Los cambios más fuertes para los migrantes en Florida por las medidas de Ron DeSantis
Bajo la nueva norma, se castiga a aquellos que transporten a personas indocumentadas y se obliga a proveer información sobre la ciudadanía para ser atendido en un hospital
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Desde que Ron DeSantis asumió el cargo de gobernador de Florida, con su consiguiente reelección, los proyectos de ley que impulsó tuvieron el respaldo republicano, pero muchas críticas por parte de los demócratas. La batalla campal contra Disney, el libre porte de armas ocultas y las severas medidas contra la inmigración son parte del político, que todavía no termina de anunciar su candidatura a las elecciones primarias de su partido, con miras a ocupar la Casa Blanca en 2024.
El nuevo paquete anunciado por DeSantis le da un duro golpe a las personas que migran a Estados Unidos y no tienen un estatus legal que les permite establecerse de forma permanente en el país. Si bien el estado no limita en su frontera con otros países, como sí es el caso de Texas, Arizona, Nuevo México y California, en varias oportunidades, el gobernador criticó con dureza la política federal del presidente Joe Biden.
Tras el fin del Título 42, el pasado 11 de mayo, para el gobernador, el intento masivo de los migrantes de ingresar a Estados Unidos también representa una amenaza para su estado. De esa manera, la nueva ley, promulgada por él mismo, refuerza el programa de reubicación de inmigrantes y limita los servicios sociales para aquellos que no cuenten con un estatus legal permanente, según consignó El Nuevo Herald.
De acuerdo con un abogado de inmigración consultado por el medio estadounidense, hay tres aspectos que preocupan en la nueva normativa: el transporte de personas indocumentadas, el servicio federal de elegibilidad, E-Verify, y las preguntas que se hacen a los migrantes en los hospitales. En ese sentido, señaló cinco cambios importantes en la ley:
- Penas de prisión por transportar a inmigrantes ilegales:
La nueva normativa sanciona con una pena de 15 años a aquellos que trasladen a inmigrantes indocumentados a Florida. En palabras del asesor legal, se trata de un delito de tercer grado, pero en el caso de tratarse del transporte de cinco personas o más, asciende a un delito de tercer grado. Además, cualquier persona que infrinja la norma o viaje con personas que entraron de manera ilegal al país podrían fungir como testigos en caso de ser llamados a juicio.
- Verificación de los permisos de trabajo y la imposición de multas
Con el objetivo de frenar la mano de obra indocumentada, DeSantis tomó medidas estrictas para aquellos que contratan inmigrantes. A partir de 1 de julio, las empresas privadas con 25 o más empleados deben utilizar el programa E-Verify. Se trata de un sistema federal que determina si un empleado tiene permiso para trabajar legalmente en el país.
De esa manera, los negocios que contraten personas indocumentadas se arriesgarían a penas económicas e incluso a perder la licencia para operar.
- Preguntas sobre el estatus migratorio de un paciente en un hospital
De acuerdo con la nueva norma, ahora será obligatorio que en los hospitales de Florida donde se acepta Medicaid, se incluyan preguntas acerca de la situación migratoria de aquel que solicita asistencia médica. Para ser atendido, la persona tendrá que agregar en el formulario de admisión, la información referente a su ciudadanía.
- Programa de reubicación de migrantes
Es difícil olvidar el revuelo que causó el vuelo que el año pasado partió de Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts, repleto de migrantes latinoamericanos. La nueva ley de DeSantis le otorga un presupuesto de 12 millones de dólares para activar iniciativas de reubicación de personas indocumentadas.
- Invalidación de credenciales de identificación
La nueva ley elimina los programas financiados por la comunidad que otorgan tarjetas de identificación a inmigrantes ilegales y que se consideraban documentos oficiales. Asimismo, también se prohíbe a los gobiernos locales la entrega de fondos a organizaciones para que emitan credenciales que carecen de legalidad en Estados Unidos.
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