El plan de Joe Biden para eliminar la petición de asilo de los inmigrantes irregulares en EE.UU.
El decreto modificaría una de las garantías para extranjeros más arraigadas en ese país, según la orden ejecutiva adelantada por The New York Times; el proyecto es similar al propuesto por Donald Trump
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El PaísLuis Pablo Beauregard
El presidente Joe Biden está preparando un decreto que tiene como propósito impedir a los inmigrantes irregulares solicitar el asilo tras su llegada a Estados Unidos. La orden ejecutiva, adelantada por The New York Times, modificaría una de las costumbres más arraigadas de Estados Unidos, la posibilidad de que los migrantes que huyen de sus países de origen encuentren protección al pisar territorio estadounidense. El plan es similar a uno ideado por Donald Trump durante su mandato.
El decreto de la Casa Blanca está en fase de estudio semanas después de que el Congreso presentara una ley que pretendía atender la crisis en la frontera con México, una zona que se ha convertido en un dolor de cabeza para la Administración demócrata rumbo a las elecciones de noviembre. La iniciativa redactada en enero por legisladores de los dos partidos ofrecía las reformas “más severas y justas” para controlar el flujo de la inmigración irregular que llega desde México. La ley murió cuando Donald Trump ordenó a los senadores de su partido no votarla.
La negativa a esa norma, de la que dependen también la ayuda a Ucrania e Israel, ha llevado al Ejecutivo a sopesar otras opciones. La respuesta, de acuerdo con el diario neoyorquino, puede estar en una orden ejecutiva que no necesitaría transitar por el Congreso en uno de los frentes más débiles para el presidente. La gestión de Biden en la frontera es reprobada por el 60% de los estadounidenses, según un sondeo de esta semana de The Economist y YouGov.
“Ninguna orden ejecutiva, sin importar lo agresiva que esta sea, puede brindar las importantes reformas y los recursos extraordinarios que el Congreso pudo dar y que los republicanos rechazaron”, ha señalado Angelo Fernández, un portavoz de la Casa Blanca citado por la agencia AP. El funcionario ha cargado contra los rivales políticos del presidente sin confirmar la viabilidad del plan. “Los republicanos del Congreso apostaron por la política partidista antes que por nuestra seguridad nacional y rechazaron lo que pedían los agentes de la frontera. Y después se dieron dos semanas de vacaciones”, añadió.
La malograda ley redactada por senadores demócratas y republicanos proponía cerrar la frontera sur a nuevos migrantes, una vez que los agentes de la Patrulla Fronteriza procesaran la detención de 5000 personas al día durante una semana o hasta 8500 en un solo día. Diciembre de 2023, batió todos los récords en los registros. Durante ese mes, las autoridades migratorias detuvieron a 302 mil personas en la línea entre los dos países, un promedio de 9740 migrantes al día. En enero, sin embargo, el flujo se ha reducido a la mitad.
La norma sopesada por Biden y su gobierno tendría un efecto similar, al modificar los requisitos estipulados en el apartado 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta sección da poder al Ejecutivo para bloquear la entrada al país a varios grupos de migrantes. La modificación de esta norma fue muy recurrida durante el gobierno de Trump.
Ahora el decreto impediría a quienes lleguen por tierra o aire solicitar el asilo. Esta medida es muy popular entre los inmigrantes porque estos recuperan su libertad tras un breve periodo de detención y hacer vida normal en Estados Unidos hasta que un tribunal de migración decida su caso. La Administración demócrata pretende ordenar la inmigración dándole la posibilidad a quienes migran de iniciar el trámite en sus lugares de origen por medio de una aplicación de móviles llamada CBP One.
No es la primera vez que Biden baraja esta medida. El año pasado, el Departamento de Seguridad Interior anunció que adoptaría la medida en mayo de 2023 de manera temporal, por un periodo de dos años. Sin embargo, la Casa Blanca recibió entonces una avalancha de respuestas negativas. Entre estas, hubo amenazas de colectivos de derechos humanos de presentar demandas si la agencia ponía en práctica lo que sería una de las garantías principales de Estados Unidos.
EL PAIS
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