EE.UU. reanuda el “parole humanitario” para los ciudadanos de estos países: los cambios en las condiciones
La administración actual decidió retomar el proceso para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; los cambios incluyen un mayor control para evitar fraudes
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LA NACION
En un contexto político polarizado y con las elecciones presidenciales a pocos meses de distancia, el gobierno de Joe Biden anunció el reinicio de un programa de inmigración que permite a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entrar a EE.UU. de manera legal, con la ayuda de patrocinadores. Esta decisión llega acompañada de nuevas medidas de seguridad.
El programa, conocido como permiso humanitario o también como “parole”, se lanzó en enero de 2023 como parte de las políticas de inmigración de la Administración Biden. Su objetivo es proporcionar un camino legal para que los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela puedan ingresar a EE.UU., mientras se restringe el asilo a quienes cruzan la frontera de manera ilegal.
Sin embargo, a principios de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) suspendió temporalmente el programa tras descubrir indicios de fraude. De acuerdo con la agencia de noticias AP, un informe interno reveló que más de 100 mil solicitantes del programa estaban siendo patrocinados por poco más de 3200 personas en EE.UU., conocidas como “patrocinadores seriales”. Esta situación levantó sospechas de posibles redes de trata de personas y abuso del proceso de parole.
Reanudación del programa con nuevas medidas de seguridad
El DHS anunció es restablecimiento del programa, pero con una serie de medidas adicionales para reforzar su integridad y seguridad. Estas nuevas salvaguardas incluyen un mayor escrutinio de los patrocinadores financieros en EE.UU., con revisiones exhaustivas de antecedentes penales y registros financieros, así como el requisito de huellas dactilares para todos los patrocinadores.
Además, se implementarán verificaciones más rigurosas para identificar patrones de solicitud en serie y se exigirá a los patrocinadores que demuestren su capacidad para apoyar económicamente a los inmigrantes beneficiarios. “Los patrocinadores en serie que no cumplan con estos requisitos o que parezcan estar explotando el proceso no serán aprobados”, señaló un portavoz del DHS al medio local NBC News.
El impacto de las nuevas medidas de seguridad en los migrantes y patrocinadores
La reanudación del programa ha sido bien recibida por quienes creen en la necesidad de proporcionar vías legales para la inmigración, pero también ha generado incertidumbre entre los posibles beneficiarios. Según cifras del DHS, hasta la semana pasada, había cerca de 30.000 solicitudes pendientes de comprobación. Los migrantes de los cuatro países afectados deberán seguir monitoreando su cuenta myUSCIS para obtener información actualizada sobre el estado de sus solicitudes.
Los beneficiarios que ya tienen una autorización de viaje válida pueden viajar, pero los nuevos solicitantes estarán sujetos a los procedimientos reforzados.
Bajo este programa, hasta 30.000 personas por mes de los cuatro países pueden ingresar a EE.UU. por un período de dos años y obtener autorización para trabajar. Para ser elegibles, los migrantes deben contar con un patrocinador financiero en ese país que los represente y volar a un aeropuerto estadounidense por su cuenta, en lugar de cruzar por la frontera vía terrestre.
Preocupaciones por fraude y las críticas al parole
A pesar de los esfuerzos para reactivar el programa con medidas más estrictas, persisten las críticas sobre su implementación. Desde su lanzamiento, se ha informado de posibles patrocinadores que han ofrecido vender sus servicios a inmigrantes a cambio de dinero, un acto que es considerado ilegal.
Un informe de AP reveló miles de casos de posibles patrocinadores utilizando las mismas direcciones postales, direcciones IP o números de teléfono. Incluso se detectaron solicitudes que utilizaron números de la Seguridad Social pertenecientes a personas fallecidas. Aunque una revisión interna del DHS concluyó que la mayoría de estos indicadores tenían explicaciones razonables, algunos casos justificaron remisiones a las autoridades.
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