Deportación masiva en nueva fase: los últimos movimientos de Donald Trump que ponen en alerta a la Justicia

Donald Trump dio inicio a la fase más ambiciosa —y conflictiva— de su política migratoria. En las últimas dos semanas, su administración aceleró las deportaciones masivas con un criterio amplio: ya no se limita a inmigrantes con antecedentes penales, sino que incluye también a residentes legales, turistas e incluso cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Trump enfrenta presión judicial por sus deportaciones masivas

Estas medidas encendieron alarmas en los tribunales, provocaron tensiones con las llamadas “ciudades santuario” y dejaron al descubierto los límites financieros y legales del plan más agresivo del segundo mandato presidencial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la reciente expulsión de ciudadanos de Venezuela, Alemania y Líbano, algunos con visas vigentes o procesos legales en curso. Uno de los casos más emblemáticos es el de Rasha Alawieh, médica libanesa y docente en la Universidad de Brown, deportada pese a una orden judicial federal que prohibía su salida de EE.UU.

En este contexto, una de las decisiones más controversiales del gobierno fue reactivar una ley del siglo XVIII para acelerar las expulsiones. La Casa Blanca invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —un estatuto casi en desuso— para justificar la deportación de más de 200 venezolanos, señalados de forma preventiva por supuestos vínculos con el Tren de Aragua, una red criminal nacida en las cárceles de Venezuela. Muchos vivían hace años en Estados Unidos, con trabajo, familia y documentos en regla.

La respuesta judicial fue inmediata. Varios jueces federales acusaron a la administración Trump de ignorar fallos que suspendían vuelos y de violar garantías mínimas del debido proceso, según señaló Fox News.

Acusan a Donald Trump de actuar fuera del marco constitucional

Uno de los fallos más resonantes de los últimos días fue el del juez James E. Boasberg, magistrado principal de la Corte de Distrito en Washington DC. El funcionario judicial explicó que debía emitir su orden de forma inmediata porque el gobierno ya había comenzado a trasladar migrantes hacia El Salvador y Honduras, de acuerdo a una reciente proclamación de Trump que los consideraba “deportables”.

“No creo poder esperar más y estoy obligado a actuar”, declaró Boasberg durante una audiencia extraordinaria, convocada el sábado por la noche a raíz de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward. “Un breve retraso en la expulsión de los migrantes no perjudica al gobierno”, agregó, y señaló que los extranjeros seguían bajo custodia federal.

La decisión llegó pocas horas después de que Trump afirmara públicamente que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba “invadiendo” Estados Unidos. En ese mismo discurso, el presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una herramienta legal de tiempos de guerra que le otorga amplias facultades ejecutivas para acelerar deportaciones masivas, sin necesidad de nuevas leyes del Congreso.

El uso de ese estatuto, sumado a las detenciones sin condena previa, encendió alarmas en el sistema judicial. Algunos jueces advirtieron que el gobierno actúa “por fuera del marco constitucional”.

Homan solicitó más fondos para las deportaciones masivas en EE.UU.

Pero las trabas legales no son el único obstáculo. El propio Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”, admitió ante el Senado que el gobierno se quedó sin fondos para sostener los operativos de ICE. Junto al director de presupuesto, Russ Vought, pidieron al Congreso un refuerzo de 175 mil millones de dólares. “Les estoy rogando por dinero”, dijo el asesor, frente a un grupo de legisladores republicanos que lo escuchaban en silencio.

Con el sistema judicial migratorio desbordado y sin margen para reasignar recursos, la estrategia de la Casa Blanca cambió de forma, pero no de objetivo: ahora apuesta por redadas espectaculares que ocupen las primeras planas, aunque eso implique más errores y daños colaterales.

“El apoyo a las deportaciones varía mucho según el perfil del inmigrante”, explicó a Politico el encuestador republicano Whit Ayres. Según una encuesta de The Washington Post-Ipsos, la mayoría de los estadounidenses se opone a expulsar a personas sin antecedentes penales que llevan años en EE.UU. y tienen raíces profundas en sus comunidades.

Mientras tanto, crece la ansiedad entre quienes hasta hace poco vivían sin miedo. Abogados de inmigración en ciudades como Miami, Nueva York o Los Ángeles recomiendan a sus clientes no viajar, ni siquiera dentro del país. “Esto es una bola de nieve”, advirtió Beatriz López, directora de Immigration Hub. “El impacto político no va a ser inmediato, pero va a llegar. Porque cada familia afectada tiene una voz, y en algún momento se va a escuchar”, añadió.

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