. “El 11 de marzo de 2022, cuando mi familia regresaba a Nueva York, mis padres fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los Estados Unidos en el aeropuerto JFK”, relata el hijo en la demanda de la fiscal.

“Los funcionarios de inmigración les informaron que las autoridades estaban al tanto de las prácticas del señor Amankwaa y que actualmente lo estaban investigando. A mi madre se le permitió entrar, pero mi padre fue detenido. Un mes después supimos por otro abogado que, en lugar de brindarnos los servicios de inmigración que solicitamos, el señor Amankwaa presentó una solicitud I-360 falsa alegando que yo había abusado de mis padres. Nunca tuvimos la intención de presentar esa solicitud. El señor Amankwaa no nos informó que presentaría este tipo de solicitud ni explicó el contenido de las solicitudes que presentó a Uscis”, agrega.

Los abogados están acusados cada uno de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y cometer fraude migratorio, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión y un cargo de fraude migratorio, de una sentencia máxima de 10 años de prisión. Los que hayan obtenido el beneficio o estén en el trámite también se enfrentarían a la deportación.

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