¿Empleos en Boston? La solución que beneficiaría a quienes no tengan residencia en la ciudad

Varios integrantes del Concejo Municipal de Boston manifestaron su apoyo a la idea de revisar -y posiblemente modificar- la norma de residencia que actualmente rige para los empleados municipales. La discusión fue propuesta por el concejal Ed Flynn, quien presentó una solicitud para realizar una audiencia. “Considerando que Boston sigue siendo una de las ciudades más costosas para vivir en Estados Unidos, es crucial evaluar si la exigencia de residencia ha impactado nuestra capacidad para contratar y retener personal, asegurando tanto la seguridad pública como el bienestar de nuestros residentes”, afirmó el funcionario en un comunicado de prensa.

“Aunque este requisito se implementó para fomentar que los trabajadores se involucren en las comunidades a las que sirven, la realidad es que muchos de nuestros empleados dedicados y sus familias trabajadoras no pueden costear una vivienda cercana al millón de dólares ni afrontar el alto costo de vida actual”. Manifiesta el concejal Flynn.

Desde 1976, los empleados de la ciudad están obligados a residir en Boston, pero las autoridades se muestran preocupadas de que el creciente costo de vida y los problemas relacionados con la contratación de personal estén vinculados a esta exigencia de residencia.

Cuál es el salario promedio de un trabajador municipal en Boston

Según la solicitud de audiencia, el salario promedio de un trabajador municipal en Boston es de 79.000 dólares. Flynn también mencionó un informe reciente de SmartAsset, el cual indica que un adulto soltero debe ganar al menos 124.966 dólares anuales para poder vivir de manera cómoda en Boston. A nivel nacional, solo Nueva York y tres ciudades de California (San José, Irvine y Santa Ana) tienen costos de vida tan elevados.

Los jóvenes, que generalmente tienen salarios más bajos, son los más afectados por esta situación. Una encuesta de la Cámara de Comercio de Boston reveló que el 25% de los adultos de entre 20 y 30 años tiene la intención de dejar la ciudad en los próximos cinco años. Los factores más determinantes en su decisión son la disponibilidad de empleo, el costo del alquiler y su capacidad para adquirir una vivienda.

En 2022, la ciudad implementó una moratoria temporal sobre el requisito de residencia para 357 puestos municipales. Esta moratoria sigue vigente para ciertas posiciones, como salvavidas y despachadores de policía, según lo señalado en la solicitud de audiencia. Sin embargo, Flynn desea investigar si “el requisito de residencia se ha convertido en un obstáculo para atraer y retener talento en otros sectores”.

El requisito de residencia, el obstáculo para acceder a un empleo en Boston

El concejal Brian Worrell enfatizó que los funcionarios no pueden ignorar las difíciles circunstancias que enfrentan muchos residentes de Boston. Apoyó la idea de realizar una audiencia para recopilar más información. Señaló que sería preferible introducir excepciones específicas al requisito de residencia en lugar de eliminarlo completamente.

“No estoy a favor de abolir por completo el requisito de residencia. Creo que los empleos en Boston deberían estar reservados para los residentes de la ciudad, pero debemos ser realistas y considerar dónde las excepciones estratégicas para puestos críticos pueden ayudar a cubrir vacantes y asegurar que nuestra ciudad funcione de manera eficiente”, afirmó Worrell al medio local Boston.com.

Flynn ya había expresado previamente su preocupación sobre la falta de personal en posiciones de seguridad pública. El mes pasado, declaró al Boston Herald su intención de revisar el requisito de residencia. No obstante, el comisionado de policía, Michael Cox, señaló que numerosos departamentos de policía en el país, sin requisitos de residencia, aún enfrentan dificultades para contratar y retener personal, por lo que no existiría una relación directa entre estas normativas y la capacidad de atraer candidatos.

Los concejales Liz Breadon, Tania Fernandes Anderson, John FitzGerald, Ruthzee Louijeune, Julia Mejia, Erin Murphy y Enrique Pepén respaldaron la propuesta. El asunto fue enviado al Comité de Trabajo, Fuerza Laboral y Desarrollo Económico para su análisis.

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